"Néstor tenía quien siguiera con el proyecto, pero para Cristina no hay herederos". La frase sintetiza el pensamiento de un ministro del Gobierno nacional, que observa el panorama político con preocupación en el tramo final de un año que resultó más que complicado para el oficialismo.

El diagnóstico, por más pesimista que parezca, parte de un hecho concreto: ninguno de los preferidos de la Presidenta, la mayoría de ellos enrolados en la agrupación La Cámpora, cuenta con un respaldo interesante en las encuestas. Ni siquiera el más lúcido del grupo, el viceministro Axel Kicillof.

En rigor, los camporistas casi no figuran en los sondeos de opinión, porque la mayoría de los consultados no los conoce. Y a esta altura de las circunstancias, hace rato que el vicepresidente Amado Boudou dejó de ser una opción de recambio. Este dilema está comenzando a provocar movimientos internos en el peronismo. En ese amplio movimiento, al que sin embargo el kirchnerismo está dotando de un sesgo unidireccional, todavía hay quienes piensan que la Presidenta debe impulsar una reforma constitucional para intentar una re-reelección en 2015. Pero hay otros que ya se preparan para tomar la posta en caso contrario.

En la semana que termina hizo mucho ruido político la declaración del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sobre su proyecto presidencial. Tampoco pasó inadvertido el lanzamiento de una agrupación que se encolumna detrás del bonaerense Daniel Scioli, quien ya dijo lo suyo en ese mismo sentido. Otros peronistas como el cordobés José Manuel de la Sota o el sindicalista Hugo Moyano ya tantean la posibilidad de armar una confederación de partidos provinciales de cara a las elecciones legislativas de 2013. La gran duda de este sector es si debe abrirle las puertas al PRO de Mauricio Macri.

Actitudes contradictorias

El jefe de Gobierno porteño dio en los últimos días algunas señales contradictorias. Por un lado, se fotografió con Moyano y por el otro le pidió a su bloque de diputados que acompañara el proyecto oficialista para modificar la Ley de Accidentes de Trabajo. Hubo cuestionamientos internos pero la mayoría acató. La iniciativa fue duramente criticada por los gremios y apadrinada por la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo jefe José Ignacio de Mendiguren salió a dar la cara cuando algunos diputados oficialistas se tapaban la nariz para seguir las instrucciones de la Casa Rosada. Así de enroscada estuvo la cosa.

Mientras tanto, la Presidenta matizaba encuentros sociales —el cantante Luis Miguel, el boxeador Sergio "Maravilla Martínez— con reuniones reservadas para buscarle una salida a la controversia por la Fragata Libertad, retenida en Ghana por acción de los fondos buitre. A la luz de los acontecimientos, no la encontró. El mismo día que se votó la ley de ART, el Gobierno trajo de vuelta a los marinos de la Fragata en un avión de Air France contratado especialmente, porque no era aconsejable que regresaran en uno de Aerolíneas. Y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien ya había puesto su renuncia a disposición de la Presidenta, asumió la responsabilidad del caso.

Puricelli también teme por el destino de una corbeta de la Armada que tuvo que amarrar en un puerto de Sudáfrica a raíz de un desperfecto técnico, mientras participaba de ejercicios navales denominados Atlasur IX. No sea cosa que el fondo NML Capital, que retiene a la Fragata Libertad, también la ponga en la mira. De los Estados Unidos tampoco llegaron señales alentadoras. Una Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó un fallo del juez Thomas Griesa, ya conocido por los argentinos, que estimó que los acreedores de la deuda que no participaron de los canjes deben tener un "tratamiento igualitario" con los otros bonistas.

La situación derivó en una fuerte caída de los bonos argentinos, que en algunos casos superaron el cuatro por ciento, y puso en evidencia una carencia diplomática notoria, tal vez porque en Washington aún no perdonan la famosa requisa que el canciller Héctor Timerman hizo a un avión militar norteamericano. De todos modos, el conflicto parece injusto con el Gobierno que más deuda externa pagó en las últimas décadas. Y que logró —gracias a la creatividad de Néstor Kirchner— presentar algo sumamente impopular en la Argentina como una medida progresista destinada a recuperar la soberanía económica del país.

De Kirchner a Cristina

Kirchner fue la figura que le dio un nuevo sentido al peronismo en la primera década del siglo XXI. Con su potente liderazgo, logró aglutinar a dirigentes de distinta procedencia en un proyecto que alumbró tras la gran crisis de 2001-2002. El kirchnerismo fue un soplo de aire fresco para un país agobiado. Ahora la situación es distinta. El kirchnerismo acumuló poder y ya lleva casi diez años en el ejercicio del Gobierno, lo cual trae aparejado un desgaste y la consecuente salida de dirigentes que alguna vez estuvieron enrolados en el oficialismo. Sin embargo, aún conserva alguna dosis de proyección política.

Por eso, la oposición madura la conformación de un bloque antirreeleccionista. Lo propuso la Unión Cívica Radical, que llamó a armar una "multisectorial", en una idea que ya prendió en el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner y también en sectores del peronismo disidente como los que encarna Francisco De Narváez. Pero más allá de estos intentos partidarios, empieza a gestarse un clima político poco favorable a una reforma constitucional. Una señal en ese sentido tiene lugar en Misiones, donde reapareció el obispo Joaquín Piña, aquel que encabezó un frente anti reforma hace seis años y doblegó la ambición del gobernante de turno.

En Mendoza, en tanto, la oposición bloqueó en la Legislatura el proyecto de reforma enviado por el gobernador Francisco Pérez, mientras que en Santiago del Estero la intención re-eeleccionista del radical convertido a kirchnerista Gerardo Zamora entró en un cono de sombras pese a la altísima imagen positiva de su gestión. A nivel nacional, la encrucijada está más presente que nunca.

Mariano Spezzapria
NA