En septiembre del 2011 el actual Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por decreto 481/2011 duplicó el monto máximo para llevar adelante licitaciones privadas para obras públicas menores fijándolo en un millón de pesos. A su llegada al gobierno en 2008 ya había elevado ese monto a quinientos mil pesos. Comparado con otras administraciones provinciales, e incluso la Nación, es el monto más elevado para este tipo de contrataciones que son la excepción y no la regla que la Argentina establece para las obras públicas o contratos de servicios (ver cuadro).

En este tipo de contratación la discrecionalidad del agente público es amplísima, pues el mismo que está contratando es el que invita a una limitada cantidad de empresas (5) a presentar ofertas, y la publicidad del llamado a licitación es mínima lo que atenta contra la obtención de mejores valores y alienta la concentración de las obras en un pequeño número de empresas.

La regla general para la obra o la contratación de servicios por parte del Estado es la licitación pública, donde en un marco de mucha mayor transparencia y publicidad compiten por la contratación, todas las personas físicas o jurídicas interesadas en contratar con el Estado. La razón de ser de la regla es obvia, como se dijo, mayor transparencia y publicidad, y ante la convocatoria amplia a todo interesado, también mayores posibilidades de contratar mejor (es decir, más barato o con mejores condiciones). La existencia de normas que autorizan a prescindir de la licitación pública en casos de contrataciones de menos de un valor determinado, no implica que éstas deban realizarse por licitación privada. La licitación pública continúa siendo la regla.

Pero el que hizo de la excepción una regla es el Secretario Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli. De un total de 32 procesos licitatorios el 35% lo hizo por el mecanismo de licitación privada, repartiéndose entre 4 empresas un total de $ 8.742.320.

De las 32 licitaciones (públicas y privadas) llevadas adelante por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, se adjudicaron hasta el momento 20 por un monto de $ 26.459.315,33 divididas entre 7 empresas. Las privadas se dividen en 4 empresas , distribuidas de la siguiente manera: 4, Mediterráneo S.A.; 3, Altote S.A.; 3, Instalectro S.A. y 1, Consultarq S.R.L. La licitaciones públicas comparten algunos nombres también, y se dividen en 6 empresas: 3, Mediterraneo SA; 3, Instalectro SA; 2, Eduardo Caramian SACICIFyA; y Planobra SA, Cavcon SA y Ingecons SA una cada una.

De la comisión de evaluación de propuestas

“…muchos países de la región podrían duplicar sus inversiones en salud y educación si ahorrasen la porción de sus presupuestos que se pierden por sus pésimos procesos de adquisición” (Jorge Claro de la Maza, ex Jefe de la Oficina de Coordinación y Política de Adquisiciones del BID).

Tanto el régimen de licitación pública como privada prevé la conformación de una Comisión Evaluadora de Ofertas, que tiene a su cargo: el Examen de los aspectos formales, la Aptitud de los oferentes, Evaluación de las ofertas y la Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. Esta comisión es la que determina el orden de mérito que tendrá en cuenta el funcionario responsable del área para adjudicar la obra.

Eduardo Macchiavelli, por resolución 169 de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, crea la Comisión Evaluadora de Ofertas y designa sus integrantes, pero en un claro atentado a la transparencia de la cosa pública, dicha resolución jamás fue publicada en el Boletín Oficial, ni siquiera en el portal de normativa del Gobierno de Ciudad. Es bueno recordar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es rica en disposiciones que garantizan la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, y en particular en esta materia se destacan los artículos 53 y 132, que obligan -el primero- a la difusión sin restricción de los datos relativos a la administración de los fondos públicos y, el segundo, a difundir y publicar todo lo relativo a “actos de contenido patrimonial relevante”.

Según se desprende de las 22 actas preadjudicación serían cinco, al menos, los integrantes de la misma, firmando siempre cuatro de ellos: dos abogados, un contador y dos arquitectas que se alternan en las firmas. Al no publicarse el acto que los designa desconocemos la idoneidad que motivó sus nombramientos, siendo difícil determinar su experiencia en contrataciones de obras públicas. De la única que se puede conocer alguna actividad vía web es de una de las arquitectas que es una prestigiosa decoradora de interiores.

Maniobra para evitar la licitación pública

“…..existiría el riesgo de convocar a una contratación directa presupuestando el total de la prestación en una suma menor al límite fijado, y adjudicar luego por una mayor, lo que podría encubrir una maniobra para eludir tramitar una licitación pública.” Mario Rejtman Farah (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot 2010, p. 67).

La licitación privada N° 223/2012 que contempla “la puesta en valor de la Plaza Julio César Fumarola” fue presupuestada por $924.060,16, convenientemente al límite del monto fijado por decreto para poder evitar la licitación pública.

Las empresas que presentaron ofertas fueron dos y ambas superaron el monto máximo fijado para licitar de forma privada. En vez de haber dejado sin efecto la licitación, la Comisión Evaluadora de Ofertas, recomendó otorgar la obra a la empresa Mediterraneo S.A. por el monto de $ 1.106.542.

La resolución no importó, por parte de la comisión, mención alguna del por qué de esta decisión. Tampoco se hizo mención a normativa alguna que le permita aumentar, de facto, el monto de un millón de pesos, eludiendo de esta manera la licitación pública.

Otra maniobra para evitar la licitación pública: desdoblamiento

Una de las obras públicas que se licita privadamente es la contracción de “esquinas de prioridad el peatón”. La obra consiste en la construcción de sendos vados en las cuatro esquinas del cruce de calles. Los llamados por esta obra son cuatro, es decir que el Secretario de GCyAC desdobló y fraccionó el llamado del mismo objeto contractual para poder llevarlo a cabo bajo la modalidad licitación privada ($2.876.991).

Estas obras debieron ser ejecutadas a través de una licitación pública, pero para que no supere el millón, que dicta la normativa vigente, se la dividió en cuatro. Tres de las cuatro licitaciones sobre esta obra fueron preadjudicadas a la misma empresa, ALTOTE S.A. Tan burda es la maniobra que dos de las misma se publicaron en el Boletín Oficial N°3968, tienen número correlativo de resolución y la comisión de evaluación de ofertas labró dos actas el mismo día a la misma hora para preadjudicar las obras a la empresa ALTOTE S.A.. Esto demuestra el nivel de seriedad con que encara la tarea la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

Único oferente

Otro de los casos es la Empresa Mediterráneo S.A., una empresa de origen tucumano de la cual se sabe poco, no figura en guía en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene página web, etc. Esta fue beneficiada con 3 licitaciones públicas y 4 licitaciones privadas por la SGCyAC.

Respecto a las de orden privada en una fue la única oferente. Su oferta superaba el millón de pesos permitido (ofertó $ 1.060.000) para la operatoria de licitación privada, que basa su proceso en una compulsa de precio entre varias empresas. Sin embargo, la comisión de evaluación de ofertas decidió pedirle a Mediterráneo SA que mejorara la oferta. La empresa mejoró la oferta, por solo 7000 pesos menos que el millón que prevé la normativa, ya sabiéndose ganadora de la licitación. No sería extraño, porque es de uso habitual por todas las contratistas de la Ciudad, pedir una redeterminación de precios excediendo el tope para la licitación privada.

Una empresa con antecedentes

Otra de las contratistas beneficiarias por el sistema de licitación privada es Instalectro S.A. Contratista de la ciudad desde el ‘83, pero con una denuncia muy concreta en el 2011 cuando la comunidad educativa de Villa Urquiza junto a la diputada Naddeo denunció que los artefactos lumínicos que había instalado en Av. Triunvirato 4992 donde funcionan 3 colegios, carecían de seguridad. Tal es así, que varios se desplomaron ante la vista de todos en el acto del 21 de septiembre de ese año.

Instalectro no sólo fue ganadora de 3 licitaciones privadas, además ganó 3 licitaciones públicas sumando un total de $ 7.246.315,32.

Una plaza, muchas manos

La plaza Portugal se ubica en la comuna 13 al lado del puente de la Av. Elcano. Este año nos encontramos con que la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana llamó a licitación privada para su puesta en valor. La obra ya está preadjuticada a la empresa Intalectro SA por un monto de $ 657.277. Como es costumbre para esta Secretaria, el único argumento para hacer un llamado a licitación privada y no pública es el monto, abusando de lo que dicta la ley y el decreto 481/2011.

Pero esto no es todo, lo más grave es que esta plaza fue objeto del Programa Construcción Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete, firmando el Compromiso Comunitario “Plaza Portugal” el 22 de marzo del año pasado. Esto decía una comunicación oficial: “En la Plaza Portugal tenemos planificado comprometernos a reforzar la limpieza general y remover los grafitos de la misma., para mantener las refacciones recientes de la misma. Estas tareas fueron ejecutadas por Vivero Cuculo S.R.L. a través de la Dirección de Espacios Públicos.”

Efectivamente este compromiso se cumplió y todos podemos ver que la plaza en cuestión no necesita de una “puesta en valor” ...

¿Y las comunas?

Más allá de lo expuesto hasta acá es importante señalar que la totalidad de las obras aquí en juego no han sido consultadas con las Comunas. No es un capricho sino que el 95% de las obras licitadas corresponden a las competencias exclusivas (es decir, SOLO de las Comunas) de estas tal como lo señala la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas 1777.

No se trata del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se trata de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que es la encargada de ejecutar el plan de transferencia de competencias a las comunas que hasta hoy no lo ha puesto en marcha. Por el contrario, el Secretario Eduardo Macchiavelli ejecuta dinero que deberían gestionar las comunas, en el marco de la participación ciudadana.

Está claro que las Juntas Comunales, con una integración plural y la atenta observación de los vecinos y organizaciones que participan Consejos Consultivos Comunales, garantizarían la administración de estos recursos públicos con mayor transparencia, eficiencia y apego a la legalidad.

Julieta Costa Díaz
Comunera de Nuñez-Belgrano-Colegiales