Hace tiempo que el gobierno nacional a través de la Anses viene arremetiendo judicialmente contra los jubilados para evitar el pago legítimo del 82% móvil y demás derechos constitucionales que les corresponden.

Pese a que la Constitución Nacional garantiza gozar de un derecho garantizado reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos Sánchez, Badaro, y Otros c/Anses, el Gobierno obliga a los jubilados a litigar en costosos y largos juicios contra la Anses, que ésta, insólitamente luego apela en la Corte Suprema.

El mes pasado, el gobierno se sintió ofendido porque el juez previsional Luis René Herrero —quien lleva adelante miles de demandas de jubilados contra el Estado Nacional solicitando reajuste de haberes— en algunos reportajes periodísticos advirtió a la población sobre el bastardeo que se hace desde ese organismo a los derechos constitucionales de los jubilados. A partir de allí la Anses tuvo a uno de los jueces más respetados por los jubilados, en el entrecejo.

Rubén Gioannini, reconocido defensor de los derechos de los jubilados, había expresado a este medio: “Pretenden que se separe del cargo a quien siempre fue un ejemplo de juez independiente y defensor a ultranza del derecho de la Seguridad Social. Esta denuncia por una pretendida animadversión y parcialidad tiene como objetivo recusarlo para separarlo de esta manera de las causas que él tiene en sus manos.”

Efectivamente, la semana pasada se confirmó el pedido por parte de la Anses de apartar al juez Herrero de las causas en las cuales los jubilados reclamaban por el reajuste de sus haberes mensuales.

Ante el fracasado intento de neutralizar al camarista a través del Consejo de la Magistratura por medio de un pedido de juicio político, Diego Bossio buscó recusar sin motivo claro a dicho juez intentando así separar al magistrado de todas las causas contra ANSeS por los reclamos de jubilados recaídas en su sala.

Ayer jueves, el Centro de Información Judicial informó que la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social rechazó la “recusación sin causa” presentada por la ANSES contra el juez Luis Herrero.

Para los jueces del tribunal, el pedido de recusación sin causa contra Herrero “se trata de una deliberada política institucional adoptada por el organismo para apartar a uno de sus jueces del conocimiento de los expedientes sometidos a su decisión, en lo que puede calificarse como abuso del derecho (art. 1071C.C.) configurado por el ensanchamiento de las formas mediante el empleo inusitado y generalizado de la figura procesal alegada por la demandada”.

“En efecto, enmascarada en la invocada ‘recusación sin causa’, lo cierto es que se trata de una ‘recusación con causa’, previamente anunciada por el organismo y articulada con posterioridad a la radicación de una denuncia contra el Dr. Luis René Herrero en el Consejo de la Magistratura, que la propia Administración hizo conocer a través de un comunicado y que tuvo amplia difusión mediática”, agregaron los magistrados.

Según informó NA, esa misma noche la ANSeS anunció que llevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la recusación "sin causa" contra el juez de la Cámara de Seguridad Social Luis Herrero.

 El organismo que dirige Diego Bossio tomó la decisión luego de que los jueces Emilio Fernández, Néstor Fasciolo y Juan Poclava Lafuente resolvieron rechazar la recusación, planteada por el organismo en diversas causas del fuero de la Seguridad Social.

 Ante, esto la Anses respondió que “El instituto procesal de la recusación (sea con o sin causa), es un instrumento que hace a la protección del derecho constitucional del debido proceso legal y de defensa en juicio” recordó.

 En la actualidad, la Cámara de la Seguridad Social quedó a un paso de la paralización, a raíz de la decisión de la ANSeS de apuntar contra uno de sus jueces y pedir su apartamiento de todas las causas de jubilados en las que interviene.

 Se estima que ingresan unas 1.500 apelaciones por mes en juicios iniciados por jubilados contra el organismo, a cada una de las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social, y en su mayoría por reajustes por movilidad previsional.

 La ANSeS dijo que es "un derecho al que las partes en un juicio pueden recurrir, precisamente, para preservar tanto el debido proceso legal como el derecho a un juez imparcial".

 Consideró que la resolución de la Cámara de la Seguridad Social, al rechazar la recusación sin causa de ANSeS, "se aparta de lo establecido en la ley, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto expresamente éste dispone que cuando se recusa a un magistrado ´sin causa´, no es ni procedente ni necesario `resolver´ dicha recusación aceptándola o denegándola, y sólo corresponde que el juez recusado se inhiba de seguir actuando en la causa".

 Por lo tanto, según la ANSeS, los jueces intervinientes resolvieron algo que nunca debió haber sido resuelto, dado que no le fue concedido por la ley el ejercicio de transformar una recusación sin causa en una recusación con causa, ni aplicaron el procedimiento previsto en el mismo código para las recusaciones "con causa".

 El organismo que administra los fondos de los jubilados advirtió que esa situación "constituye una cuestión de gravedad institucional de suma relevancia y, aún tratándose de una cuestión aparentemente procesal, pone en riesgo todo el andamiaje constitucional del debido proceso legal, por lo que el tema será llevado a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de los demás instrumentos institucionales disponibles frente a una flagrante violación a la ley y al derecho de defensa".

“La inquina de Diego Bossio y del Gobierno hacia el Dr. Herrero es por no poder corromper y manejar al magistrado como lo hacen con otros jueces de diferentes fueros. El hecho de que el camarista haya sido siempre un juez independiente, molesta en demasía”, expresó indignado Gioannini.

Carlos Forte
Twitter: @fortecarlos