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Una de las preguntas frecuentes que surgen en torno a la cuestión Malvinas es por qué la Argentina no habilita una vía judicial internacional directamente contra el Reino Unido para dirimir la soberanía de las islas en disputa y sólo presiona a través de la diplomacia o con acciones contra terceros. La respuesta es sencilla: prácticamente no tiene caminos para hacerlo. Pero la explicación requiere de cierto desarrollo.
Durante los últimos años, efectivamente el Gobierno kirchnerista analizó la viabilidad de llevar adelante distintas presentaciones internacionales contra el Reino Unido, junto con la ofensiva diplomática que desplegó en todo el mundo. La más importante era la de recurrir al Tribunal Internacional de La Haya por la disputa de soberanía; pero también se habló de denunciar el hundimiento del crucero General Belgrano como "crimen de guerra", o cuestionar la imposibilidad de los argentinos de residir y/o comprar tierras en las islas.
El tribunal de La Haya es la que laudó en el diferendo entre la Argentina y Uruguay por la pastera Botnia, pero ambos países habían habilitado su competencia al firmar el Estatuto del Río Uruguay en 1975 y cada uno podía acudir allí unilateralmente contra el otro en caso de disputas. Con el Reino Unido no hay ningún acuerdo de ese tipo, por lo que se necesitaría su consentimiento -imposible en el actual estado de cosas- para que el principal órgano judicial de Naciones Unidas pueda intervenir en el conflicto.
Tampoco es viable una segunda opción que establece el Estatuto de la Corte Internacional referida a que cualquier Estado miembro puede "hacer aceptaciones de Justicia" con otros países. Esto implica que un Estado pueda someterse a un laudo de La Haya con otro de los firmantes de esos acuerdos. De hecho, Gran Bretaña aceptó la competencia de la Corte con relación a los demás Estados pero con la reserva de que sea efectiva únicamente para toda disputa que haya surgido o que se refiera a hechos posteriores a 1977.
Como se sabe, la controversia por Malvinas surgió en el Siglo XIX. Si bien la Argentina no hizo esa declaración, tampoco podría avanzar unilateralmente por esta reserva británica. Hay otra posibilidad de recurrir a La Haya. Sería a partir de una resolución de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que propicie pedidos de "opiniones consultivas" al tribunal, pero con carácter "no vinculante". Londres tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que esa vía está vedada, mientras que la Argentina dejó en 1989 de recurrir a la Asamblea General, que desde 1982 a 1988 había alumbrado resoluciones favorables para el país.
El cambio de estrategia dispuesto por Carlos Menem en torno a la Asamblea General fue mantenido por sus sucesores, que temen perder espacio diplomático ganado durante años de trabajo y plantean la cuestión en el Comité Especial de Descolonización del organismo que desde 1965 llama anualmente a las partes a restablecer las negociaciones. Este año Cristina Kirchner irá a la sesión de ese Comité que se reunirá el 14 de junio, justo cuando se cumplen 30 años del fin de la Guerra en el Atlántico Sur.
Otras discusiones
Teniendo en cuenta que los isleños son solo 3.100, desde hace años que se plantea la cuestión de que argentinos continentales se instalen en Malvinas y pasen a integrarse a esa sociedad, pero el gobierno británico que administra las islas lo impide. Si bien no existe un reglamento escrito que diga que los argentinos no pueden residir, lo cierto es que para comprar propiedades se necesita una autorización que nunca se logra. Sólo unos pocos obtuvieron permisos de residencia.
Hubo distintos ejemplos al respecto. En 2001 un amigo del ex canciller Guido Di Tella intentó comprar tierras, sin éxito, mientras que también hubo un caso de sucesión en La Patagonia -donde muchos habitantes descienden de isleños- pero a la familia Hamilton prácticamente la obligaron a vender sus posesiones. Por otra parte, la presidenta Cristina Kirchner llamó en uno de sus discursos recientes "crimen de guerra" al hundimiento del crucero General Belgrano, que causó 323 muertos el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión delimitada por los británicos.
Esa definición, que podría llegar a desembocar en un planteo internacional, fue objeto de discusión en la propia Armada argentina que históricamente lo consideró un "acto de guerra". En 2000, la Corte Europea de Derechos Humanos rechazó un reclamo de familiares de soldados argentinos muertos en el Belgrano que pedían una compensación. Y la posibilidad de recurrir a la Corte Penal Internacional es nula porque ese tribunal se estableció en 2002, veinte años después de la guerra y no entraría en su competencia. La encrucijada llevó a la Argentina a machacar por vía diplomática y en cada uno de los foros en los que participa, con algunos resultados positivos en los últimos años, pero todavía insuficientes como para cambiar el statu quo.
El ex canciller Jorge Taiana dijo en una entrevista con Noticias Argentinas, en ocasión del cumplimiento del trigésimo aniversario de la guerra, que "Londres va a negociar cuando le resulte políticamente más gravoso que no hacerlo". Por lo tanto, a la Argentina solo le queda crear las condiciones para que los eventuales cambios en la gobernanza mundial lo favorezcan. China y Brasil, dos de los países llamados a equilibrar la balanza de poder global en este siglo, son militantes de la causa Malvinas Argentinas.
Gabriel Profiti
NA
