Todo empezó ayer miércoles cuando fue detenido un hombre llamado Luis Arturo Cifre, presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Joaquín V. González, en Salta. En varias de sus propiedades se hallaron más de 350 kilos de cocaína tras puntuales allanamientos y se detuvo a más de diez personas.

No se trata de cualquier hombre, sino de un funcionario del Frente para la Victoria, que responde al gobernador Juan Manuel Urtubey y que ostenta un “socio narco” portugués llamado Juan Pablo Ferreira Marques.

Tal vez ello explique porqué, cuando Gendarmería Nacional fue a allanar uno de los lugares donde se escondía la droga —un galpón donde acopiaba carbón— los uniformados se encontraron con que alguien les había avisado a Cifre y a Ferreira Marques con oportuna anticipación y estos estaban en pleno escape junto a dos ciudadanos colombianos.

Finalmente fueron todos detenidos gracias a un cerco tendido por Gendarmería a 300 kms del lugar, sobre Ruta Nacional 9 en el control de Trancas (Provincia de Tucumán).

Lo grave del asunto es que la ministra de Seguridad ordenó a la cúpula de los gendarmes que no difundieran nada a la prensa. El dato fue confirmado a este medio por varios uniformados que tuvieron participación en ese operativo. Si bien hubo una suerte de conferencia de prensa por parte del subsecretario de Delitos Complejos, Miguel Ángel Robles, esta se dio horas después de que la prensa comenzó a hacer trascender algunos detalles de lo ocurrido. 

Un dato revelador: tampoco habló sobre el tema el juez federal interviniente de la localidad de Orán, Raúl Juan Reinoso —señalado por Tribuna en más de una oportunidad por su protección a diversos malvivientes—, quien impuso un furioso secreto de sumario al expediente de marras.

No obstante ello, la información llegó a los medios a través de fuentes en off the récord que prefirieron poner en riesgo su trabajo antes que callar sobre lo ocurrido. “Estamos podridos de que no nos dejen hablar con los medios, ayer un periodista amigo estuvo en un acto en Gendarmería de Salta por el fin de curso internacional antidrogas. Entre otras autoridades estuvo presente el vicegobernador de Salta (Andrés) Zottos, junto con ministros y jueces, entre ellos el de Orán. Preguntado el Dr. Reinoso sobre el tema drogas contestó con evasivas y no informó nada (…) Acá creo está la clave porque está involucrado el poder político”, aseguró un uniformado de alto rango de esa fuerza.

No es la primera vez que funcionarios políticos aparecen involucrados en temas de narcotráfico. Tampoco es la primera vez que la ministra Garré se entromete en un operativo de drogas.

Ello obliga a meditar por qué nadie profundiza como se debe respecto a los vínculos de la política con el oscuro negocio de los estupefacientes. ¿Es muy obvio decir que existe una suerte de “zona liberada” en la que los funcionarios se protegen entre sí? ¿Es menester aclarar que la venta de drogas es el negocio más rentable del mundo?

Las respuestas pueden ser variadas, pero hay una sola realidad: hace más de tres años que se sabía que Cifre movía narcóticos con total impunidad.

El porqué de esto último deberán responderlo funcionarios y jueces que hasta ahora solo han sabido hacer honor a una sola palabra: complicidad.