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El pasado 24 de mayo del año en curso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno, había intimado a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), para que le entregue, en un plazo no mayor a 30 días, un informe detallado acerca de la cantidad de reclamos administrativos sobre cálculo de haberes y movilidad de beneficiarios que tiene pendientes de resolución.
Asimismo, le había solicitado datos acerca de las causas judiciales por reajuste, actualmente en trámite y con sentencia firme a las que ese organismo aún no dio curso, causas en las que se ha verificado si corresponde o no movilidad, cantidad de beneficiarios del sistema especificando montos y conceptos, etc.
Por último, la CSJN había pedido información acerca de qué porción del presupuesto se destina al pago de sentencias en el presente ejercicio, entre otros tantos conceptos que integran la lista
Ya han pasado varios días en que se conocieron las declaraciones del titular de Anses mediante las cuales confirmaba que el sistema previsional se encuentra imposibilitado de enfrentar las demandas judiciales en concepto de actualización de haberes presentadas por casi medio millón de jubilados. La razón es más que sabida, ya que el partido gobernante entiende que el festival de despilfarro se debe sostener con el dinero de la obra social de los jubilados.
En esta “des-inteligencia”, siempre ha utilizado esos fondos de manera absolutamente discrecional para financiar todo tipo de programas populistas y la mayoría de las veces, hasta escandalosamente ridículos, innecesarios y por completo alejados de la “equidad social” que tanto pregona.
Paralelamente a lo descripto, cabe recordar que la recaudación fiscal, capta su mayor volumen de fondos, básicamente de los impuestos al consumo, como el IVA y los recursos inherentes a la seguridad social.
Como las deudas con esta porción de la clase pasiva que ha presentado y sigue presentando demandas judiciales por actualización de haberes se van haciendo cada vez más grande, en algún momento el Estado deberá hacer frente a esas obligaciones.
Esta cancelación ineludible con los jubilados que deberá cumplir el Estado en virtud de los fallos judiciales favorables obtenidos, reducirá sensiblemente los recursos de la seguridad social, y como el sistema fiscal se sostiene mayoritariamente por este tipo de ingresos, necesariamente colapsará.
Esto significa, ni más ni menos que estamos a las puertas de una importante “crisis fiscal”
¿Estarán preparados los brillantes economistas del modelo K, altamente especializados en emparchar a la bartola, para impedirla? ¿Cuál será la in-estrategia esta vez?
Nidia G. Osimani
