En un paso más que permite esclarecer lo ocurrido durante los años de la última dictadura cívico-militar, la justicia argentina reconoció este jueves formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes a mujeres secuestradas durante ese período, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros ex represores.
El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) de esta Capital condenó además en la misma causa a 30 años de prisión al ex marino Jorge "Tigre" Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la dictadura, y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto.
Al dictar condena en esta causa iniciada hace dieciseis años por las Abuelas de Plaza de Mayo —por crímenes cometidos hace más de tres décadas—, el TOF 6 resolvió unificar en esa única pena la actual y las dos anteriores condenas a perpetuidad que ya tenía Videla.
En el mismo fallo, el tribunal condenó al almirante Antonio Vañek, que comandó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) a 40 años de prisión; y al ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Rivero a 20 años de prisión.
En ambos sitios bajo jurisdicción de la armada y del Ejército se cometieron la enorme mayoría de los 35 delitos puntualmente ventilados durante los últimos quince meses en este juicio.
Según relata agencia Télam, al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los casos constituyen una “parte integrante de un Plan Sistemático de Robo de Bebés” desarrollado durante el período del terrorismo de Estado.
“Sentimos que se va recuperando la justicia, pese a que las penas fueron un poco livianas”, dijo la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, quien sin embargo rescató que el fallo haya reconocido la existencia de un plan sistemático.
“Es un momento de alegría y de hermandad entre nosotros. Agradecemos a nuestros papás por habernos dados la vida y a las Abuelas por recuperar nuestra identidad,”, dijo conmovida la nieta recuperada Victoria Montenegro, en medio de un público, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y jóvenes de la agrupación HIJOS, muchos de ellos nacidos en cautiverio.
También pudo verse a militantes políticos como el legislador porteño Juan Cabandie —nieto recuperado— y el diputado nacional Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), entre otros.
De los once acusados, nueve fueron encontrados penalmente responsables de “sustracción, retención y ocultamiento de menores”, con el agravante de tener menos de diez años, y la posterior supresión de su identidad, en diferente cantidad de casos y circunstancias.
El último dictador del "Proceso", Reynaldo Bignone, fue condenado a 15 años de prisión, igual pena que al médico militar Jorge Luis Magnaco, quien asistía a las parturientas en la ESMA, mientras que al prefecto Jorge Azic le dieron 14 años.
El ex oficial del Ejército Victor Gallo, que junto a su ex mujer Susana Colombo se apropiaron del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela, fueron condenados a 15 y 5 años de prisión, respectivamente.
El ex agente de Inteligencia Eduardo Ruffo y el ex almirante Rubén Franco, que integró la última junta militar fueron absueltos, pero el primero quedó detenido por otras causas pendientes de juicios.
La causa conocida como Plan Sistemático arrancó el 30 de diciembre de 1996 con una presentación de Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Mariani, que aprovecharon el vacío jurídico que dejaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para denunciar la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas.
Un buen día para los derechos humanos, solo superable por la posibilidad de que alguna vez también se condene a quienes, desde movimientos guerrilleros, también asesinaron inocentes.
Diego Goldberg