Luego del exhorto suizo que provocó una inesperada explosión en las huestes oficiales y consecuente enojo en la figura del camionero Hugo Moyano, ahora es la justicia argentina la que abrió su propia investigación para determinar si el líder de la CGT, o personas vinculadas a él cometieron el delito de lavado de dinero a través de la empresa de recolección de residuos Covelia.

Según cuenta diario La Nación en su edición de este viernes, el expediente está radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo, que ya ordenó las primeras medidas de prueba. Fuentes judiciales dijeron a ese diario que el magistrado pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris. La UIF, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, recibe informes de bancos y otras entidades sobre movimientos que podrían esconder maniobras de lavado de dinero.

“Lijo pidió también los datos en poder de la Dirección de Personas Jurídicas sobre la constitución de Covelia y solicitó que se revisara el resto de las causas del fuero federal para averiguar si hay alguna vinculada a esta nueva investigación. Lo dispuso ayer sobre la base de una presentación del martes pasado del fiscal federal Gerardo Pollicita, que solicitó esas diligencias como medidas previas a un posible requerimiento de instrucción. El fiscal definitivo de la causa será Carlos Rívolo, que está de licencia hasta el lunes que viene. Pollicita pidió también una copia del expediente que abrió el juez Norberto Oyarbide para responder la solicitud de colaboración de Suiza. Allí está agregado el exhorto que enfureció a Moyano y lo llevó a amenazar con un paro nacional”, reza el matutino.

Hay que recordar que el inicio del escándalo se dio cuando ese documento llegó de Ginebra informando que había bloqueado una cuenta de US$ 1.874.806,30 a nombre de Covelia porque se sospechaba que había recibido fondos de origen ilícito, provenientes de supuestos negocios espurios en los que podrían estar implicados Hugo Moyano y su familia. Para determinar si eso es cierto, los suizos pidieron ayuda a la Argentina.

“El expediente en poder de Lijo se inició por una denuncia del 22 de marzo pasado del abogado Ricardo Monner Sans, que fue citado por el juez, ese mismo día, a ratificarla. El abogado afirmó que Suiza investiga los delitos de blanqueo de dinero, actos de corrupción de funcionario público y participación o apoyo a una organización criminal, y entendió que la justicia argentina, sabiendo esto, debía abrir su propia causa”, insiste La Nación.

Esta nueva acción judicial se da luego de que los supuestos titulares de Covelia emitieran un comunicado asegurando no tener vínculo alguno con el poderoso Moyano.

Equipo de Política de Tribuna de Periodistas