Es de público conocimiento el diferendo que se suscitó entre los gobiernos de la Argentina y Chile acerca del pedido de extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra.

¿Quién es Apablaza?

Apablaza, conocido como “Comandante Salvador” era uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) al que renunció públicamente en 2001, y está imputado por crímenes cometidos en Chile en el año 1991, bajo el gobierno democrático de Patricio Aylwin.

Las imputaciones que recaen sobre Apablaza consisten en la presunción de haber sido el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristian Edwards.

Apablaza recibió entrenamiento especial en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Cuba, donde alcanzó el más alto grado en el aparato militar del Partido Comunista: Comandante, en la especialidad de artillería. 

En un principio el FPMR fue el aparato militar oficial o brazo armado del Partido Comunista de Chile en la resistencia a la feroz dictadura de Augusto Pinochet, siguiendo la política de rebelión popular de masas liderada por el comunismo chileno.

En 1987 el FPMR se escindió del Partido Comunista y pasó a actuar de manera autónoma.

Con la llegada de la democracia en marzo de 1990, el FPMR redujo la intensidad de sus acciones. Luego del asesinato del senador Guzmán, acaecido el 1 de abril de 1991 y del secuestro de Cristian Edwards (hijo del empresario Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio) el 9 de septiembre de 1991, cesó sus operaciones paramilitares en 1996.

Sucesos argentinos

Apablaza, que ya tenía pedido de captura y extradición, fue localizado y arrestado en el año 2005, cuando utilizaba el nombre falso Héctor Daniel Mondaca, permaneciendo detenido durante 7 meses, al cabo de los cuales el juez Bonadío decidió no conceder la extradición bajo el argumento de que en su país, Chile, no estaban dadas las condiciones para que Apablaza recibiera un juicio justo. Apablaza fue dejado en libertad, y con el correr de los años, en 2009, su esposa, la periodista chilena Paula Chahín, pasó a trabajar en la oficina de prensa de la Casa Rosada.

En aquella oportunidad el procurador de la nación, Dr. Esteban Righi apeló ante la Corte Suprema de Justicia el dictamen de Bonadío desestimando sus argumentos y diciendo que ni el asesinato ni el secuestro podían considerarse delitos políticos porque habían sido cometidos en democracia, y que por consecuencia Apablaza no podía ser considerado un perseguido por razones políticas.

Tras cuatro años de dilaciones por parte del gobierno argentino, la Corte Suprema de Justicia ha dictaminado que la Argentina debe conceder la extradición solicitada por la República de Chile, a lo que el Gobierno de Cristina Fernández Wilhelm se muestra reticente. Se informó que la CONARE (Comisión nacional para Refugiados) se expedirá al respecto en la próxima semana.

Algunas organizaciones de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han pedido a la presidente que le conceda oficialmente asilo político y refugio a Apablaza. También el Premio Nobel Pérez Esquivel se pronunció en el mismo sentido.

Hebe de Bonafini ha declarado, "las Madres de Plaza de Mayo sabemos que vivimos en un país de plena libertad. Estamos convencidas de que hay que darle el refugio al compañero chileno Galvarino Sergio Apablaza. Un país que está condenando a los asesinos no puede negarle la libertad a quien luchó por su país. Galvarino estuvo detenido desde el 2004, y tras un juicio oral y público quedó en libertad". No se ha podido encontrar ninguna información indicando que alguna vez se haya sometido a juicio oral y público al chileno Apablaza.

Bonafini, en resúmen, pide que un país que está condenando a los asesinos le conceda refugio político a quien está imputado por asesinar a un senador en democracia. Está muy claro que Hebe de Bonafini está completamente fuera de cualquier convivencia democrática. Los asesinos que no le gustan deben ser juzgados, pero los presuntos asesinos amigos de ella deben ser refugiados.

El riesgo de extraditar

El ex fiscal del juicio a las juntas militares y actual fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo sostiene una teoría que surge de la simple lectura de los Tratados de Roma, y que indica que los crímenes de la guerrilla también son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Si la Argentina concediera la extradición de Apablaza, se abriría una instancia de reclamo absolutamente válida para familiares de muchas víctimas de la guerrilla argentina en crímenes y secuestros extorsivos cometidos durante el período democrático 1973-1976.

El asesinato de José Rucci por parte de Montoneros constituye uno de los casos emblemáticos en este apartado.

La Argentina ha realizado una cuidadosa omisión de este período clave de la historia, y es de público conocimiento que muchos de los militantes de aquellas organizaciones terroristas son incluso funcionarios de distinta jerarquía en el actual gobierno.

Está claro que para la presidente Fernández Wilhelm resultará mucho menos costoso un resquebrajamiento en las relaciones con Chile que poner en riesgo de investigación judicial a sus propios “compañeros”, por utilizar el término que tan simpáticamente enarbola la Sra. de Bonafini para referirse a todo aquél que haya recurrido a la violencia para tratar de instalar dictaduras marxistas en alguna parte del mundo.

Fabián Ferrante