Haciendo un pantallazo básico de la actualidad del país, nos encontramos en principio con el gravísimo problema de la inseguridad, seguido por la falta de trabajo y educación; y esto no es una creencia personal, basta con ver cualquier canal de noticias o bien caminar algunas zonas y hablar con los pobladores para darse cuenta de la necesidades reales de la gente y no de las pasajeras y/o inventadas a los fines de ser pseudo subsanadas por el gobernante de turno.

Asimismo, basta con analizar los proyectos de gobierno hasta la actualidad para determinar que ninguno de ellos fue realizado o llevado a cabo para construir una nación basada en la paz y la unión de sus habitantes sin distinciones, centralizando la corrupción —considerada la raíz de todos los males que nos aquejan como argentinos— en sectores determinados para controlarla, perseguirla y castigarla dentro de un marco legal.

Para ello, se debería en principio dejar de lados los egos personales (empresa difícil si las hay) y lograr una reestructuración del Estado sin alterar el ordenamiento jurídico y constitucional garantizando así los derechos que le son inherentes a las personas.

No es tan difícil ni alocado como parece, es simplemente utilizar el sentido común y que los gobernantes, sea cual fuere su partido político, comiencen a pensar en los habitantes que los legitimamos (ya sea con nuestro voto a favor o no, pero en definitiva son gobernantes porque existimos como ciudadanos). En ese orden, se deben aplicar programas de seguridad y modificaciones legislativas que permitan una adecuada prevención, disuasión y represión del delito y con esto no quiero decir dar “carta blanca” a las fuerzas de seguridad estatales, sino capacitarlos en un total respeto por las leyes y realizar las reformas o suplantaciones de las normas en vigencia, tanto en el ámbito del derecho privado y el derecho público —a grandes rasgos civil y penal, los dos aspectos más importantes del derecho, subdividido el primero en varias ramas— para lograr que la sociedad toda se sienta absolutamente protegida tanto física como jurídicamente por el Estado y que quien pretenda cometer un acto ilícito sepa que va a ser perseguido por profesionales y será juzgado en un proceso con garantías pero con seriedad y rigidez aplicándosele las penas que permitan su corrección y reinserción social acorde el delito que cometiera.

Con respecto a la falta de trabajo, se debe generar el ambiente apto para las inversiones de buena fe y que sean rentables, pero con la garantía de un Estado controlador a través de sus estamentos correspondientes y asimismo lograr la inversión estatal en determinadas áreas propias por excelencia (energía, transporte, etc.) sin afectar el presupuesto a los fines de evitar el déficit y el incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Para ello, los cargos electivos deberían ser desempeñados por personas capaces y honestas, para lo cual bastaría con buenos sistemas de control (partidario, extra partidario, judicial, etc.) y gobernantes con salarios que si bien le permitan un buen nivel de vida acorde la función —recordemos que si su sueldo es miserable gobernaría desde el odio clasista y sería terreno de cultivo para la corrupción, por ende no realizaría sus funciones desde donde se debe, no, no el amor como diría un puntero político, sino desde el sentido común y la legalidad— pero no tan exorbitantes como los actuales, careciendo de los vehículos oficiales, asistentes, asistentes del asistente, y beneficios al por mayor, ya que si una persona que con un sueldo mensual aproximado de, supongamos, $30.000,00 no puede tener un buen nivel de vida es un inepto, un ambicioso o un corrupto (ninguna de las cualidades que debe tener un político), teniendo en cuenta que la mayoría de “clase política” tiene negocios particulares, los cuales sin lugar a dudas debería ser legítimos pero traspasados a un veedor o controlador judicial al momento de asumir el cargo a los fines de evitar todo tipo de incompatibilidad o beneficio espurio que pueda generarse en desmedro del erario estatal.

De esa manera, solucionaríamos dos problemas, en principio sería una opción para obtener mas dinero estatal parea invertir lícita y razonablemente con rentabilidad sin afectar el presupuesto y además se incitaría a los corruptos a alejarse de la función pública, centralizándolos en la función privada donde es más fácil controlarlos, perseguirlos y castigarlos en un marco de legalidad plena.

Con respecto a la educación, cualquiera de nosotros que seamos padres, con sólo comparar el nivel académico de colegios de nuestros hijos con el de otros niños que concurran a establecimientos diferentes obtendremos impresionantes diferencias en los contenidos, es decir va más allá de la pedagogía del docente. Para ello, en principio debería realizarse un cambio total de sistema académico argentino, proponiendo como obligatoriedad estudios terciarios, aumentando y actualizando los contenidos de los programas e incluyendo en el nivel secundario la materia de ciencias políticas (no a nivel universitario, pero si básicamente sus conceptos) sin adoctrinar ni politizar, sino para que los estudiantes puedan discernir y entender la importancia del voto y la comprensión de un programa o discurso político serio y democrático de uno demagógico o autoritario e imposible de llevar a cabo en una sociedad de bien.

Asimismo, lograr como exigencia que para la futura inclusión en el marcado laboral se exija el nivel terciario, lo cual acorde la hipotética visión personal sería lógico que todos o la gran mayoría lo cumplimentara, garantizando a su vez la permanencia de quien ya se encuentra en el mercado laboral sin modificar su nivel de estudios. De esta manera no hablaríamos de “voto calificado” (particularmente me parece una locura en estos tiempos y en épocas de democracia), pero si se calificaría el voto y los ciudadanos seríamos capaces de defendernos de los discursos y proyectos políticos personalistas, autoritarios o envueltos en demagogia ocultando corrupción.

O sea, como ven es una visión totalmente particular, pero también es un llamado de atención hacia los gobernantes, que en la Argentina somos muchas las personas capacitadas que deseamos una patria en paz con unión y respeto.

Espero que alguien, en algún momento piense y actúe con cordura y seriedad, privilegiando a la Nación ante que sus intereses, y anhelo también que sin perjuicio de las sentencias de los jueces, sea la historia, portadora de una verdad superior, la que los juzgue y condene a quienes actuando con corrupción y pensando en su bien personal han colaborado para la situación actual de país desde sus inicios hasta la actualidad sin distinción de ideologías políticas. 

Darío Ezequiel Pulella
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