La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) le informó a la Corte Suprema de Justicia que no está en condiciones de afrontar el pago de actualizaciones de haberes a los jubilados por el cual hay 300.000 reclamos en la Justicia, según informó NA.
El titular del organismo, Diego Bossio, explicó que no se podrá hacer frente a los 300.000 juicios de jubilados que pretenden que se aplique el cálculo de actualización que fijó el Tribunal en fallos como el caso Badaro, firmado en 2006.
Las explicaciones del funcionario apuntaron a que si bien el organismo cuenta con fondos para abonar el 82 por ciento móvil por un tiempo, esto pondría en jaque a todo el sistema de la seguridad social.
"No puede aplicar este fallo en todos los reclamos por falta de fondos", dijo el funcionario ante el máximo tribunal, aunque se comprometió a incrementar el pago de sentencias ya dictadas por la Corte.
Los 300.000 reclamos de actualización le implicarían a la ANSeS un gasto de 14.000 millones de pesos extra, lo que supondría un "riesgo institucional" porque pondría en peligro a todo el sistema previsional.
Según el funcionario, que detalló un informe de 300 páginas presentado al Tribunal, el costo de pagar los juicios al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones de pesos anuales, más 28.000 millones de retroactivos que se pagarían por única vez.
De todas formas, se acordó crear una comisión de trabajo para estudiar cómo disminuir la litigiosidad.
"En una audiencia de carácter privado, en la que participaron todos los miembros de la Corte Suprema, el titular del organismo previsional pudo explayarse en un clima de suma cordialidad y de mejor receptividad sobre la situación previsional en general", informó la ANSeS a través de un comunicado.
Hay que recordar que ya hace tiempo el gobierno nacional a través de la Anses, viene arremetiendo judicialmente contra los jubilados para evitar el pago legítimo del 82% móvil y demás derechos constitucionales que les corresponden.
Así lo demuestra la insólita embestida contra el juez previsional Luis Herrero, quien lleva adelante miles de demandas de jubilados contra el Estado Nacional solicitando reajuste de haberes, y desde la Anses se intentó apartar a Herrero de las causas en las cuales los jubilados reclamaban por el reajuste de sus haberes mensuales.
Ante el fracasado intento de neutralizar al camarista a través del Consejo de la Magistratura por medio de un pedido de juicio político, Diego Bossio buscó recusar sin motivo claro a dicho juez intentando así separar al magistrado de todas las causas contra ANSeS por los reclamos de jubilados recaídas en su sala.
Si bien la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social rechazó la “recusación sin causa” presentada por la ANSES contra el juez Luis Herrero porque para los jueces del tribunal, el pedido de recusación sin causa contra Herrero “se trata de una deliberada política institucional adoptada por el organismo para apartar a uno de sus jueces del conocimiento de los expedientes sometidos a su decisión, en lo que puede calificarse como abuso del derecho (art. 1071C.C.) configurado por el ensanchamiento de las formas mediante el empleo inusitado y generalizado de la figura procesal alegada por la demandada”, Bossio apeló el fallo en la Corte Suprema.
Hasta ahora, el gobierno ha financiado con fondos de la ANSES la Asignación Universal por Hijo, el programa Conectar Igualdad, el Futbol paraTtodos, grandes empresas y hasta el pago de deuda pública.
Equipo de Actualidad de Tribuna de Periodistas