En el Senado, el kirchnerismo anunció que impulsará un proyecto para regular con una ley nacional el aborto no punible, luego de que se registraran dificultades en distintos puntos del país para cumplir con ese procedimiento habilitado por la Corte Suprema.
El titular del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que presentará un proyecto para equiparar la legislación y que las interrupciones de embarazos se cumplan en todos los distritos por igual.
El anuncio tuvo lugar el mismo día en que Uruguay aprobó una ley que permite a cualquier mujer abortar hasta las doce semanas de gestación, norma que por la cercanía volvió a avivar la discusión por ese proyecto dentro del país. La iniciativa que impulsará Pichetto todavía no fue redactada y en su entorno aclararon que el anuncio fue realizado a título personal, sin indicaciones del Gobierno para avanzar en este sentido.
"Vamos a presentar un proyecto de ley porque este debate hay que terminarlo", subrayó el titular del bloque kirchnerista en el Senado y sostuvo que "la ley tiene que ser general para todo el país". En las últimas semanas, luego de que la Corte Suprema sentara las bases para el aborto no punible en los casos de violación, se registraron dificultades a la hora de la concreción del procedimiento, ya que juzgados dieron lugar a recursos de amparo y también algunos médicos se negaron a interrumpir el embarazo. Hubo problemas para concretar abortos no punibles en Salta, Santa Fe y La Plata.
El caso de Uruguay
El Senado uruguayo dio este miércoles sanción definitiva a una ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, lo que convierte al país en el segundo de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba. La iniciativa fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador Jorge Saravia, ex integrante del FA y que actualmente milita en el opositor Partido Nacional.
El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que ahora solo resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo. El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena de proyectos de legalización del aborto desde 1978.
El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez —el primero de izquierda en el país— alegando "principios éticos". En cambio, su sucesor José Mujica ya anunció que no vetará esta iniciativa. El proyecto aprobado el miércoles —que implicó una negociación con el Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la cámara de Diputados— prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiera abortar se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.
Temas pendientes
El debate enfrentó a quienes defendieron el derecho del embrión con quienes consideraron el proyecto una alternativa a la ineficacia de la ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que consienta un aborto y a quien colabore con el mismo. "Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay", dijo el senador del FA Luis Gallo, enfatizando que "la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta".
"Solo el 0,04% de los 30.000 abortos que se dice se realizan en Uruguay terminan en procesamientos", enfatizó el legislador. Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, frente a unos 47.000 nacimientos.
Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, cuestionó que "esta es una mala solución a un problema médico social que tiene este país", indicando que instaura un sistema "complejo y dificultoso" y que acceder a una entrevista con un equipo multidisciplinario será "prácticamente imposible" en gran parte del interior del país. Lejos de debates anteriores, rodeados de manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa, esta vez menos de medio centenar de personas presenció la votación desde las gradas.