Casi el 90% de los 221.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son títulos, acciones y plazos fijos. Y existen 500 mil demandas por reajustes. El Gobierno nacional ya utilizo casi el 90% de los fondos de efectivo del ANSES a cambio de títulos y bonos. También mediante préstamos para financiar el déficit.

Esta grave situación demuestra que los fondos que aportan los trabajadores no son utilizados para pagar las decenas de miles de sentencias judiciales por reclamos de reajustes, como también otorgar aumentos que guarden proporción con los salarios de los trabajadores en actividad.  De acuerdo a las siguientes razones:

-El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES totaliza $221.000 millones, pero $132.600 (60%) están inmovilizados. Son títulos públicos.

-Bajo el nombre “Proyectos productivos de infraestructura”, el Gobierno ha utilizado ya $28.937 para financiamiento fiscal.

-Existen Plazos Fijos por $ 21.409 millones.

-Disponibles $ 18.179 millones.

-Activos varios suman $ 16.894 millones.

-La rentabilidad del Fondo durante el año 2011 fue de un 14,6%, esto es menor a la inflación real, lo que revela una descapitalización.

Los plazos fijos, la disponibilidad y los activos varios, constituyen el 27% del total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES).

En estas condiciones financieras, resulta imposible financiar las 100 mil viviendas que anunció la Presidenta porque como está visto cerca del 90% del dinero del Fondo está convertido en títulos o bien ha servido para enjugar gastos corrientes del Estado.

Quedan entonces en las arcas de la ANSES un remanente de acciones de empresas líderes, pero no alcanzan porque además haría perder más de un sillón de director de los chicos de La Cámpora.

Por otra parte, la ANSES en algún momento, tendrá que hacer frente y pagar al medio millón de juicios por reajustes.

En tal sentido, la Corte Suprema emitió otro emplazamiento al titular de la ANSES, para que dentro de los próximos 30 días, informe acerca del destino que tienen los activos de ese organismo. Esto es que Diego Bossio tendrá que dar explicaciones sobe las ejecuciones presupuestarias de la ANSES, el estado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las sentencias judiciales pendientes de pago.

Se suma, como “frutilla del postre”, la denuncia penal iniciada recientemente por la Mesa Nacional de Jubilados contra Amado Boudou y el mismo Bossio por la utilización indebida de los fondos de los jubilados. Esa causa está radicada en el Juzgado Federal 10 a cargo del juez Julián Ercolini.

Algunos antecedentes gravosos

La estafa a los jubilados instrumentada por el Gobierno se basa en no cumplir con las sentencias judiciales favorables a los jubilados. La ANSES, por ejemplo, sólo se allanó a cumplir con las sentencias en 22.000 casos, es decir, en menos del diez por ciento. Ante la Corte, Bossio intentó explicar esa actitud aduciendo que el resto de las presentaciones no constituían aplicaciones puras del fallo Badaro porque se referían a otras fechas de actualización.

Pero incluso cuando los jubilados logran en los tribunales una sentencia favorable, la ANSES la apela ante la cámara correspondiente y hay casos en que los jubilados que también alcanzaron un fallo favorable en la segunda instancia no logran que el organismo acate esas sentencias firmes.

De esa forma, la ANSES incurre una y otra vez en un doble incumplimiento: por un lado, con la Justicia -que abarca desde la Corte hasta los tribunales inferiores- y por el otro, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se ha comprometido, precisamente, a no recurrir los fallos en favor de los jubilados. Ese incumplimiento es coherente con la actitud de un gobierno que vetó la ley que establecía el 82 por ciento móvil tan esperado por sus destinatarios.

Jorge Vitale
Abogado penalista