El juez federal Norberto Oyarbide se desligó de la causa por las supuestas irregularidades por la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica, que involucra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudo, al declararse incompetente y trasladarle el expediente a otro magistrado, quien también investiga los mismos hechos.
Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que Oyarbide decidió que la causa se acumule con otra posterior que se inició en el juzgado a cargo del juez Daniel Rafecas, al considerar que hay conexidad, puesto que se investigan los mismos hechos.
Asimismo y en forma sorpresiva, el supuesto testaferro de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele intentó entrevistarse con el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, pero no lo logró y dejó constancia de su visita por los tribunales de Comodoro Py 2002.
El juez Oyarbide había reactivado la causa por la venta de Ciccone Calcográfica luego que el denunciante, Jorge Pacífico se presentara en los últimos días y optara por ratificar la denuncia que había hecho el 14 de diciembre del año pasado. En esa denuncia, Pacífico si bien no nombra concretamente a Boudou, da una descripción de las supuestas irregularidades que hubo en la venta de la empresa, la cual —según el denunciante— se hizo "utilizando influencias" de un "personaje político".
En la denuncia indicó que los compradores "consiguieron que AFIP-DGI otorgase a la empresa (The Old Fund, compradora de la imprenta, ndr) un plan de pagos de 108 cuotas" por un total de "230.000.000 millones de pesos por fuera del marco legal", según la denuncia a la que accedió días atrás NA.
"Los verdaderos propietarios de Ciccone Calcográfica no sólo no pagaron impuestos adeudados, sino que además utilizan personas interpuestas, pantallas para esconder a los verdaderos responsables tributarios" y para "blanquear dinero en negro no declarado ante el organismo fiscal y un incremento patrimonial no justificado", afirmó.
La causa está bajo el número 15660/11 en el juzgado 5 y por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, y encubrimiento, pero tras la decisión de Oyaride se acumulará con la que se hizo en febrero y recayó en lo de Rafecas. Por otra parte, Vandenbroele hoy estuvo en el 5to piso de Comodoro Py esperando por más de media hora ser atendido por el fiscal Rívolo, con quien pretendía entrevistarse.
Mientras ello sucedía, el fiscal se encontraba en la Sala D de la Cámara Comercial junto con un equipo de colaboradores observando el expediente radicado allí por la quiebra de Ciccone decretada el 15 de julio de 2010 a pedido de la AFIP por acumular deudas por 240 millones de pesos, aunque luego dio marcha atrás y pidió el levantamiento de la misma.
Asimismo, Vandenbroele manifestó su intención de fotocopiar la causa, para lo cual le pidieron que previamente designe abogado defensor, lo que se prevé haga en las próximas horas para tener acceso al expediente delegado en Rívolo. No obstante, según las fuentes, el abogado dejó constancia de su visita en Tribunales y le fue comunicado los derechos que tiene como imputado.
Rívolo mientras tanto avanza con la investigación y en los últimos días escuchó la declaración —para lo cual viajó a Mendoza— de la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, quien lo acusó de ser el testaferro de Boudou. La justicia, que investiga los presuntos delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública" y "lavado de dinero", intenta determinar si la compra de la imprenta fue por gestiones realizadas por Boudou, y a la cual el Gobierno iba a otorgarle la impresión de 500 millones de billetes de 100 pesos y que tendría un costo de 50 millones de pesos.