En uno de sus habituales arranques de intemperancia y de irrespetuosidad, el presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, la emprendió públicamente contra el señor Danilo Arbilla y contra varios diarios uruguayos, incluyendo a El País. Lo hizo, so pretexto de un informe crítico de la Sociedad Interamericana de Prensa respecto de ciertas restricciones indirectas a la libertad de prensa en el vecino país, cuya responsabilidad se atribuye a su gobierno.
   No vamos a abrir juicio sobre dicho informe, que no hemos leído. Carecemos de los elementos de juicio necesarios para hacerlo y, además, no es hoy nuestro tema. Sí afirmamos, categóricamente, que es impropio de la investidura y de la posición institucional del primer magistrado de una nación, descender al terreno en que incursionó Kirchner, calificando y descalificando personas y medios de comunicación de otro país —casi hermano, por añadidura—, basándose en una nota de otro periodista que ha tenido duros enfrentamientos personales con Arbilla y discrepancias varias con los diarios en cuestión.
   Por esta vía más que inelegante, el presidente argentino, sin tomar injerencia en nuestros actuales asuntos internos como ya lo hizo en más de una oportunidad, se entromete en nuestros anteriores problemas de ese orden, emitiendo juicios irrespetuosos respecto de hechos y trayectorias pasadas, que sólo conoce de oídas y a medias.
   ANTE las denuncias contenidas en el informe de la SIP, lo que procedía no es pretender escaparse por la tangente, descargando artillería gruesa sobre quienes no son responsables de tal informe y, además, pertenecen a un país vecino y amigo. Un presidente, por más irritado que esté, debe actuar con otra compostura y con buenos modales. Y, además, no proceder atropellada e irreflexivamente.
   Lo que procedía era atenerse a la acusación de que fue objeto su gobierno y no intentar sacarse el sayo y colocarlo sobre los hombros de terceros que ni siquiera son sus compatriotas, por cuya causa es de muy mal gusto que los rezongue, haciéndolos blanco de su intemperancia verbal. Lo que correspondía era refutar los cargos de la SIP, en el supuesto de que éstos fueren infundados. O, en la hipótesis de que no lo fueren, enmendar la inconducta de su gobierno con los medios de comunicación.
   En lo que atañe al contenido mismo de su inmotivado ataque, no vamos a asumir la defensa de los colegas que, junto a nosotros, fueron víctimas de su malhumor. Ellos pueden defenderse solos y seguramente lo van a hacer. Pero sí debemos refutar y rechazar de plano su acusación de que El País fue "vocero de la dictadura militar". Nuestro diario no nació ayer ni anteayer, lo que seguramente desconoce este ocupante interino de la Casa Rosada y de la residencia de Olivos.
   EL PAIS tiene cerca de nueve décadas de presencia activa y digna en el escenario nacional. Fundado por tres ciudadanos ilustres, los doctores Leonel Aguirre, Washington Beltrán y Eduardo Rodríguez Larreta, siempre defendió las banderas de la libertad y de la democracia. Y siempre, asimismo, apostrofó a todas las dictaduras y abominó de todos los totalitarismos. Ríos de tinta derrocharon sus directores y redactores en la permanente censura de Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Mao Tse Tung, Fidel Castro y muchos otros dictadores y dictadorcitos. Tiranos y tiranuelos.
   En tiempos de la dictadura uruguaya del presidente Gabriel Terra —los mismos de la "década infame" en la Argentina—nuestro diario fue objeto de la censura que durante tres años, de 1933 a 1936, ejerció aquel gobernante. Y también fue temporariamente clausurado, no pocas veces, por no callar sus críticas al régimen. El presidente Kirchner, nonato en esa época, ciertamente lo ignora.
   SOBREVINO en 1973 el injustificado golpe de Estado que nos trajo once largos años de férrea dictadura militar, una verdadera tiranía, indudablemente mucho más dura que los anteriores gobiernos de facto que sufrió nuestro país.
   En nulas condiciones de libertad, al principio tratamos de condenar a la dictadura por vías indirectas, mediante artículos sobre cuestiones y situaciones históricas análogas. Y, a veces, por caminos no indirectos, como los que algunas veces transitó nuestro querido y extinto ex director, el doctor Washington Beltrán. Pero tales intentos de oposición debieron por fuerza abandonarse. Alguna sanción menor nos fue aplicada —creemos recordar— y nuestros tres directores fueron citados más de una vez a dependencias gubernamentales, siendo advertidos de que cualquier crítica futura, directa u oblicua, sería sancionada con la máxima severidad.
   En tan penosas condiciones y para no arriesgar una clausura "sine die" que podía significar el fin del diario y de la empresa que lo edita, hubo que adaptarse a la situación y silenciar las discrepancias. El doctor Beltrán, en señal inequívoca de protesta, colgó su brillante pluma por varios años, hasta que vientos de libertad volvieron a soplar fuerte en nuestra tierra. Pero ni aun ello impidió que El País sostuviera siempre la tesis de que debía retornarse cuanto antes al imperio de la Constitución, restableciendo su vigencia.
   ES falso que este medio de prensa, decano actual del diarismo nacional, haya sido vocero de la dictadura. Simplemente, más que adaptarse a las reglas de juego impuestas por los detentadores del poder, debió sufrirlas, del mismo modo que las sufrieron los colegas de la prensa argentina bajo la sangrienta tiranía de Videla, Massera y sus efímeros sucesores.
   No nos alcanza, pues, la crítica indebida de este presidente argentino que es contumaz en la inobservancia de la circunspección y el respeto inherentes a los deberes de su alto cargo. Alta magistratura que llegó a ocupar —por los azares electorales— sin la debida preparación para ejercerla con altura y seriedad.
   A la vista está, desde que sucedió al señor Duhalde. Son sus errores en el ejercicio de sus funciones, así como la indelicadeza con que suele ejercerlas, los que dan mérito a nuestro juicio crítico de su gestión y, sobre todo, de su estilo. Mejor dicho, de su falta de estilo. No hacemos caudal, para ello, de sus yerros políticos juveniles, incompatibles con una trayectoria democrática rectilínea.

Diario El País

INFORME PRELIMINAR DE LA MISION DE LA SIP EN LA ARGENTINA

    Buenos Aires (2 de marzo del 2005) – Al término de la primera etapa de la tarea que realiza una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa que visita la Argentina, cumpliendo un mandato de su asamblea general, comunica los resultados preliminares de las informaciones recogidas hasta el momento.
    Tres temas básicos estaban en los objetivos de la delegación según la resolución asamblea de la SIP: A) problemas en materia de libertad de prensa como consecuencia de denuncias sobre veladas presiones a los periodistas y a los medios de comunicación, y una estrategia de comunicación del gobierno nacional que se refleja en problemas de desinformación que afectan uno de los derechos básicos de los ciudadanos de saber todo lo que sucede y poder recibir cuenta diaria de la actuación de sus representantes; B) estado y trámite del proyecto de ley sobre el acceso a la información y C) problemas de libertad de prensa específicos en la provincia de Neuquén.
    En lo que hace a este último punto, la delegación que encabeza el presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada Cisneros (Perú), e integrada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín (Guatemala); los ex presidentes de la institución Edward Seaton, Robert Cox (EE. UU.), Danilo Arbilla (Uruguay); además de Roberto Rock (México) y Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa, partirá mañana hacia la provincia patagónica y hará conocer los resultados conocidos al fin de su estancia.
    En cuanto a la misión en Buenos Aires, los delegados de la SIP se entrevistaron con representantes de los tres poderes públicos del Estado, entre ellos el vicepresidente de la República, Daniel Scioli, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi y el jefe de Gabinete de Gobierno, Alberto Fernández, así como con líderes parlamentarios, y dirigentes políticos como Elisa Carrió. La delegación también mantuvo entrevistas con directivos y periodistas de los medios de comunicación: La Nación, Clarín, Ambito Financiero, El Día de La Plata, El Diario Popular, Página 12, Editorial Perfil, Infobae y Canal 9, así como periodistas independientes, columnistas, conductores de radio y televisión, profesionales agrupados en FOPEA y representantes de la academia. Asimismo, la delegación mantuvo reuniones de trabajo con la dirigencia de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, y la organización no gubernamental Poder Ciudadano.
    A) Los representantes de la SIP, a lo largo de su gestión, recibieron en todos los casos un trato en un marco de cordialidad y respeto, posibilitando la obtención de muy rica información y dando lugar al intercambio de ideas y opiniones en un ambiente de tolerancia y respetuoso.
    En lo que hace al tema específico al estado de libertad de prensa, los visitantes recibieron una información coincidente y casi unánime en el sentido de que los medios de comunicación y los periodistas son blanco de un estilo de relación con funcionarios del gobierno que en la mayoría de los casos se define como presiones que inciden en forma importante en la información que se transmite al público. La responsabilidad se atribuye a esa conducta, pero también se asume como faltas propias de los medios y periodistas, quienes en una actitud de autocrítica no esquivan sus propias responsabilidades.
    Pasando a hechos concretos y más discutibles, la misión ha comprobado que la asignación de publicidad oficial se aplica con un criterio que no es objetivo ni sigue pautas técnicas ni profesionales, planteándose situaciones desiguales que son calificadas por los periodistas como actos de discriminación favoreciendo a determinados medios y castigando a otros. En esta materia, la SIP sostiene que sólo los criterios técnicos deben regir el manejo de los recursos públicos que aportan los contribuyentes a través de la publicidad oficial para que sea diáfano, evitar suspicacias y para que no se utilice en forma arbitraria como instrumento de premio y castigo.
    En esta materia, el gobierno nacional aplica un criterio distinto que denomina de equilibrio, que considera es el que corresponde y con el que advierte que se evita favorecer a los medios más grandes y de hecho aplicar una política de apoyo a los medios medianos y pequeños. Si bien, en Casa de Gobierno se expresó claramente que ello no significa ‘salvar medios’, paralelamente y en forma pública un funcionario del Comfer admitió que el gobierno mantiene a más de un medio y ha evitado la desaparición de otros. El Dr. Alberto Fernández dijo también que a determinados medios directamente el gobierno no le da publicidad por entender que ‘aplican políticas extorsivas’ y, en función de lo cual, si se otorgara publicidad oficial ello indicaría un mensaje equívoco que el público interpretaría como que el Gobierno le está pagando a esos medios para que se ‘callen’.
    Otra diferencia que quedó de manifiesto, en cuanto a la visión de la SIP y la política del gobierno, quedó planteada en lo que las autoridades argentinas llaman sus ‘estrategia comunicacional’. En ese plano, señalan que se sigue una política de comunicación directa del presidente con la ciudadanía: ‘el presidente habla directamente con la gente’ a través de discursos y en actos públicos. No le dan importancia preferencial, así lo manifestó Fernández, a la intermediación de la prensa y los periodistas en el marco de la comunicación entre los gobernantes y los gobernados, entre la ciudadanía y sus representantes.
    El jefe de gabinete dijo que el Gobierno y él mismo atiende a los periodistas y que aplica una política informativa muy transparente facilitando el acceso a la información pública reglamentado por un decreto del propio Gobierno y que, además todos los actos oficiales se reflejan en el Boletín Oficial y sitio web. Como contrapartida, los periodistas, denuncian directamente maltrato, discriminaciones y el uso de un mecanismo que califican de siniestro que es ‘el telefonazo’ con la advertencia y la queja. Concretamente, a determinados medios, caso Noticias, se le impide el ingreso a la Casa de Gobierno y se cita como otro ejemplo sobre las discriminaciones del gobierno, las invitaciones para viajar y acompañar al Presidente en el avión presidencial. En estos días, además, periodistas acreditados en Casa de Gobierno hicieron público una protesta en la que manifiestan su ‘malestar provocado por las reiteradas muestras de autoritarismo’ de la Secretaría del Vocero Presidencial. En su planteo, los periodistas de la Casa de Gobierno señalan restricciones por los que si aceptaran procedimientos “deberíamos permanecer en una especie de jaula encerrados en la sala de periodistas”. Se quejan, asimismo, sobre carencias serias y de todo tipo sobre la información que se les suministra.
    Los delegados de la SIP expresaron en las entrevistas su visión y los principios que defiende la institución, admitiendo como natural el saludable conflicto entre el poder y la prensa como consecuencia del deber de ésta de llevar toda la información a los ciudadanos para que estos puedan llevar cuenta diaria de cómo manejan sus asuntos sus representantes en los organismos gubernamentales. En este aspecto, los delegados de la SIP valoran el reconocimiento que los propios representantes de los medios de comunicación y periodistas hacen respecto a sus tareas y las culpas propias surgiendo una coincidencia de que se está informando con una excesiva prudencia que en casos se atribuye a la presión del poder, en casos se dice que es una consecuencia de la propia “responsabilidad social” de los medios y, en otros, se estima que existe una omisión, quizás motivada por el miedo y la necesidad.
    B) En lo que hace al proyecto de Ley de Acceso a la Información radicado en la Cámara de Diputados, la SIP ve con profunda preocupación las deficiencias de esta iniciativa para garantizar el derecho a saber por parte de los ciudadanos. La SIP considera que esta iniciativa no cubre estándares mínimos internacionales en la materia. La mayor parte de sus criterios otorgan un excesivo margen de discrecionalidad a la autoridad, la que en lugar de someterse a principios democráticos de rendición de cuentas y transparencia, se asume como propietaria de la información que pertenece al ciudadano.
    Preocupación particular nos despiertan diversos artículos de esta iniciativa que en su versión actual incluye a entes privados como sujetos obligados de esta ley, lo que no existe en ninguna legislación en la materia en el mundo. Puede interpretarse a la luz de esta ley que entre los entes privados estarían incluidos los medios de comunicación, que de no someterse a los restrictivos márgenes de esta disposición, podrían ser sometidos a penas administrativas y aún de cárcel. Esta iniciativa, en consecuencia, representa una amenaza para la libertad de expresión y para la tarea de los periodistas. Urgimos al Congreso argentino a modificar esta iniciativa, suprimir de ella las disposiciones que lesionen las libertades ciudadanas, y en cambio se impulse una verdadera normatividad en el campo de la transparencia y el acceso público a la información bajo control de los órganos del Estado.
    Esta visión de la SIP, planteada a legisladores, es compartida por la totalidad de los medios de prensa, de los periodistas, la academia y organismos cívicos consultados por los integrantes de esta misión. Confiamos que en la sociedad civil argentina; que la academia y los organismos ciudadano, acompañados por los medios de comunicación impulsarán el debate necesario para que Argentina cuenta con una ley de acceso que sea ejemplo en el mundo y de la que los argentinos puedan sentirse orgullosos.