La moderación de las escaramuzas y las tensiones estrictamente políticas —en particular en el seno del oficialismo— suele relegar inmediatamente a un segundo plano el problema de fondo, el verdadero y gigantesco problema de la Provincia: un desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos que ya alcanzó un nivel imposible de zafar con remiendos ni retoques.

El déficit económico y financiero de las cuentas públicas se ha tornado insostenible, sumergiendo al Estado bonaerense en una grave crisis permanente que lo coloca al borde de tornarse inviable.

Una realidad que transcurre en un marco curioso: si no resulta útil para la pelea política, sus protagonistas de cualquier vereda tienden a esconderla debajo de la alfombra, aspirando a que no haya nuevos estallidos que la reubiquen en el primer plano, aunque siga gozando de buena salud hacia un final imprevisible.

El primer estallido

Eso es lo que ocurre en estos días, cuando sigue vigente la precaria tregua pactada en la pelea política entre el kirchnerismo y el sciolismo, más allá de aislados disparos desde las retaguardias. Si es por boca de sus responsables —de su origen o de su solución, según los casos—, de la crisis real los bonaerenses recién tuvieron noticias a fines de junio, cuando su primera explosión obligó al gobierno de Daniel Scioli a anunciar que iba a tener que pagar el medio aguinaldo en cuotas a lo largo de cuatro meses.

Moderar ese estallido le costó a la Provincia suspender todos los pagos —de obras, servicios y todos los rubros vinculados a su funcionamiento, muchos de los cuales venían ya muy demorados—, trasladar a muchos de ellos con bonos para el año que viene, tomar un préstamo de la Nación de 600 millones a devolver en un año y a tasa leonina (17,5%) y cerrar una delicada operación de renovación directa de licencias de bingos.

Durante el episodio del aguinaldo, y en medio de un rebrote de la guerra intrínseca del oficialismo, los contendientes buscaron mostrar que la imposibilidad de la Provincia de pagar en tiempo y formar ese beneficio era resultado, precisamente, de esa guerra política. Con todo, en esos días de extrema tensión se expusieron algunos números sobre la verdadera dimensión del déficit bonaerense, se escucharon planteos sobre problemas estructurales y básicos como la parte que le toca a la Provincia en el reparto de la coparticipación federal de fondos, y se insinuaron debates sobre la eficiencia con que se gestionan y se administran los recursos en la Provincia.

Remiendos para objetivos modestos

Superado el estallido del aguinaldo, sin embargo, claramente parte de los actores centrales busca mostrar esa superación como una salida de la crisis. Y por supuesto —porque nada se ha hecho para solucionarla—, la crisis permanece intocada. El gabinete de Scioli trabaja por estos tiempos concentrado en la misión —casi única— de obtener de acá a fin de año un volumen de fondos que le permita evitar otro estallido coyuntural como el que ya tuvo, pagando salarios y medio aguinaldo en tiempo y forma sin tener que recurrir a un nuevo auxilio de la Nación que, se sabe, por sus préstamos cobra cargos financieros y políticos.

Pero hasta ahora todo indica que ese objetivo —más que modesto, por cierto, para un gobierno provincial— se podrá alcanzar en el mejor de los casos con medidas que apenas postergan o aún profundizan los factores que determinan la crisis. Es que hasta ahora sólo está previstas nuevas tomas de financiamiento en el mercado —como la de casi 900 millones de pesos concretada hace dos días— que aumentarán fuertemente el nivel de endeudamiento de la Provincia, con operaciones que, en general, se cierran a un año de plazo en el mejor de los casos.

Y como complemento, se comienza a implementar una "política de ahorro", como la denominan en el Gobierno pero que —de acuerdo a los primeros indicios— corre el riesgo de ser confundida con suspender —o dejar de pagar— gastos que resultan esenciales para el funcionamiento del Estado y la prestación de los servicios esenciales para la ciudadanía.

Marisa Álvarez
NA