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"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada." (Ayn Rand, La Rebelión de Atlas, 1957)
Es muy llamativo que nadie haga nada cuando la AGN trata de asegurar la sustentabilidad de recursos para generaciones futuras.
El 12 de marzo de 2008, la Auditoría General de la Nación (AGN) dio a conocer el informe de control de gestión ambiental realizado en la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA) referido al seguimiento de las recomendaciones y observaciones que en su momento le formulara a la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, “a fin de evitar los excesos en la explotación del recurso pesquero para asegurar su explotación sustentable para las generaciones futuras”.
La AGN advierte que, a pesar de las medidas que implementó la Subsecretaría de Pesca con relación a la situación crítica denunciada en el anterior informe publicado en el 2002, aprobado por Resolución 69/02, “aún no se ha alcanzado o logrado el control necesario a los fines de evitar los excesos en la explotación de los recursos pesqueros para asegurar su sustentabilidad”.
Más de dos años del último informe de la AGN, ¿no hay interés legislativo en garantizar el recurso alimentario de la Argentina?
El título de la nota es demostrativo de que las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado de la Nación, formada por 15 senadores, conjuntamente la de Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, formada por 34 diputados, están cautivadas por la “anomia shoppinera”. Años de ignorar auditorías que ratifican corrupción, recreando la pesca con buques de permisos de pesca ilegales que aceleran la depredación de la merluza común, recurso alimentario patrimonio de todos los argentinos.
En la Resolución 17/08 de la AGN se aclara que el 11 de septiembre de 2007 el Informe fue puesto en conocimiento del auditado, la SAGPYA. Su copia llega de forma directa a las respectivas comisiones dado que la misma es una resolución pública. Este es el informe: AGN 2008-017 Análisis de la gestión llevada a cabo por la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, a fin de evitar los excesos en la explotación del recurso pesquero para asegurar su explotación sustentable para las generaciones futuras. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
La AGN dio un inapelable informe sobre la responsabilidad del Consejo Federal Pesquero y autoridades del sector en referencia a la falta de transparencia y corrupción.
A la fecha, todo está peor. La política pesquera argentina es la muestra de un estado que hace caja de un sector que exporta por más de mil millones de dólares y evade otro tanto, triangulando exportaciones y dejando en bancos extranjeros el monto real del valor, ya que muchas empresas se exportan a sí mismas en Europa cobrando reintegros por materia prima que se “transforma” cuando llega al primer mundo.
¿Por qué no existe registro de reincidentes? ¿A quién le conviene?
No existe un Registro de Reincidentes que permita administrar sanciones graduales, según lo establece el artículo 58 de la Ley N° 24.922. En su artículo7, inciso h), de la Ley establece que la autoridad de aplicación debe llevar un registro de infractores e informar al CFP, quien debe poseer los registros de reincidencia y antecedentes a fin de efectuar la cuotificación estipulada por el Régimen Federal de Pesca. El artículo 55 del decreto 748/99 establece que el registro de infractores se anotará en el Registro de la Pesca.
Hubo 4 deficiencias detectadas informe de la AGN 69/02, de las que surgieron igual número de recomendaciones, que al volver a ser auditadas no se hallaron modificaciones. Las mismas ratifican la falta de un Registro de Reincidentes, la falta de capacitación de los inspectores embarcados, la insuficiente cantidad de ellos a bordo de la importante flota que opera sobre los recursos del mar, y una final, la casi general falta de cumplimiento de las responsabilidades que surgen de la aplicación de la Ley Federal de Pesca Nº 24.922.
La Auditoría recomienda protección de juveniles
¿Por qué se desafectó el uso de dispositivos que evitan la captura de juveniles por más de 500 días facilitando la depredación?
Con relación al estado actual de la especie merluza común, se advierte que “continua siendo preocupante” y que entre las principales causas que contribuyen a esta situación se encuentra la alta tasa de mortalidad de los juveniles producida por el sobredimensionamiento del esfuerzo pesquero y la falta de uso de dispositivos de selectividad de las flotas que operan sobre el recurso.
Aquí es menester un párrafo aparte. Cuando la AGN habla del sobredimensionamiento de esfuerzo pesquero, habla de sacar del mar la flota ilegal de buques congeladores y factorías y los correspondientes buques fresqueros ilegales que operan en el caladero. Cosa que el CFP no hace, sino que en contra sus deberes emite resoluciones que avalan la violación a leyes que están obligados a cumplir como funcionarios públicos. Incluso permitieron el cambio de nombre del buque Estreito de Rande y que el Sr. Solimeno no pague al estado Nacional los millones de euros que exporto viaje a viaje, durante estos 15 años, cosa que es perfectamente justipreciable.
Cuando la AGN habla de proteger juveniles y falta de usos selectivos de captura, el Secretario Norberto Yahuar, al iniciar su gestión y pocos meses de hacerse público el informe, resuelve por 500 días dejar sin efecto el uso de este dispositivo que evita la captura de juveniles (DEJUPA) hasta que se decida el uso de uno mejor, una burla absoluta a sus obligaciones de funcionario público y a todos los argentinos. Todo avalado por el CFP.
¿Cuál es el nombre que se les debe dar a estos funcionarios del CFP y al Sr Yahuar subsecretario de Pesca, que norman en contra de Auditorías que recomiendan su uso? ¿Por qué y por cuanto? ¿Por qué las Comisiones del Congreso no actúan? ¿Quiénes las integran?
La fundación Vida Silvestre alerta la depredación
La Fundación Vida Silvestre argentina aseguró oportunamente que la sobreexplotación de la merluza disminuyó el 80 por ciento de su población en apenas dos décadas. Decenas de empresas y más de 20 mil personas dependen de este recurso para su subsistencia. En tan sólo 20 años, se agotó más del 80% de la población de la merluza común, afectando toda la estructura del recurso y la estabilidad de decenas de empresas que sostienen más de 20 mil puestos de trabajo (directos y en blanco) a lo largo de más 40 comunidades costeras de nuestro país.
A principios de 2010, lejos de resolver ambos problemas, el Consejo Federal Pesquero autorizó capturas de merluza 30 por ciento superiores a la cantidad recomendada para recuperar el recurso y prorrogó, por tercera vez, la suspensión del dispositivo de selectividad usado en las redes de pesca para liberar a los ejemplares pequeños.
Luego de casi 500 días sin protección de juveniles, el CFP recientemente anunció que volverá la obligatoriedad del uso de estos dispositivos. Sin embargo, Vida Silvestre considera que la medida será ineficaz.
Con la firma del presidente de la AGN, doctor Leandro Despouy y de los auditores generales Oscar Lamberto, Horacio Pernasetti, Vicente Brusca, Alfredo Fólica, Gerardo Palacios y Francisco Fernández se informa que “las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria pesquera atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente”.
¿Esto no le importa a nuestros legisladores, jueces y fiscales? se exportan realmente más de 2 millones de dólares en pesca, minería, acuíferos, glaciares y salinas; se trata en realidad de “tierra de nadie”, pues quienes deben actuar nada hacen ¿por qué o por cuánto? ¿Existe el shopping “anomico” legislativo?
Pocas mejoras detectó la Auditoría. Recomendaciones AGN y Déjà Vu
El sistema aplicado por la Auditoría General de la Nación es muy simple: en el año 2001, la AGN realizó una auditoría sobre la Subsecretaría de Pesca de la Nación y, sobre la en base de las deficiencias encontradas, realizó las correspondientes recomendaciones para subsanarlas.
Lo que a primera vista parecía sencillo, no fue tan simple de cumplir. Ya 5 años después, el cuerpo de auditores realizó una nueva comprobación que dio como resultado que, de las 10 recomendaciones realizadas, sólo dos fueron satisfechas plenamente; cuatro parcialmente solucionadas y las restantes cuatro no tuvieron ningún resultado favorable.
Las recomendaciones de la AGN que fueron atendidas sólo en parte afectan fundamentalmente a la preservación de los recursos de nuestro caladero y al comportamiento de las empresas que operan sobre el mismo.
Corrupción palpable
La AGN analizó cuantitativamente las multas impuestas y cobradas por infracciones “ya que casi la totalidad de las sanciones fueron establecidas en forma de sanción pecuniaria”.
Allí, los auditores se encontraron con una nueva sorpresa. De un total de más de 110 millones de pesos determinados y notificados, sólo fueron impuestos por resolución o disposición poco más de 29 millones de pesos y peor aún, sólo se cobraron efectivamente algo más de 6 millones de pesos. Por lo tanto del total de las infracciones determinadas, se impuso el 26,8% y se cobró el 5%. “estas cifras son elocuentes respecto a la falta de efectividad de la aplicación de las sanciones para las empresas armadoras”, indica el informe de la AGN.
Destacable omisión en el tema Solimeno - Estreito de Rande
La AGN es el órgano de control del Estado, aunque para el CFP no sirve. A confesión de partes, relevo de pruebas. Aquí, el CFP en su ACTA Nº28 se da de bruces con la recomendación de la AGN.
El organismo de control externo del Estado había señalado que, “de corresponder, deberán impulsarse las acciones judiciales pertinentes, incluso para el recupero del perjuicio eventualmente sufrido por el Estado”.
En virtud que no existe un registro de antecedentes de infractores a las disposiciones de la Ley 24.922, la Auditoría exhortó su implementación “a fin de aplicar el régimen sancionatorio correspondiente y evitar otorgar permisos de pesca a embarcaciones con historial en pesca ilegal, no declarada o no reglamentada”.
El CFP por la caja o por su patria va de shopping
El buque de Solimeno Estreito de Rande jamás podría pescar, ya que su permiso original —por el cual ingresó dentro del Acuerdo Comunitario— fue para pescar especies exedentarias, no merluza. Tampoco debería haber iniciado operaciones, pues su armador generó una defraudación al estado Nacional al registrar el valor del buque para así pagar menos gastos, todo esto de puño de letra y con declaraciones juradas, cosa que une claramente el dolo entre administrador y administrado, y CFP; todos responsables de un sinnúmero de actos ilegales permitidos por resolución.
De existir el registro de reincidentes, armador y buque estarían dentro del mismo pues sus capturas son ilegales desde el primer día que llego al caladero argentino. Estas son las pruebas documentadas contra el Estreito de Rande que las autoridades omiten en contra del interés nacional:
A fojas 561 obra copia fotográfica de la Res. 360 firmada por el Secretario Solá en fecha 13 de junio de 1996, por la que se aprueba el proyecto, otorgando al buque un cupo de 8300 tn. de captura total anual, distribuidas de la siguiente forma: merluza de cola, 3800 tn; granadero, 2000 tn; bacalao austral, 2500 tn. Se otorga un plazo de seis meses para el inicio de las actividades del B/P Estreito de Rande.
A fojas 573/591 obra acta dando cuenta de la inspección realizada sobre el Buque en fecha 17 de agosto de 1996. Se observa que la tasación del buque difiere respecto de la que obra en la copia de la factura agregada a fojas 567 a los efectos de proceder a la importación del buque.
A fojas 593 obra copia certificada del certificado de matrícula provisorio otorgado al B/P Estreito de Rande por 179 días en fecha 22 de agosto de 1996.
A fojas 594 obra copia simple del permiso de pesca otorgado al buque de la referencia por un término de 180 días en fecha 23 de agosto de 1996. El permiso es restringido y autoriza la captura de las especies mencionadas en la Res. 360 y en las cantidades allí establecidas.
A fojas 596 obra copia de una nota enviada por la Subsecretaría de Pesca a la Subsecretaría de Comercio Exterior relacionada con la diferencia de valor establecida por el informe del perito naval y la factura a que se ha hecho mención en párrafos anteriores.
A fojas 598, con fecha de ingreso 28 de noviembre de 1996, obra solicitud de PESCASOL S.A., para incorporar definitivamente a la matrícula nacional al buque.
A fojas 602, obra con fecha de ingreso 5 de febrero de 1997, solicitud de renovación del permiso provisorio. Agrega a fojas 604/615, copia certificada de escritura de matriculación definitiva del buque.
A fojas 616, fechado en 13 de febrero de 1997, obra copia simple del permiso provisorio otorgado por 180 días al B/P Estreito de Rande. El permiso es restringido autorizándose la captura anual de las especies y en las cantidades asignadas en la Res. 360.
Hasta aquí queda claro que el buque de mención ingreso para pescar exedentarias no merluza común dentro del marco del Acuerdo Comunitario el cual Felipe Solá y su cuñado, el Toco González Fernández, manipuló hasta violar el acuerdo de captura original del buque y permitió la transferencia de un permiso de pesca de merluza común violando así el acuerdo, dado que los buques ingresados para pescar exedentarias no podían pescar merluza común para no aumentar el esfuerzo pesquero.
Lo transcripto es el mismo expediente que EXISTE en la SAGPyA y Consejo Federal Pesquero.
Sigamos: A fojas 617 obra agregado el expte. 800-003277/96, por el cual se solicita la transferencia del permiso de pesca del B/P ALVAMAR II al Estreito de Rande. Se observa que no obra en el expediente copia ni referencia alguna al proyecto y permiso del ALVAMAR II.
Aquí, explicaré al lector que un “mago argentino” inventó legalizar lo ilegal hasta la fecha, permitiendo que en calidad de “complemento de bodega” transferir ilegalmente un permiso, pues no existía el complemento de bodega pues cada buque ingresaba para pescar la cantidad de cupo captura establecida en el acuerdo y de las especies otorgadas en cada permiso. El permitir este invento ilegal fue iniciar la depredación pues así se aumento el esfuerzo pesquero, violando el acuerdo, de acuerdo, entre administrador y administrado.
Reitero que el Consejo Federal Pesquero tiene en su poder este expediente viciado de nulidad desde su inicio.
Sigamos: A fojas 16 obra tal informe firmado por el Dr. Jorge Quincke, donde afirma que atento que la interesada solicita el permiso de pesca como complemento de bodega del Estreito de Rande, no existiría incremento del esfuerzo pesquero.
A fojas 39 obra copia simple del permiso de pesca provisorio, extendido por 180 días a favor del Estreito de Rande en fecha 4 de abril de 1997 con un cupo de captura de 8.300 tn. (merluza de cola, 3.800 tn; granadero, 2000 tn; bacalao austral, 2.500 tn), más un cupo de captura de 10.449 tn para todas las especies excluido el langostino.
Recordemos que el buque ingresó para pescar exdentarias, no merluza común. El cupo de 10.449 tn de todas las especies (merluza común) son el más claro ejemplo de corrupción asociada entre armador y declaraciones juradas falsas y administradores delincuentes que violaban la ley a destajo bajo la firma de Felipe Solá, que hoy declama por ética por televisión.
Desde su ingreso hasta hoy nada cambio en la operativa del buque, lo que sí cambio es el patrimonio de Solimeno que se enriqueció ilícita e impunemente y aún hoy es premiado con más impunidad. ¿De shopping? Alrededor de la SAGPyA hablan de la cantidad de USD que desparramo Solimeno para blanquear el Estreito de Rande. La Argentina no soporta más esta clase de barbaridades y nuestra clase Legislativa en su mayoría es cómplice silenciosa del vaciamiento del mar argentino. No caben excusas, Solimeno es un icono, hay muchos más armadores en la misma condición de ilegalidad.
La culpa no es del chancho, sino del CFP que aduna el daño
La traición a la Patria al impulsar el enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos-privados, es una utopía en un país que se empeña en permitir el saqueo engordando la caja política. No hace tanto tiempo, me contactó un abogado de la asociación anticorrupción para informarme que le interesaba que tomara contacto con él. Como ciudadano, siento la estafa en carne propia día a día al ver al Congreso transformado en escribanía y ahora en “shopping". Esto permite que nadie investigue y que los depredadores millonarios sigan impunes al igual que los funcionarios.
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”. Madre Teresa de Calcuta.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador
