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Chispazos entre kirchneristas y sciolistas por la seguridad y el caso Candela

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UN TEMA ANTICIPADO POR TRIBUNA
UN TEMA ANTICIPADO POR TRIBUNA

Si no hay modificaciones en los tiempos previstos, la llamada Comisión Candela, una mesa de senadores provinciales de diversas fuerzas políticas creada a instancias del ultrakirchnerismo y que tiene como misión investigar la escandalosa instrucción del crimen de la pequeña Candela Rodríguez, emitirá un duro dictamen a fines de este mes.

 

Se sabe en los corrillos políticos lo lapidario que será ese informe respecto a la actuación de los funcionarios judiciales de Morón, todos con pedido de juicio político en la Legislatura, y de los efectivos policiales que intervinieron en el caso.

Pero, más allá de aquella misión “esclarecedora”, el dictamen en cuestión tiene un objetivo político-judicial preciso: convertirse en la bisagra a partir de la cual se aceleraría la creación de la Policía Judicial, una demanda de los organismos vinculados a la lucha por la vigencia de los derechos humanos que ha tomado como propia el sector más kirchnerista del peronismo provincial.


Un punto de inflexión

 

Lo admiten fuentes legislativas: el informe de la Comisión será un elemento formidable para presionar políticamente y avanzar con el tratamiento legislativo del nuevo cuerpo de investigadores que, punto central, no estará integrado por uniformados. Es que los trascendidos hablan de que el dictamen contendrá severas críticas a la forma en que se manejó la Policía Científica en el crimen de Candela y a cómo se obtuvieron determinadas informaciones que terminaron direccionando la causa hacia un terreno fangoso y falaz.

En charlas entre operadores sciolistas y del kirchnerismo se habría acordado, finalmente, no citar al ministro Casal a la “comisión Candela”. "Vamos, a partir de las barbaridades que se hicieron en la instrucción de ese crimen, a cambiar el paradigma de investigación de los casos complejos en la Provincia”, explica una fuente legislativa K.

El abanderado de esta estrategia es, claro, el vicegobernador Gabriel Mariotto —en general, muy crítico de las políticas de seguridad de Daniel Scioli— quien definió públicamente ese escenario buscado como “un nuevo protocolo de actuación” de los pesquisas de la Provincia.


Marco político

 

La tarea de la Comisión Candela tiene una dimensión política que, en efecto, no puede dejar de ubicarse en el marco de las profundas diferencias que el ultra kirchnerismo que reporta a la Casa Rosada mantiene con Scioli respecto a la cuestión de seguridad. Auscultar la actuación policial en aquel crimen que conmovió a todo el país es apuntar al Poder Ejecutivo.

Y más puntualmente al ministerio que encabeza el área, Ricardo Casal, responsable de la fuerza de seguridad más grande del país y de quien se dijo que sería citado a prestar testimonio en el plenario de la comisión. Según fuentes de la Comisión Candela, en charlas entre operadores sciolistas y del kirchnerismo concretadas en las últimas horas se habría acordado, finalmente, no citar al ministro.

Su comparecencia, aún cuando fuera sólo para aportar un testimonio, hubiera significado una foto lapidaria, terminante, de la que difícilmente tuviera retorno. No obstante, las balas picaron cerca del funcionario —respaldado una y mil veces por Scioli— porque sí fueron convocados el jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, que era Superintendente de Coordinación Operativa de la fuerza cuando mataron a Candela, y el subsecretario de Justicia Carlos Albarracín, virtual viceministro.


Un proyecto demorado

 

La ofensiva definitiva para crear la demorada Policía Judicial cobraría impulso decisivo luego de que se conozcan las conclusiones de la Comisión Candela, de las que se desprendería no sólo la incompetencia sino la comisión de delitos por parte de los efectivos de la Bonaerense en la investigación de aquel crimen.

“Será la gran explicación de por qué hay que sacarle la instrucción de estos casos a la policía uniformada”, detalla una fuente que trabaja en el tema. El gobernador Scioli presentó, a fines de 2011, el proyecto de creación de la Policía Judicial, que apunta a profesionalizar las investigaciones penales a través de la creación de este organismo integrado por un cuerpo de instructores.

Es, en cierta forma, una deuda de la democracia: es una tarea que le fue encomendada a la Legislatura en la reforma de la Constitución bonaerense de 1994 (Art. 166). La nueva estructura tendrá competencia específica en casos de delitos complejos (homicidios, crímenes organizados), homicidios dolosos e ilícitos cometidos por funcionarios públicos o —detalle clave— miembros de fuerzas de seguridad.

Dependerá del Ministerio Público y estará conformada por hombres del Poder Judicial (investigadores de campo y un cuerpo científico forense). Justamente, como dependerá de ella, recientemente la Procuradora General, María del Carmen Falbo, propuso algunos cambios al proyecto original que serían tenidos en cuenta.

Cuando la Policía Judicial vea la luz, Falbo —de pasado duhaldista y a quien el ultrakirchnerismo no ve con buenos ojos— aumentaría notablemente su cuota de influencia. Sería el próximo objetivo de la presión política digitada desde Balcarce 50.

 

Mariano Pérez de Eulate
NA

 

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