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Poco tiempo atrás, desde este mismo medio se denunció el “golpismo kirchnerista” expresando que detrás del discurso con tintes democráticos del gobierno se escondía un ferviente deseo, cada vez más evidente, de atentar contra el Poder Judicial del Estado argentino. Jamás imaginamos que esta denuncia de golpismo sería corroborada en los hechos de manera tan cabal mediante la concreción de un intento de golpe tan descarado contra un Poder Ejecutivo legítimamente constituido de nuestro país.
Cristina se ha cansado de hablar de “golpe institucional”, por ejemplo, en el caso de la destitución del presidente Lugo en Paraguay o cada vez que teme que una protesta inofensiva le quite popularidad. El concepto, más allá de su uso abusivo por parte de la presidente, sirve para entender, justamente, que un golpe no puede provenir solamente de los militares y no se puede dar sólo contra el Ejecutivo, sino que cualquiera de los tres poderes del Estado puede perpetrarlo si atenta contra la continuidad o estabilidad de cualquiera de los otros. Los poderes son independientes entre sí, en igual jerarquía, más allá de que al presidente se le conceda el título de “jefe supremo de la nación” o Jefe de Estado a los efectos de representarnos a todos en el extranjero.
Luego de los saqueos de Bariloche, que se propagaron por todo el país, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el senador nacional kirchnerista, Miguel Pichetto, se reunieron con el intendente Omar Goye y le solicitaron que deje el cargo, pedido que repitieron a través de los medios una vez finiquitado el encuentro.
Como era de esperar, el intendente de Bariloche denunció un “golpe institucional” contra su investidura. Le estaban quitando el apoyo político para que caiga porque a Cristina ya no le convenía su presencia en el gobierno local, pero además estaban presionando mediáticamente e instalando en la población la idea de que era el culpable de los saqueos y de que debía abandonar su cargo, descontando la discriminación en la distribución de fondos públicos.
El propio Pichetto reconoció incluso que el pedido de renuncia de Goye había sido “conversado” con la presidente. Si todo esto, además de constituir una vergonzosa y cobarde búsqueda de un chivo expiatorio para el tema saqueos, no es acaso una intromisión en las autonomías provincial y municipal y un “golpe institucional” contra el Poder Ejecutivo de Bariloche, no sé qué será.
No sabemos aún si el intento golpista será exitoso o no, pero queda la pregunta: Si esto hacen con uno de los suyos, ¿qué serán capaces de hacer para bajar a un gobierno opositor cuando se les presente la ocasión?
La división de poderes y el federalismo no son formalismos, sino sistemas de control del poder para asegurar la vigencia efectiva de la ley y de los derechos humanos. Denunciar los golpes institucionales no es un mero recurso retórico o propagandístico, como cree el kirchnerismo, sino una parte esencial de la vocación democrática y republicana.
Rafael Micheletti
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