Después del fallo del caso María de los Ángeles “Marita” Verón y la indignación, la presidenta Cristina Fernández llamó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley “sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”.
En 2004, el secuestro seguido de muerte del joven Axel Blumberg motivó una cruzada multitudinaria para pedir seguridad: nacían las leyes Blumberg. En 2010, tras una violenta salidera bancaria que provocaría la muerte de Isidro, un bebe, el debate sobre esta modalidad delictiva recrudeció: se sancionó la Ley de seguridad bancaria. La lista sigue. Es sintomático: la presión social y mediática ante hechos aberrantes —los que cobran visibilidad por diversos factores— instalan temas y la sensibilidad hace que una comunidad esté más abierta a discutir determinadas problemáticas, aquí los funcionarios aparecen en escena. Sin embargo, lejos de ser la solución, se buscan medidas rápidas, cosméticas en algunos casos y sin sustento serio de proyectos a largo plazo.
Estas víctimas murieron —y mueren— por el letargo, desinterés y pésima gestión de una dirigencia política ocupada siempre en acumular poder, pero que, viendo su poder en crisis ante la furia popular, sale a maquillar con reformas buscando los cambios que se venían pidiendo a gritos hace mucho tiempo.
Entre 2008 y 2009 se registró un notable aumento de las salideras bancarias, cada vez más precisas y ambiciosas. La policía no encontraba el modo de detenerlas. ¿Hubo tiempo suficiente para un alerta? Lo hubo, las estadísticas lo señalaban y los especialistas también.
Entre motochorros fugaces que aparecían para robar los jugosos botines y golpes más espectaculares en cantidad de dinero, esta modalidad se tornó un gran dolor de cabeza y los clientes iniciaron juicios a sus propios bancos dónde habían confiado sus ahorros. Miles de casos desfilaron por los medios de comunicación de todo el país hasta que en julio de 2010 el brutal ataque a una mujer embarazada que salía de retirar dinero de un banco de La Plata sobrepasó todos los límites imaginados. Carolina Píparo, muy cerca de dar a luz, retiró 10.000 pesos y 10.000 dólares de una sucursal platense y al salir fue interceptada por delincuentes que le dispararon en el rostro para robarle el efectivo. Salvó su vida de milagro pero su bebe Isidro, que nació por una cesárea de urgencia como consecuencia del ataque, no sobrevivió. Meses después se impulsó y aprobó la Ley de seguridad bancaria. Se aplicó con serias dificultades y el delito mutó a las “entraderas”.
Axel Blumberg tenía 23 años y estaba a punto de recibirse de ingeniero en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Pero el sueño se desvanecía abruptamente: fue secuestrado y asesinado en Marzo de 2004. Su padre, el empresario textil Juan Carlos Blumberg, captó el hartazgo de ciertos sectores de la sociedad que reclamaban seguridad. El 1° de Abril de 2004 reunió más de 100.000 personas y presentó proyectos de endurecimiento de penas. Las leyes Blumberg emergían como una alternativa que salía de un ciudadano —no de un funcionario—, casi la aceptación de la derrota de un sistema político muy lejano a interpretar las demandas y en aplicar cambios estructurales. La reforma del Código Penal impulsada por el empresario presentó un artículo declarado inconstitucional, fue difusa y contradictoria. Como era de esperar, escasos resultados. El caso de Axel, como ejemplo de medidas para acallar de cualquier modo posible a un pueblo indignado, es tan claro que obliga a repensarlo. Más aún si, tras 8 años del asesinato del joven, la inseguridad sigue siendo uno de los máximos reclamos de la ciudadanía y gran parte de su debate se centra, increíblemente, en si es un problema de dimensión relevante, mientras los hechos se suceden. Las leyes Blumberg, como estocada final, tienen el destino de su derogación.
La sesión extraordinaria convocada por Cristina para debatir sobre la trata de personas muestra otra vez que la política llega a destiempo: Marita Verón ya no está y otras víctimas tampoco.
El cortoplacismo crónico, la visión sesgada sin atacar la raíz de la conflictividad y la búsqueda del rédito político, entre otras desafortunadas razones por las cuales nada cambia, genera una democracia en dónde sus mecanismos institucionales no funcionan o sólo se activan por momentos, cuando el rojo de la alarma se cansó de sonar y el daño es irreparable.
Sebastián Turtora
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