Los argentinos hemos aceptado que nos prohíban comprar, producir y vender lo que queremos, que nos digan cómo debemos ahorrar, que nos cobren cada vez más impuestos sin que el Estado rinda cuenta de sus gastos y hasta que nos digan qué tenemos que pensar y qué podemos decir y qué no públicamente. ¿Somos libres o estamos presos?

Cada día que pasa, el discurso del Gobierno tiende a tratar de convencernos de que los derechos de los habitantes empiezan a transformarse en delitos y que lo que son delitos y abuso del uso del poder, son derechos de los gobernantes que buscan el bienestar de la población.

Si hoy alguien quiere ejercer su derecho a enviar sus ahorros al exterior porque desconfía de la seguridad jurídica, según el discurso del Gobierno es un delincuente, cuando en rigor el acto delictivo lo comete el Estado violando el derecho de propiedad y generando inseguridad jurídica.

Si alguien quiere comprar dólares para defenderse de la inflación, o porque se le da la gana, es un delincuente. Justamente el viernes pasado, el ministro de Economía Hernán Lorenzino afirmó que el mercado marginal o blue hay que verlo como un acto delictivo. Siendo que el dólar es una mercadería como cualquier otra, no se entiende por qué comprar una simple mercadería llamada dólar se transforma en un acto delictivo y no es un delito prostituir el valor del peso. ¿Por qué es delito defenderse de la inflación que genera el Estado y no lo es destruir el peso como moneda?

Si alguien quiere, con el fruto de su trabajo, comprar una mercadería importada es un delincuente si el Estado no lo autoriza, pero no es un acto delictivo que un funcionario público utilice el monopolio de la fuerza para violar el derecho a que cada uno utilice sus ingresos como mejor le parezca y compre lo que considera más conveniente para él.

Alguien que emite una opinión sobre la evolución del mercado inmobiliario inmediatamente es denunciado públicamente por su situación fiscal, desviando el tema de lo que ocurre realmente en dicho mercado, y el derecho a la libre expresión pasa a ser reprimido.

Por ejemplo, el soberbio Axel Kicillof acaba de afirmar que el discurso de los economistas opositores hace daño porque algunas personas todavía los escuchan. Resulta que ahora él es el dueño de la verdad y estableció el delito de opinión, porque todo el que opina diferente le hace daño al país. Pareciera ser que los destrozos que está haciendo el Gobierno al que pertenece son una bendición para el país. Generar desocupación, inflación, recesión, pobreza e indigencia tal vez no sea un delito, pero sí falta de idoneidad para gobernar un país y mala praxis profesional.

Insistir con la estupidez de que el sistema jubilatorio de reparto es solidario y el privado es mezquino indica que este joven no estudió matemáticas y no sabe que el sistema de reparto es infinanciable aquí y en cualquier parte del mundo, porque la esperanza de vida aumentó y cada vez se necesitan más activos para mantener a un pasivo. En el caso particular de Argentina, como las jubilaciones dependen de la tasa del impuesto que se aplique sobre los salarios, del nivel de salario y de la tasa de ocupación, todavía es más inviable, porque la desocupación crece, los salarios reales están cayendo y la tasa del impuesto es tan alta que estimula el trabajo en negro.

Además, Kicillof no debería presentarse como el dueño del monopolio de la solidaridad ya que no es muy solidario no cumplir con el mandato de la Corte Suprema de pagar el 82% móvil y estirar los juicios para que los jubilados se vayan muriendo y sus reclamos queden en la nada. Especular con la muerte de la gente para no pagar es de una bajeza sin límites.

Por otro lado, ¿quién le otorgó el derecho a decidir cómo me voy a jubilar? Yo no defiendo el sistema de AFJP, defiendo el derecho a que cada uno arme su jubilación como mejor le parezca y no sea papá Estado el que me diga cómo tengo que prevenir mi futuro. En todo caso, el Estado, argumentando solidaridad, ha sumergido a los jubilados en la miseria más absoluta. Mi jubilación la puedo hacer armando una cartera con activos como propiedades, bonos o acciones, entre otras opciones, y no depender de que el Estado le cobre un impuesto al que trabaja para pagar mi jubilación.

Es más, tal es el grado de la burrada de Kicillof cuando afirma que el sistema de reparto es solidario y que el otro no funcionó, que ni siquiera se tomó el trabajo de ver cómo se financia el pago de las jubilaciones actuales: el 100% de los ingresos de la ANSES no proviene de los impuestos al trabajo, sino que este organismo también recibe parte de los impuestos a la ganancia, internos, IVA, combustibles, cigarrillos, entre varios otros. Si fuera por los ingresos de aportes y jubilaciones, los jubilados estarían peor que ahora. Pero, nuevamente, el derecho a que cada uno busque la forma de prevenir su futuro es, para el Gobierno, un delito.

Y más burrada es decir que es “privatista, noventista y reaccionario” que no se destinen los fondos de la ANSES al sistema productivo. Lo de noventista lo habrá dicho por sus jefes los Kirchner que fueron menemistas. Lo de privatista lo dirá por los funcionarios K que hacen fortunas con los negocios que le brinda en bandeja el Gobierno. Pero lo que refleja la ignorancia de este charlatán de tribuna es que si alguien arma en forma libre su jubilación comprado bonos, acciones, propiedades u otros activos, canaliza sus ahorros hacia el sistema productivo. La diferencia es que él quiere manejar nuestra plata y no que nosotros la manejemos. Si la manejamos nosotros sin entrar al sistema de reparto, somos delincuentes evasores. Si ellos las despilfarran y condenan a los futuros jubilados a la miseria son solidarios.

Pero dejando de lado los dichos de un funcionario que pretende dar cátedra sobre cómo funcionan la economía la economía en general y la argentina en particular cuando le faltan muchas horas de vuelo, lo concreto es que aquí se están cambiando los valores fundamentales. Los derechos de los ciudadanos son transformados en delitos mediante el discurso K, mientras que las violaciones al orden jurídico y el abuso del poder por parte de los funcionarios públicos son presentadas como un derecho del Gobierno, que si alguien llega a discutir es el enemigo o el destituyente.

Es decir, la violación al estado de derecho se transforma en algo legítimo y los derechos de los habitantes en delitos. Con este cambio de roles, es obvio que el “vamos por todo” no es otra cosa que intentar establecer una autocracia.

Hemos aceptado que nos prohíban comprar lo que queremos, producir y vender lo que deseamos, ahorrar como se nos da la gana, viajar al exterior sin restricciones, que nos obliguen a soportar una enorme carga tributaria sin poder saber en qué se gasta, que la AFIP nos persiga sin derecho a la defensa por opinar diferente, a que nos metan miedo si hablamos y a soportar una cadena atrás de otra para que nos reten. En fin, la lista es tan grande que prácticamente cualquier cosa que hacemos pasamos a ser delincuentes para el Gobierno o merecemos una reprimenda de su “majestad”.

En síntesis, si seguimos este rumbo, cada uno de nosotros va a estar en libertad condicional y siendo atropellado por un gobierno que ha perdido legitimidad al usar el monopolio de la fuerza para violar nuestros derechos.

Para finalizar, cabe recordar el artículo 29 de la Constitución, que si algún día se recupera la República, debería ser aplicado con todo rigor:

“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

Hoy, Cristina Fernández de Kirchner dispone de facultades extraordinarias para manejar el presupuesto. Y Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, dispone de la suma del poder público por lo que la vida, el honor y las fortunas de los argentinos quedan a merced del Gobierno o algún funcionario como él.

El artículo 29 de la Constitución ha sido violado de punta a punta. Algún día debería haber un Nuremberg para que nadie más, en el futuro, se anime a violar los derechos de los ciudadanos con total impunidad.

Roberto Cachanosky
Economía para Todos