Este jueves, y ante toda previsión posible, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, informó que la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto para anular el que, durante el gobierno de Carlos Menem, cedió el terreno a la entidad agropecuaria, declarándolo así de utilidad pública.

La Rural o Predio Ferial de Buenos Aires es uno de los más importantes centros de exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En agosto, Francisco de Narváez vendió su parte de la concesión del predio de La Rural de Palermo al Fénix Entertainment Group. El ahora diputado había ingresado en el negocio en 2005, por un periodo que finalizaba en 2025.

El 1 de diciembre, el grupo IRSA (de Eduardo Elsztain), compró 25% de La Rural SA, por $ 32 millones.

Cada vez que SRA conversaba con interesados en el negocio es la concesión aclaraba que el predio se limita a realizar eventos de todo tipo, pero no su enajenación para construcción de viviendas de ningún tipo y que el destino únicamente está autorizado para que se explote como predio de exposiciones y entretenimiento.

En 1991, el predio fue adquirido por la SRA en unos u$s 30 millones, durante el Gobierno de Carlos Menem con Domingo Cavallo como ministro de Economía. Esta acción, presuntamente fradulenta mereció una causa que aún continúa abierta a cargo del juez Sergio Torres, ya que se cree que fue vendida a un “precio vil” y unos u$s100 millones por debajo de su valor real en ese entonces.

Recientemente, la Unidad Básica Pueblo Peronista de Núñez, comandada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, preguntó a través de Facebook qué se podría construir en el predio ferial de Palermo si fuera "de dominio público". "¿Qué harías si un día soñaras que... el Predio Ferial de Palermo es de Dominio Público y está disponible?", preguntó Moreno vaticinando lo que decretó hoy la mandataria.

Hay que destacar que al no tratarse técnicamente de una expropiación, ya que el decreto restituye el predio ferial La Rural de Palermo a la órbita del Estado nacional, no contemplaría pago a los actuales dueños, aunque la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá determinar las "compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta".