Embretadas entre dos comicios apenas distanciados por 70 días —un período en el que inevitablemente los políticos de todos los signos tienden a ser absorbidos por encuestas y campañas, y todo lo que se haga o diga puede ser tildado de "electoralista"—, las cuestiones institucionales de la Provincia cobraron cierto vigor en los últimos días.

 El reclamo de un nuevo aumento salarial de los docentes y empleados públicos bonaerenses en general, por caso, fue adquiriendo fuerza hasta convertirse en una presión notoria sobre la administración de Daniel Scioli, donde se decidió reabrir, a partir de esta semana, las discusiones paritarias sectoriales a modo de válvula de escape.

 Las negociaciones, sin embargo, amenazan con encallarse a poco de andar. El gobierno provincial, que definió aumentos salariales generales que rondaron entre el 21 y el 25 por ciento en marzo, irá a las paritarias con la consigna de hierro de no dar más incrementos masivos en lo que resta del año.

 Y los gremios se proponen discutir asuntos varios —algunos de los cuales pueden significar, en rigor, mejoras en los ingresos de los trabajadores— pero con la cuestión salarial como eje central de su estrategia.

 En la Gobernación confían, con todo, en que el tironeo, que posiblemente se extienda hasta fines de año en las diversas mesas sectoriales de negociación, no desembocará en un escenario de paros en las escuelas y la Administración.

 Creen que la resolución de discusiones pendientes sobre cuestiones anexas que pueden traducirse "en plata" –como recategorizaciones—, podrían mantener encauzada la situación.

 La seguridad, encorsetada

 La compleja y crónica problemática de la seguridad, en cambio, pese al disparador que significó el monstruoso crimen de Candela Rodríguez, continúa encorsetada en el síndrome electoralista dominante, de acuerdo a la definición de la Real Academia del término electoralista: "dicho de una cosa que tiene claros fines de propaganda electoral".

 En ese clima, la oposición se peleó inicialmente entre sí sobre si pedir explicaciones institucionales —en el ámbito de la Legislatura— al Gobierno sobre ciertos horrores que parecieron cometerse en la investigación mientras la niña estuvo desaparecida, era o no "electoralista" o constituía un "uso político" del drama.

 Y ahora comienza a pedir, casi con timidez, algunos informes, sobre los otros horrores investigativos, los que se vienen dando para el esclarecimiento del asesinato.

 En los ámbitos que tienen la tarea de dar con los asesinos y detenerlos —la Justicia y su "brazo colaborador", como le gusta autodefinirse a la Policía bonaerense cuando las cosas no andan bien—, mientras tanto, siguen convencidos de que no tienen por qué dar explicaciones ni asumir responsabilidades.

 Indicios inquietantes

 A casi tres semanas de la aparición del cuerpo de Candela, la investigación no muestra avances sustanciales. Pero no se trata de eso. Un caso complejo no tiene por qué ser resuelto en ese tiempo.

 Se trata de los preocupantes indicios que señalan que la Justicia y los investigadores policiales actúan a partir de presuntas pruebas, muchas de las cuales que luego resultan no ser tales, y de datos que deberían ser incontrastables —como los surgidos de la autopsia, con referencia a si Candela fue abusada o no durante el cautiverio— pero no lo son.

 Avanza, sobre todo, a partir de los dichos de un testigo protegido que cada vez resultan más vidriosos.

 Se trata, también, de ciertos "manejos" que multiplican la preocupación. Las detenciones de varios sospechosos fueron anticipadas a algunos medios, que pudieron tomar la imagen del detenido cuando era ingresado, esposado, a alguna dependencia.

 Abundan los datos extraoficiales sobre los presuntos antecedentes penales de algunos sospechosos. Y vuelan los "trascendidos" que dicen que Candela habría sido abusada antes de su secuestro.

 Pero luego brillan por su ausencia las precisiones sobre cómo y por qué esos sospechosos habrían participado del crimen y no se da información seria sobre los resultados de la autopsia.

 El día que un juez de Garantías excarceló a tres imputados, fueron detenidos dos nuevos sospechosos. De uno de ellos se conoció de inmediato su "prontuario".

 Los que desconfiaron de una maniobra destinada a "compensar" el efecto negativo que pudieran producir las liberaciones, quizás hayan tenido razón. Uno de esos demorados —el hombre del que se conocieron profusamente sus antecedentes delictivos— fue liberado al día siguiente "porque no tenía nada que ver".

 Y entre tantos trascendidos sobre vida y obra de la familia de la niña y de los sospechosos, no hay una explicación seria sobre la línea investigativa que se sigue.

 Antes y después del secuestro y muerte de Candela, se han cometido miles de delitos en el territorio bonaerense. No se trata de estar fallando solamente en este caso.

 El crimen de Candela ha venido, dolorosamente, a poner otra vez —como ya ocurriera en el caso de la familia Pomar— en la superficie las limitaciones gigantescas que la Justicia y la

Policía tienen en materia de investigación, y su tendencia a intentar tapar esa deficiencia con artilugios y maniobras que la convierten definitivamente en una incapacidad peligrosa.

Marisa Álvarez
NA