Cuando en una sociedad civilizada desaparece la garantía de la Justicia, esa sociedad se convierte en caótica. Si un ciudadano no encuentra respaldo en el fundamental Poder Judicial, integrado por jueces probos, honestos e independientes, verá desaparecer todos sus derechos.

La degradación de todos los órganos de la República que viene aconteciendo desde el 25 de mayo de 2003 sigue acrecentándose.

Prueba de ello es el grado de corrupción que nos aqueja a los argentinos, al amparo de algunos jueces cómplices.

Me entusiasmé cuando el juez federal Claudio Bonadío sugirió investigar a montoneros que traicionaron a sus compañeros y también cuando avanzó en una de mis denuncias tendientes a demostrar la vergonzante situación carcelaria, llamando a indagatoria al ministro de Justicia Horacio Rosatti (quien renunciara a su cargo por no querer firmar autorizando la construcción de cárceles con groseros sobreprecios) y al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, “El Pato” Soria, a quien se lo invitó a presentar su renuncia y cuando investigó el enriquecimiento patrimonial de los cuatro secretarios presidenciales en otras de mis denuncias.

Pero luego Bonadío mostró su cara oculta: se puso a disposición de la administración K. Fue así como desactivó las causas aludidas, llegando al extremo de sostener que no es delito considerarse “stalinista” como lo hiciera públicamente la diputada hiperkirchnerista Diana Conti, esposa de Enrique Dratman involucrado en la causa judicial conocida como mafia de los medicamentos a quien aún Oyarbide no citó a indagatoria, no obstante los reclamos de la Cámara del Fuero. Y en la denuncia que le dirigiera a Diana Conti, no sólo desestimó mi reclamo de justicia sino que me acusó de “copy paste” y pidió al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que se me castigara por faltar a la ética, invocando la “liviandad” de mis denuncias.

Hete aquí que el mismo Bonadío fue quien recibió mi denuncia por la profusa emisión de cheques sin fondos por parte de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender, formalizada 15 meses atrás, y no obstante existir un requerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Di Masi, procedió a cajonear el expediente y después de un año cerró la investigación y la archivó. Acompañando dicha postura el Fiscal tampoco recurrió la decisión del juez, conducta semejante al fiscal Eduardo Taiano que no recurrió el escandaloso sobreseimiento dictado por Oyarbide respecto del matrimonio Kirchner en mi denuncia por enriquecimiento ilícito.

Habiendo tomado estado público el escándalo del turbio manejo de fondos del estado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo, viene al caso evocar mi denuncia desestimada por Bonadío, por cuanto de haber investigado mínimamente la cuestión planteada, se hubiesen ahorrado cientos de millones de dólares distraídos por la asociación aludida.

Considero que el Consejo de la Magistratura debería investigar la conducta de Bonadío, por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento, causales suficientes como para un jury por mal desempeño.

Si estuviésemos en un país serio, es lo menos que podría esperar la ciudadanía.

Enrique Piragini