El modelo mafioso instaurado por Carlos Menem ha logrado estabilizarse a medida que avanza sobre espacios que dejan de ser públicos para convertirse en territorios sin estado, sin ciudadanos, sin derecho. La narcodemocracia profundizada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, convirtieron a las provincias norteñas en feudos narcos. Mientras el discurso oficial sobre la droga se muestra en clave “despenalización sí; despenalización no”, se desmantelan los controles en las zonas de frontera, se avanza para neutralizar cualquier organismo público que se oponga al narcotráfico, y se premia a los jueces corrutos que jamás condenaron a un narcotraficante responsable de la cadena. Con los Kirchner hasta el Chapo Guzmán disfrutó de la protección del gobierno nacional y provincial mientras residía en el Chaco.

Mi última nota sobre la narcodemocracia fue publicada por este portal en agosto de 2011. En aquella investigación expliqué la importancia estratégica del transporte fluvial y marítimo en la logística de narcotráfico. La situación actual es alarmante y condena a nuestra sociedad a un régimen de criminalidad similar al mexicano.

La frontera del NOA y del NEA

En septiembre de 2011, el juez Carlos Olivera Pastor salió de su juzgado en la provincia de Jujuy para encontrar una caja al lado de su coche. La caja estaba numerada como si contuviera archivos judiciales. El juez retiro la parte superior y encontró en su lugar una cabeza decapitada, los ojos vidriosos y abiertos. En octubre de 2011, dos hombres asaltaron brutalmente a un secretario penal del mismo Juzgado, advirtiéndole que la próxima vez lo iban a asesinar.

De acuerdo con funcionarios de la Sedronar, la mayoría de las drogas entran a través del paso de Argentina en el noroeste y se debe a la falta de controles en los pasos de frontera. Los jueces de esas provincias, que con frecuencia manejan casos relacionados con drogas tienen dudosa actuación para resistir las presiones de las altas esferas políticas y la de los narcos.

El Foreign Pólice informo “que la guerra del narcotráfico en México está convirtiendo la Argentina en el nuevo oeste salvaje del narcotráfico mundial”. Los grupos internacionales de narcotraficantes han ampliado sus actividades en Argentina, el aumento de las exportaciones y su transformación desde un punto de tránsito en un destino para el consumo y la reelaboración de pasta base para hacer “paco” sumado a la facilidad de acceso a precursores químicos, hacen de Argentina territorio en disputa.

Desde las 1.500 pistas de aterrizaje clandestinas, la larga Hidrovía, mas la gran franja atlántica sin controles estatales permite que Argentina exporte toneladas de cocaína además de drogas sintéticas. El 95 por ciento de la cocaína enviada desde Argentina con seguridad llega a su destino. En la Argentina, la situación es tal que los narcotraficantes entran y salen sin inconveniente.

Aproximadamente 2,6 por ciento de la población del país de 15-64 años usan cocaína. El consumo aumentó el 117 por ciento desde 2000. Los argentinos consumen actualmente cinco veces más cocaína que el promedio mundial y tiene una de las tasas más altas de uso en el mundo. Igualmente preocupante es el papel del país como productor de precursores químicos, las sustancias utilizadas para extraer y refinar las drogas tales como la cocaína, la morfina y la heroína. “Este es el problema más grave en nuestro país”, afirma Mónica Cuñarro, experta en delitos relacionados con drogas. “Argentina sigue siendo un lugar de paso, por sus facilidades de obtener precursores químicos, es parte de la cadena de producción”. Las palabras de la mujer muestran ante compromisos internacionales la realidad del logro del modelo: exportar drogas a los mercados que la demanden en el mundo drogas de todo tipo asegurando la producción y logística local.

Cuñarro se muestra como el paladín del gobierno en la lucha anti droga. Es parte de la garantía de la profundización de la narcodemocracia. Ha acompañado a Aníbal Fernández en todos sus esfuerzos por asegurar que los máximos responsables de la cadena sigan libres. Y lo confirma con sus palabras: “En este contexto nacional, hoy sabemos que lo que las fuerzas policiales provinciales y federales llevan a los jueces y fiscales es tenencia simple para consumo personal, que no exceden en promedio, los dos gramos, lo que le significa al país, por ejemplo, el 40% del presupuesto nacional en planes materno-infantiles. Un despilfarro que debe ser utilizado para el crimen complejo y para cuestiones sanitarias”. Es decir, Cuñarro reconoce que la culpa es de las fuerzas provinciales y federales que nada llevan a los jueces para que juzguen a los capos narcos. Reconoce en su doble discurso que nada se ha hecho para detener el poder de los carteles de la droga.

Mientras Cuñarro lleva el eje del discurso a la despenalización, los contrabandistas mueven cocaína en bruto de Bolivia, Perú y Colombia a los laboratorios clandestinos en Argentina, donde se elabora antes de su envío a Europa. Aproximadamente 250 de estos laboratorios están ocultos por Argentina. Dado que la legislación de precursores químicos sobre su importación aprieta en otros países de la región, de los laboratorios narco-químicos también producen envíos de heroína, efedrina y metanfetaminas, que son enviados a México por vía marítima, y, finalmente, a través de la frontera hacia los Estados Unidos. No existen estimaciones de la cantidad total de precursores químicos presentes en el país. A partir del triple crimen, las autoridades incautaron más de efedrina en la Argentina que en cualquier otro país, excepto China.

Mientras Cuñarro escribe “…aprendimos que nacieron nuevos problemas, como el de la corrupción policial en referencia a las drogas —inexistente 30 años atrás— o hechos como los crímenes vinculados a luchas por espacios territoriales, casos cotidianos de vinculación de algunos políticos con la venta de drogas, o de funcionarios que deben velar por la ley y el orden, como el del ex jefe de Inteligencia de Gendarmería descubierto con casi una tonelada de cocaína con destino a España, algunas de las muestras de un escenario local similar a los de Ecuador, Chile o España y que opacan éxitos como el del Operativo Luis XV”, las avionetas se chochan con camionetas en Santiago del Estero, por dar un ejemplo. La culpa es de las fuerzas, razón no le falta, fuerzas manejadas en democracia por narco políticos y narco funcionarios como ella, que omiten combatir ex profeso la cartelización de la Argentina.

Mientras Cuñarro distorsiona la realidad narco de la Argentina, el Gobierno de Dilma Rousseff lanzó la Operación Agata 5 para combatir el narcotráfico y la delincuencia. Sus vecinos (Paraguay, Bolivia y el gobierno argentino) miraban con recelo el contingente de 10.000 hombres, que permaneció en la zona unos 30 días. También hay 30 barcos y escuadrones de cazas F-5. El objetivo es combatir los delitos en la frontera, como el contrabando, la malversación y tráfico de drogas. “Buscamos vigilar el espacio aéreo que se utiliza para actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando”, aseguró el comandante de brigada José Geraldo Ferreira. En cambio los gobiernos nacionales y provinciales narco pauperizan a las fuerzas y las desmantelan para neutralizar cualquier esfuerzo por combatir el narcotráfico. Nuestras fuerzas no tienen ni armas ni tecnología ni logística ni capacitación ni apoyo gubernamental para hacer nada. Es tan grave la cartelización de la Argentina, que si se lanzara una operación similar a Ágata de Dilma la primera avanzada queda neutralizada por las fuerzas narco y su armamento de última generación.

“Este año hubo un incremento en la cantidad de droga secuestrada y en la cantidad de causas judiciales por narcotráfico. Todos los años las cifras superan a las del año anterior. Esto seguramente tiene que ver con el aumento de la producción de cocaína y también con que cada vez son más los consumidores de la droga. Si se produce más en Bolivia, obviamente que esa droga puede pasar por Salta o Jujuy. Datos del secretario del juzgado federal de Oran Gustavo Adat.

El informe presentado por el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, indicó que Bolivia supera a Colombia en producción de cocaína. El aumento de la producción tiene números que preocupan. Perú produjo en el último año cerca de 325 toneladas de cocaína, mientras que Bolivia sumó 265. Colombia pasó de 700 toneladas en 2001 a 195 en 2011. “El volumen de producción de cocaína es algo nunca visto”, admitió en julio de 2012 sorprendido el jefe de Gendarmería, Roberto Daniel Godoy por el hallazgo de una cocina de cocaína de enorme volumen. “Sólo en otros países vi este tipo de cocinas. Por el volumen de producción de cocaína esto es algo nunca visto”, insistió Godoy.

“Seguramente se verán más laboratorios o cocinas y se pueden asentar también los carteles”, ampliaba El Secretario del Juzgado de Oran Gustavo Adat. La cocina de cocaína cerca de Salvador Mazza, no es un aviso. Es un problema irresuelto desde 2006 y por segunda vez en el mismo lugar: el paraje El Sauzal, a dos kilómetros de Salvador Mazza, en plena selva. Salta es la principal ingreso de la cocaína al país, particularmente, Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia.

2010. Según la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, “llegó a las 70 toneladas de cocaína” en la Argentina, lo que movió 700 millones de dólares. El ingreso y transporte de grandes cantidades de estupefacientes a través de Salta para abastecer el mercado interno de la Argentina, necesita una logística operada con impunidad dentro del país con mayor consumo de cocaína por habitante reitero. De América del Sur, pero principalmente se exporta. En mayor volumen en barco y dentro de containers, con predilección de pescado congelado. Aunque también hoy se utilizan geles líquidos para el contrabando de cocaína u otros líquidos de variadas tonalidades. (ONDCP).

El Juzgado Federal de Orán, a cargo del juez Raúl Reynoso, tiene 19.000 expedientes, de los cuales más de 10.000 tienen que ver con el narcotráfico.

Salta y Entre Ríos viabilizan la “salida al mar” 

Los dos cheques emitidos por el Instituto Provincial Portuario de Entre Ríos y que fueran cobrados en un reducto de kirchnerismo más selecto, encierran una serie de enredos y complicaciones que llevan implícita una trama que involucra importantes actores políticos entrerrianos y salteños. Todo hubiera pasado desapercibido de no trascender a los medios. Los cheques habrían seguido la ruta de diferentes actores ligados al narcotráfico.

Juan Manuel Urtubey y Sergio Uribarri. Uno pegado a la frontera más caliente del paso narco y el otro sobre la Hidrovía liberada logran “un modelo” de conexión con salida al Atlántico. Teniendo en cuenta que la narcopolítica es la relación directa del tráfico de drogas con la actividad política, que prevé la cobertura de una actividad ilícita que ha degradado la democracia y la institucionalidad, y a la sociedad en su conjunto porque el ciudadano no puede hacer valer sus derechos en un no-estado como el de los gobiernos militares.

Fuentes de la zona explican el fenómeno: simplemente la ministra Nilda Garre sacó el escuadrón de Gendarmería de Pocitos. La gente del lugar no quería, pero lo hicieron lo mismo. No se incrementaron la patrullas en la frontera, esto es abrir la puerta al narcotráfico que escapa de Colombia que bajó su producción porque hay 7 bases americanas en su territorio, entonces se establecen aquí.

Nuestros políticos no reaccionan. No hablan en el Congreso los senadores provinciales ni diputados pidiendo radicar un escuadrón mayor con apoyo tecnológico y armas de última generación. Brindar a la fiscalía más tecnología y personal capacitado. Poner aeronaves especiales en el aeropuerto Mosconi muy bien radarizadas y armadas para localizar bandas en los montes. Dar una guerra total al narcotráfico que corrompen políticos y funcionarios para que Argentina no sea México. Al gobernador Manuel Urtubey parece no importarle. ¿Por qué los legisladores sin distinción del color político no reclaman esto? Argentina no tiene control sobre la frontera con Bolivia, ni la provincia recursos para ello que tampoco reclama. La verdad es que la cocaína y sus derivados como la pasta base y el paco, están arrasando con la sociedad. Incluso hay quienes en nombre de la “justicia social” defienden el narcotráfico. Pronto vamos a estar como Colombia y México en medio de una guerra de carteles y con drogadictos empuñando las armas para defender su dosis cotidiana. La verdad que desde que asumió Evo Morales agitando la bandera del indigenismo naif, la producción de coca de Bolivia alcanzo cifras record; además de la gran cantidad de funcionarios de su gobierno vinculados al narcotráfico.

Los políticos no ponen la cara, esto da la pauta hasta dónde llega la corrupción en el poder. ¿Por qué el Gobernador permite se movilice la Gendarmería quedando desprotegida la frontera? ¿Qué reclama Urtubey a la Nación? A fines del 2011, fue detenido Luis Arturo Cifre, presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Joaquín V. González, en Salta. En varias de sus propiedades se hallaron más de 350 kilos de cocaína tras puntuales allanamientos y se detuvo a más de diez personas. No se trata de cualquier hombre, sino de un funcionario del Frente para la Victoria, que responde a Urtubey y que ostenta un “socio narco” portugués llamado Juan Pablo Ferreira Marques.

Lo grave del asunto entonces es que la ministra de Seguridad ordenó a la cúpula de los gendarmes que no difundieran nada a la prensa. El dato fue confirmado por varios uniformados que tuvieron participación en ese operativo. Si bien hubo una suerte de conferencia de prensa por parte del subsecretario de Delitos Complejos, Miguel Ángel Robles, esta se dio horas después de que la prensa comenzó a hacer trascender algunos detalles de lo ocurrido.

Un dato revelador: tampoco habló sobre el tema el juez federal interviniente de la localidad de Orán, Raúl Juan Reinoso —señalado por TDP en más de una oportunidad por su protección a diversos malvivientes— quien impuso un furioso secreto de sumario al expediente de marras.

La cartelización es la falta de garantías y seguridad que tienen los periodistas que informan sobre el narcotráfico en la zona. Un ejemplo testigo sucedió el viernes 30 de septiembre de 2011. Los periodistas oraneses Claudio Ruiz y Gloria Secco, ambos trabajadores de Radio Ciudad FM 99.6, denunciaron públicamente haber sido amenazados por sicarios, luego de entrevistar al juez federal Raúl Reynoso. En la charla, los periodistas preguntaban sobre la velocidad con la que habían sido liberados unos traficantes detenidos en la frontera con Bolivia. “Asesinos a sueldo nos amenazaron rodeando nuestra vivienda en el barrio 20 de Febrero para hacernos saber quién manda en Orán. Aquí no están dadas las condiciones de seguridad para ejercer el periodismo” (Informate Salta, 30/09/11), dijeron en comunicación con la prensa.

En una reunión que tuvo lugar en Buenos Aires, el 25 de mayo de 2012, se encontraron el Juez Federal de Orán, Raúl Reynoso y la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Allí, el magistrado salteño reveló: “En el año 2004 y 2005 teníamos detenidos a ciudadanos bolivianos, colombianos, peruanos y, en escasas circunstancias, brasileros. Luego, en los años posteriores, tuvimos españoles, franceses, italianos y belgas. En 2009 empezamos a tener detenidos turcos, serbios, croatas, lituanos, búlgaros y húngaros. Y a fines de 2010 tuvimos, inclusive, detenidos de nacionalidad rusa”. Sobre la ruta del tráfico, Reynoso asegura: "Ingresa desde Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Cuando es poca cantidad, queda para ser distribuida en la zona del norte, porque ya hay un alto grado de consumo. Cuando son grandes cantidades van para los puertos de Buenos Aires, Mar del Plata o Rosario para ser embarcadas hacia EEUU” (El Tribuno, 22/03/12). Sin embargo, el magistrado olvidó mencionar dos destinos clave: Europa y Asia. La nacionalidad de los delincuentes demuestra la facilidad y el arraigo de las mafias transnacionales en la Argentina.

Tanto Aguas Blancas como Salvador Mazza son dos lugares estratégicos en el mapa que las redes narco trazan sobre Salta. Ambas localidades están atravesadas por el narcotráfico, la pobreza y la descomposición social. Las personas que transitan a diario los pasos clandestinos y subsisten gracias al pasaje de droga provienen, en su mayoría, de los sectores más empobrecidos. El poder de las incipientes organizaciones armadas que controlan el negocio crece vertiginosamente. La región asiste a instancias cada vez más agudas en el proceso de cartelización nacional: se sabe que llegaron para instalarse, producir la droga en Argentina y exportarla a Europa, Asia y Estados Unidos. Allí las bondades del modelo llegan en blanco…

En esta semana escuchábamos al Ministro del Interior explicando que van a poner 400 gendarmes en el ferrocarril. Son 400 gendarmes menos para combatir el narcotráfico en la frontera. Es liberar más aun los pasos para el ingreso irrestricto de las mafias narco. Un país que no radariza vende libremente precursores químicos, y miente, donde sus políticos son parte del silencio es una narcodemocracia.

Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, o vale o debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía (Mariano Moreno).

Roberto V Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

Anexo:

Narcopaís: el objetivo de Aníbal Fernández y Mónica Cuñarro es desguazar la Sedronar

Corrupción en Entre Ríos y Salta