La política pesquera nacional depredadora se inauguró con los gobiernos militares que permitieron el ingreso sin control de flotas extranjeras al caladero nacional. En paralelo se impulsó la formación de empresas pesqueras con empresarios locales asociados a los militares. No se exigió tripulación nacional en los buques pesqueros, como tampoco mano de obra en tierra en la generación de valor agregado ni ningún tipo de gravamen coherente a los millones de pescado que estos grupos militares-empresariales exportaban. Los organismos estatales de control del sector y portuario cumplían un rol vertical y de recaudación ilegal. Esta matriz fue luego repetida y mejorada por los gobiernos democráticos hasta la actualidad.  

Durante el gobierno de facto de Videla de la mano de Martínez de Hoz, se materializó el plan de la entrega del Mar Argentino a través de la aprobación del proyecto Harengus-SCOMBRUS. Al poco tiempo se aprobó el proyecto Pespasa. Estas empresas trabajaron por años con el 100% de la tripulación extranjera. Pespasa es la empresa cazadora de ballenas repudiada mundialmente.

Se trajeron buques extranjeros. Durante el período militar estos buques hicieron exploración de la plataforma pesquera a bodega llena sin pagar un centavo al estado nacional. Una bodega llena de estos buques es más de 1000 toneladas de filet, millones de dólares al año donde el país no vio un centavo, si los empresarios, sindicalistas y asociados militares.

El primer buque congelador que llego al país y puso su pabellón fue el Narwall que fue hundido en la gesta de Malvinas. Murieron heroicamente marinos mercantes que no tienen calle alguna en Puerto Madero que los recuerde.

Martínez de Hoz, impulsó a la empresa Mayorazgo de Luis Whailer a ingresar una numerosa flota de buques españoles factorías y congeladores. También de la mano de Martínez de Hoz, Pérez Companc con un grupo de empresas españolas, forman Frumar. Con la viveza de Masera y la Armada, se creó dentro del grupo Sasetru la creación de Huemul Pesquera. Masera también formó parte de la empresa API Atlántica Pesquera Industrial con radicación en Usuhaia.

Antes del ingreso de esta flota, la Argentina poseía unos 200 buques pesqueros y un caladero desbordante de pescado. La primer alerta del estado del caladero fue dada por el teniente coronel Fillepeaux al frente de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca. No permitió el ingreso de ningún buque extranjero más al caladero nacional, impulsó el cobro de gravámenes y el inicio de controles. Fue muy presionado por distintos grupos pesqueros extranjeros con anuencia de la Junta Militar.

El presidente Raúl Alfonsín, en democracia, con el asesoramiento del Canciller Dante Caputo y su staff de lobistas pesqueros, permitió el ingreso de buques búlgaros y rusos al mar argentino. Para fundamentar este negociado, se hizo un acuerdo marco pesquero. A diferencia de los gobiernos de facto, el gobierno de Alfonsín pretendió brindar legalidad a la entrega de recursos ictícolas sin controles con acuerdos bilaterales. Se impulsó así la pesca de buques altamente depredadores y con artes de prohibidas en otros caladeros, en la ZEE y su recalada en puertos argentinos para reabastecerse. Gracias a esta gestión de Alfonsín, Gran Bretaña declaró 200 millas de Zona Pesquera Exclusiva alrededor de Malvinas bajo el pretexto de alta depredación de esta flota. Como Director de Pesca de ese momento, Oscar Fortunato viabilizó la depredación a través de fiscalizaciones inoperantes. Luego fue Subsecretario de Pesca del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá. Además, presidente del grupo Cepa, nucleamiento ilegal pesquero marplatense. Fue Integrante del Consejo Federal de Pesca.

Los buques de esta flota, finalizado el acuerdo marco, no regresaron a sus países de origen, porque no tenían posibilidades de pesca en otros caladeros. Se radicaron en la Argentina a través de empresas argentinas. El ex presidente del quebrado Banco Rural, Guillermo Jacob “radical” lobysta fue hombre clave en su traspaso y radicación, como así también la radicación de la flota de pesca selectiva de calamar de procedencia asiática. Cabe señalar que el señor Guillermo Jacob es la persona que más sabe de pesca en la Argentina pues fue en sus orígenes “colega” Jefe de Maquinas y esto hizo que adquiriera el conocimiento fehaciente del sector de ambos lados de la mesa.

Durante la presidencia de Carlos Menem se sanciona la Ley 24.315/94 pesca marítima con la comunidad económica europea, que daba legalidad al acuerdo pesquero argentino-comunitario. Por este acuerdo ingresan al caladero argentino buques con prohibición de pesca en otros caladeros que venían de depredar aguas marítimas de África del Norte y Canadá (guerra del fletan negro). Esta fue una solución para España que pudo poner en marcha su flota depredadora, ocupar tripulación española y operar factorías españolas que carecían de materia prima. Se permite exportar pescado como materia prima sin valor agregado a Europa para que las empresas mixtas radicadas en la Argentina enviaran nuestro pescado a sus filiales en Europa. Con esta operatoria se viola la Ley 24.315 y se da lugar a la triangulación de permisos de pesca, a la creación de buques en expedientes que jamás existieron para ser transferidos sus proyectos pesqueros a buques ingresantes de la Comunidad Europea. El Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación era Felipe Solá. A partir de la gestión de Memen-Sola ya no solo se negocia con las capturas para exportar como se hiciera durante los gobiernos militares, sino que se inaugura la negociación de los permisos de pesca y las distintas maniobras ilegales encubiertas por la SAGPyA para permitir la depredación. Diego Guelar era el enlace de Cancillería en la UE para la gestión del acuerdo.

La Ley 24.922/98 Régimen Federal de Pesca pretendió ordenar el sector. Creó el Consejo Federal Pesquero formado por un representante de cada provincia con litoral marítimo. El CFP en vez de cumplir su cometido legal, resultó una instancia más de negociación ilegal.

La Ley 25.109/99 Emergencia Pesquera se dictó por la depredación a la que fue expuesto el recurso pesquero por la enorme cantidad de buques ingresados ilegalmente al caladero hasta la fecha operante.

Fernando De la Rúa como presidente de la nación intentó ingresar una flota japonesa para la pesca selectiva del calamar, operatoria que lideraban sus hijos, el lobista pesquero Roberto Foco y el armador pesquero Guillermo Jacob. Antonio Berongaray fue secretario de la SAGPyA que ordenó se efectuase la Auditoria de la UBA a los permisos de pesca emitidos por la administración anterior.

A partir del año 2000, el informe de la UBA (robado el día de la entrega en la SAGPyA), las auditorias de la AGN, los dictámenes SIGEN y PTN, los informes científicos del INIDEP y otros organismos reconocidos, muestran la ilegalidad y corrupción del sector. Desde la SAGPyA a partir de distintas resoluciones ilegales se oculta y complejiza la operatoria ilegal de los permisos y cuotas de pesca.

La realidad pesquera argentina se replica año tras año. Los buques ilegales siguen operando, armadores hoy llenos de millones de euros, canjeaban permisos de una lancha de madera amarilla por enormes buques factorías congeladores. Los fileteros y trabajadores de tierra del pescado, antes bajo relación de dependencia, fueron cooperativizados y luego pauperizados, por estos mismos armadores que contaron con la ayuda sindical, que entregó de pies y manos a sus trabajadores. Muchos popes sindicales siguen en sus sillones continuando esta gestión bajo la camiseta kirchnerista olvidando su pasado menemista y la traición a sus afiliados de ayer que la reiteran hoy con su silencio. Lejos quedó el pleno empleo y la mano de obra genuinamente ocupada como reza el Art 1 de la Ley Federal de Pesca.

La política pesquera argentina fue utilizada como moneda de cambio internacional y enriquecimiento de funcionarios y políticos. La familia Kirchner está muy vinculada a la corrupción del sector por su origen patagónico. Néstor recibía armadores en su oficina de Puerto Madero, seguía los negocios pesqueros, Vito Panatti supo pasar por allí...

Hay que primero alimentar para incluir

Jamás se escuchó a un Kirchner hablar de depredación de la merluza en el caladero y del impacto de las flotas extranjeras a recursos que no alcanza la naturaleza a renovar ya que son capturados como especies juveniles y arrojadas al mar. Hoy en el país se siguen arrojando al mar más de 100 toneladas de pescado diariamente negando estas proteínas, insistiré, a miles de hambreados por esta política de entrega de recursos naturales. Nuestros políticos se llenan la boca ante el mundo en planes “hambre cero” bolsas de alimentos, tarjetas de ayudas cuando la solución es simple dejar de robar argentina.

La corrupción estructural del sector esta armada para hacer millones. El Consejo Federal Pesquero, también responsable de la situación actual del caladero, no debe estar formado por un representante de cada provincia con litoral marítimo, sino con uno de cada provincia de la Patria pues el pescado es de todos los argentinos así viva en la Quiaca. Las resoluciones que emana este Consejo son aunque parezca risible, contrarias a las leyes que sanciona el Congreso y así dan pie a las empresas a esgrimir que “estas se contraponen y no son claras”. Por ello las empresas que pescan en Malvinas también pescan en el continente y ni el honesto Moreno ni la agrupación La Cámpora dicen nada de la entrega de recursos y corrupción estructural del sector. En realidad Malvinas no interesa, nuestros héroes muertos, esgrimidos en los discursos de Cristina no importan, el hambre y los más pobres de Cristina tampoco. Solo importan los más ricos. Moreno no va detrás de los dólares que dejan las empresas en otros países escondidos en triangulaciones empresariales gracias a la pesca. No se coteja que la variedad que se exporta coincida con lo declarado en el manifiesto. Cada empresa pone un código y declara la variedad de cada caja sin que nadie controle el contenido. Se evade en la nariz de la AFIP.

Los gremialistas marítimos millonarios socios de los empresarios apoyan en silencio que año tras año el vaciamiento del mar por verdaderas fábricas con hélices. A ellos la UIF-GAFISUD tampoco llega. A los armadores nacionales que pagan y pagan corrupción a expensas de los millones que deja esta industria pesquera tampoco llega el control. Cada día hay más barcos en el caladero y que ningún gobierno haga nada devela la trama millonaria detrás de la pesca. Las ONGS ambientales adviertan la sobrepesca de recursos y no tienen espacios en los medios tal como prescribe la Ley General de Medio Ambiente 25.675.

El actual secretario de agricultura Norberto Yahuar cajero de Néstor colocó a su recaudador (vox populi del sector y cafés de marpla) en su lugar de subsecretario de pesca. Miguel Bustamante no habla de la flota ilegal, no explica cómo se puede pescar con el 20% de un permiso de pesca a bodega llena, cómo hay tantos barcos nuevos mucho más grandes que los teóricamente reemplazados, con más capacidad de bodega y cómo es que buques reemplazados siguen pescado a la fecha. No explica por qué luego de más de tres años no funcionan las cámaras de video filmación para el control de capturas que el Gobierno y el propio Yahuar dicen tener en servicio. Tampoco expresa que este sistema debe ser on line para el control de todos los Argentinos y no solo para ser utilizado para agrandar la caja pesquera de gobierno y funcionarios. Miguel Bustamante como abogado sabe mucho del sector y por ende lo que hace falta hacer para transparentarlo. El Dr. Bustamante no solo conoce la diferencia de una merluza y un lenguado, sino que también es un magnifico letrado en cuestiones administrativas. Mi conocimiento ocasional, personal, del actual funcionario me deja serias dudas a que aplique la ley sin mirar a quien. Los armadores, sus administrados, muchos ex clientes de su estudio, están felices con este nombramiento.

 La pesca en la Argentina traza una paralela con la minería. Los extranjeros se llevan recursos descontroladamente, pues el pescado no es vaca, no muge, no sangra, no se ve. Los trabajadores de la pesca ya están silenciados. Los armadores se millonarizan a la par de funcionarios y gobierno. Lo hacen desde una caja que no perjudica pues no es percibida, por lo tanto no hay daño. Los medios saben perfectamente que de esto no se habla. El tema es la doble matriculación en Malvinas. ¿Por qué o por cuánto si se conocen las empresas y los buques que operan en Malvinas y no se hace nada más que discursear ante la entrega teniendo herramientas legales?

Explicación: la flota de Malvinas con doble matriculación

Los buques de capital gallego que operan con licencia de las islas son 18, con una producción anual de 100 mil toneladas y una facturación estimada en 100 millones de euros. En cuanto a la tripulación, más de 500 son españoles.

La nomina de buques gallegos que se encuentran operando en las islas son: New Polar; Robin M. Lee; Sil; Argos Vigo; Capricorn; Golden Chicha; Argos Galicia; Igueldo; Argos Marine; Argos Pereira; John Cheek; Beagle Fi; Castelo; Kalatxori; Paradanta; Petrel; Golden Touza y Venturer.

La operatoria es la siguiente: los buques son de empresas mixtas constituidas por capital gallego con socios de las islas que explotan los derechos pesqueros que el gobierno ilegal del archipiélago adjudica. Tras realizar sus capturas en el caladero argentino bajo dominación inglesa, los buques se dirigen a Montevideo, Uruguay, donde descargan. Desde allí, las capturas parten hacia el puerto de Vigo en contenedores, para ser procesadas por la socia española y luego exportarse hacia el mercado comunitario. Parte de esas capturas se exportan, directamente, desde Uruguay.

Scioli, el ambientalista

Para asegurar la depredación, nada mejor que un riñón de Felipe Sola para manejar la Dirección de pesca provincial. El flamante director, que según sus palabras está al frente de la Dirección, “estoy pero sin firma”, quiere que se renueven los permisos de pesca de lanchas amarillas para transformarlas en embarcaciones de hierro de mayor tamaño para aumentar el esfuerzo pesquero. Este ex diputado provincial olvidó que durante su gestión no presentó un solo papel que hablara de la depredación o la precarización laboral del nucleamiento pesquero marplatense CEPA ni de sus permisos ilegales firmados por su patrón Felipe Solá.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador