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La batería discursiva utilizada por el Gobierno español para repudiar la estatización de YPF no necesita de mayor análisis sobre el estado de las relaciones bilaterales, pero abrió interrogantes respecto a cuáles serán las represalias que finalmente adoptará Madrid.
¿Serán comerciales? ¿Serán políticas? ¿Serán judiciales? Seguramente todo el abanico de posibilidades estará bajo análisis del Ejecutivo español, que pasó de ser un aliado estratégico de la administración kirchnerista a un militante anti argentino.
La herramienta que tiene Repsol YPF para reclamar ante el plan de expropiación es recurrir al Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, porque así lo establece el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) firmado con España en 1992.
Repsol se apuró en comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "llevará a cabo todas las medidas legales que procedan para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus accionistas". De Estado a Estado, el diario El Mundo adelantó que el Gobierno del Partido Popular —respaldado por el PSOE— podría e reducir sus compras de soja, carne y biodiesel argentinos.
Madrid también llevará la causa Repsol a los foros internacionales como la Unión Europea, a la espera de solidaridad de sus miembros, o al G-20, grupo de países desarrollados y emergentes al que pertenece la Argentina. La UE reivindicará el Tratado de Lisboa, que establece la defensa de las inversiones de las empresas de un Estado miembro en otro país, pero ya definió al contencioso como bilateral y no tiene herramientas jurídicas para avanzar más sobre la Argentina.
Un importante diplomático argentino también restó trascendencia a la posibilidad de que España pida la expulsión de la Argentina del G-20, ya que —según dijo a Noticias Argentinas— para una medida de ese tipo se necesita del "consenso" de todos los miembros, lo cual es muy difícil de obtener.
Según la prensa española, Mariano Rajoy debe madurar una decisión difícil teniendo en cuenta que ese país es el principal inversor extranjero en la Argentina, hay muchas provincias con intereses y casi 400 mil españoles radicados.
El conflicto actual es el más serio en las relaciones, pero no el primero durante el kirchnerismo. Más allá de eso, el principal coletazo para la Argentina será la consolidación de la imagen en el exterior como un país con "mal clima de negocios" que no respeta "la seguridad jurídica".
Gabriel Profiti
NA
