No son éstos, definitivamente, días sencillos para la política argentina. De repente, tal vez por efecto de una acumulación subterránea aunque persistente, el clima de protesta que se venía gestando dio paso a un escenario de tensión que puso en guardia tanto al Gobierno como a los partidos de oposición.

Un encadenamiento de hechos extraordinarios alimentó este cuadro de situación: en pocos días se rebelaron prefectos y gendarmes en un inédito reclamo por mejoras salariales; un testigo judicial desapareció una jornada completa e hizo recordar a Jorge Julio López; y el oficialismo avanzó contra el auditor general Leandro Despouy, en una jugada de dudosa legitimidad.

Por eso fue una semana en la que abundaron los nervios y faltó serenidad para encarar los problemas de fondo. Uno de ellos es la relación del Gobierno con la Justicia, a juzgar por las recientes escaramuzas en el Consejo de la Magistratura. Especialmente en un momento en que la Casa Rosada apunta todos los cañones para que se destrabe la instrumentación de la Ley de Medios.

El clima se espesó a tal punto que Ricardo Lorenzetti anticipó a sus colegas que no quiere seguir ocupando la presidencia de la Corte. "Seguramente se llegará a un consenso, ya que trabajamos muy bien internamente", apuntó el magistrado a sus compañeros del alto tribunal. Aunque también se interpretó su decisión como un tiro por elevación al Gobierno, al manifestarse de esa manera contrario a una re-reelección.

En la Corte conocen, posiblemente mejor que en ningún otro enclave del poder, que las Fuerzas Armadas y las de Seguridad vienen largamente disgustadas con la forma en que se les liquida el sueldo, sobre todo los suboficiales. Muchos de ellos hicieron juicios aún estando en actividad. Y ni hablar de los retirados, que son miles y que ejercen más influencia de la que se supone sobre los más jóvenes.

Responsabilidad política

También lo sabe el Gobierno, aunque no lo reconozca. Por eso el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, envió una comunicación oficial a todas las bases del país para calmar los ánimos y evitar que los militares se sumaran a la protesta de prefectos y gendarmes. Igualmente, un escuadrón de Infantería del Ejército en San Juan y un grupo de suboficiales de la Armada en Buenos Aires manifestaron su descontento.

El peso de las protestas recae, principalmente, sobre las espaldas de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien no solamente es ahora la responsable política de las fuerzas de seguridad, sino que antecedió a Puricelli en la cartera de Defensa. Por eso no faltan las voces de quienes, en el propio kirchnerismo, creen que la mujer tiene poco futuro en el elenco oficial.

A la conocida interna que mantiene con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, se sumó también la mención del nombre de Martín Balza —ex jefe del Ejército y actual embajador en Costa Rica— como un posible reemplazante de Garré, por considerarlo una figura potable para la Presidenta. Cristina Kirchner, deslizan algunos allegados al poder, tomará una determinación "a su debido momento".

La mandataria pasó los últimos días recluida en la quinta de Olivos. Ya había bajado su exposición pública tras la visita a Estados Unidos y la irrupción de los cacerolazos, pero este fin de semana largo ni siquiera viajó a El Calafate. Los problemas que atraviesa Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta ya se comporta como un antikirchnerista, tampoco ayudan a la Presidenta a relajarse en el que considera su lugar en el mundo.

Así las cosas, por Olivos desfilaron decenas de funcionarios, aunque los que más tiempo compartieron con la Presidenta fueron Juan Manuel Abal Medina y el secretario Carlos Zannini. El jefe de Gabinete fue el primero en reconocer que la liquidación salarial en la Prefectura —que buscó adaptarse a un decreto tras un fallo de la Corte— había sido "francamente desastrosa".

Aunque la mesa chica de la Casa Rosada no se quedó conforme solamente con la vía de la "mala gestión" de la conducción de las fuerzas de seguridad. También creyó entrever una maniobra de sectores encumbrados de Prefectura y Gendarmería para interpretar ese decreto en beneficio propio. Así explicó que la rebelión fuera protagonizada solamente por suboficiales.

De ahí al descabezamiento de las cúpulas de ambas fuerzas había un sólo paso y el Gobierno decidió darlo rápidamente. Pero no le sirvió para aquietar los ánimos encrespados —como pretendió la ministra Garré— en las fuerzas que han sido las más funcionales al kirchnerismo en los últimos años, a las que recurrió cada vez que tuvo problemas con la Policía Federal o las policías provinciales.

Clima enrarecido

Por si toda esta situación no fuera ya lo suficientemente tensa, el miércoles por la noche desapareció en la localidad de Sarandí —al sur del Gran Buenos Aires— Alfonso Severo, un ex trabajador ferroviario que debía declarar en el juicio por el asesinato del militante Mariano Ferreyra. Y el clima político se enrareció a tal punto que hubo dirigentes que hicieron una convocatoria a preservar la democracia.

Pero menos de veinticuatro horas después, Severo apareció muy cerca de donde presuntamente había sido secuestrado la noche anterior. Su relato ante los medios de comunicación y la Justicia dejó algunos puntos oscuros y despertó suspicacia al asegurar que se había tratado de "un mensaje para la Presidenta". Hasta le adjudicaron un "autoatentado" por una agresión anterior, a los tiros, que había recibido en su casa mientras dormía.

En medio de esta revuelta, el oficialismo desconoció a Despouy como procurador general de la Nación —cargo desde el cual firmó dictámenes durísimos por casos de corrupción en el Gobierno— y la Unión Cívica Radical denunció un "golpe institucional". El caso enrareció el clima en la Cámara de Diputados, donde el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, acababa de lograr un inusual comunicado conjunto de todos los bloques llamando a gendarmes y prefectos a respetar "las pautas democráticas".

La semana también dejó para la anécdota el papelón del gobernador chaqueño Jorge Capitanich por el apagón que impidió el partido revancha entre Argentina y Brasil, que le costó cinco millones de pesos al Estado provincial. Y la denuncia contra el tucumano José Alperovich por haber utilizado un avión sanitario que era necesario para el traslado de una bebita agonizante.

A su vez, el alcalde porteño, Mauricio Macri, ratificó su condición de "vetador serial" y dio de baja la ley de abortos no punibles sancionada por la Legislatura, mientras que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, optó por mantener un perfil bajo, alejado de los grandes conflictos. Eso sí: sobre el final de la semana trascendió su preferencia por el retador Henrique Capriles para la elección presidencial de este domingo en Venezuela.

Es que, más allá de los resultados de la elección, parece quedar claro que el futuro político de Venezuela no quedará exclusivamente en manos del presidente Hugo Chávez.

Mariano Spezzapria
Agencia NA