Es frecuente escuchar el argumento que las medida y proyectos del oficialismo son legitimas dado que cuentan con los votos. El famoso 54% y los votos en el Congreso parecerían ser no sólo necesarios, sino también suficientes para legitimar cualquier curso de acción.

Este punto de vista, sin embargo, confunde promulgación de una ley con el hecho de que efectivamente una ley se encuentre sujeta a derecho. Esta concepción, sin embargo, puede desembocar en democracias absolutistas, donde la diferencia con otros gobiernos autoritarios no democrácticos es de jure, pero no de facto ¿Cuáles son los límites de la democracia? Ciertamente no por votar una iniciativa la misma es justa o acorde a derecho. Por ejemplo, el voto no hace justo, ni éticamente aceptable, esclavizar a una parte de la población. Si es el voto lo que hace que una ley sea legitima, el famoso 54% kirchnerista podría votar que el restante 46% sean sus esclavos. Pero no es la cantidad de votos, sino principios éticos y morales los que nos hacen ver en esa iniciativa una profunda falta de principios. ¿Qué se puede y no se puede decidir por medio del voto?

Aquellas iniciativas que afecten derechos de terceros no podrían ser ignorados por un voto mayoritario. Justamente el punto de la división republicana de poderes es proteger a las minorías de las mayorías, las cuales no pueden votar cualquier iniciativa que deseen si lo que impera es un verdadero estado de derecho republicano. Las leyes de tránsito pueden ilustrar este punto. Conducir por la izquierda o la derecha, velocidades máximas, señalizaciones, etc., no afectan a derechos de terceros. Es indistinto si se conduce por la izquierda o por la derecha siempre y cuando todos conduzcan por el mismo lado. Lo que el voto democrático no puede hacer es exigir a los conductores a dónde deben dirigirse, dado que ello sí atenta contra sus libertades individuales.

De allí la posibilidad de que actos de gobierno sean ilegitimos a pesar de haber sido aprobados en el congreso. Y de allí también la importancia de un sistema judicial que no se limite a hacer ver las leyes promulgadas, sino asegurarse que las mismas sean acordes a los derechos individuales que la Constitución Nacional debe defender. De lo contrario, el sistema judicial pierde uno de sus roles centrales ¿Acaso los votos hacen legítimo, por ejemplo, que un gobierno le imponga al contribuyente en qué moneda debe ahorrar, o que le restrinja su libertad para entrar y salir del país? ¿Y si esto es ilegitimo, acaso no le corresponde al poder judicial limitar lo que el Congreso se cree con el derecho de votar? No hay duda de que un gobierno puede actuar de esta manera haciendo uso del monopolio de la fuerza, pero que lo pueda hacer no quiere decir que lo deba hacer, ni mucho menos sea el poder lo que legitimiza un curso de acción.

Lo que diferencia a una democracia republicana de una autoritaria es actuar dentro o fuera de los límites que legitiman sus actos. Suele identificarse a estos límites de acción de un gobierno con la Fórmula de Bastiat, que dice lo siguiente: Un gobierno no puede realizar actos que llevados a cabo por un individuo serían considerados un delito. Si un individuo comete un delito al seguir cierto curso de acción, ¿cómo no lo es también cuando lo hace el estado?

Cruzar este límite es lo que lleva a un gobierno a presentar rasgos autoritarios. Si los principios republicanos implican que el individuo es el soberano, y los derechos del estado le son delegados por los individuos, entonces el estado no posee legitimidad de actuar por fuera de los derechos que le han sido delegados. ¿Si, por ejemplo, yo no tengo derecho a imponerle al lector en qué moneda actuar, entonces de dónde obtiene el estado ese derecho?  El argumento del 54% debe explicar de dónde obtiene el estado el derecho al "ir por todo" cuando esos derechos no le pueden haber sido transferidos por los individuos. O bien se argumenta que es el voto lo que da origen al derecho, y no el derecho lo que limita qué se puede y no votar, o entonces en definitiva se tiene la postura de que el fin justifica los medios. Claramente un derecho que no existe no puede serle delegado al estado, por lo que al actuar crónicamente fuera de derecho el gobierno se vuelve en los hechos un ente autoritario. Estos gobiernos no se ubican así mismos debajo del derecho, como cualquier individuo, sino que se arroga una posición superior. Para estos gobiernos, no todos son iguales ante la ley, ellos son diferentes al arrogarse el poder de hacer cumplir una ley no acorde a los derechos de la sociedad que son gobierno.

¿Pero acaso no es cierto que prácticamente todos los gobierno hacen actos que si seguimos la Formula de Bastiat no deberían poder hacer? ¿No es legítimo, entonces, que el gobierno también cruce ese límite y "vaya por todo"? Es cierto que la Argentina no es el único país dónde los estados realizan actos que no le corresponden, pero no es menos cierto que parece preocuparse por sobresalir frente al resto. Sin embargo, las fallas de otros países no son excusa válida para cometer el mismo error en mayores magnitudes. El gobierno K es como un invitado a una fiesta que llega y debe irse manejando su propio vehículo, por lo que no debería tomar alcohol si desea comportarse responsablemente. Sin embargo, al llegar a la fiesta ve a otro invitado que también ha llegado en vehículo tomando una media copa de vino. Dado esto, el gobierno K se autoconvence que es legítimo emborracharse por completo dado que otros están tomando media copa de vino. La falla de la media copa de vino no justifica una borrachera desenfrenada.

Los problemas institucionales y culturales no son meras curiosidades intelectuales. Corea del Norte y Corea del Sur comparten su historia y cultura, pero difieren radicalmente en sus instituciones. Es el correcto marco institucional el que define si Argentina se quiere parecer a Corea del Norte o a Corea del Sur. Una vez dado el correcto marco institucional que respete la libertad individual y los derechos de propiedad, es el mismo proceso de mercado el que hace florecer a la economía del país. Los problemas económicos de Argentina requieren más de una corrección institucional que de una económica.

Nicolás Cachanosky
Economía para Todos