Néstor Kirchner murió el 27/10/2010. El 24/12/2010, se publicó en el Boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires la ordenanza tarifaria para el 2011, que en su art. 78 dice “Disponer la extinción de pleno derecho de las deudas devengadas hasta el 31 de diciembre del 2010 inclusive, por la aplicación del impuesto de la Transmisión Gratuita de Bienes”.Es decir que los impuestos a las sucesiones de los fallecidos en el 20l0 que no habían sido pagadas hasta entonces estaban exentos de hacerlo.

¿Alguien podrá argumentar por qué se anula la tasa a las sucesiones de los fallecidos en el 2010? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se sanciona una exención retroactiva durante el curso de un solo año?

Para aquellos que puedan cuestionar lo que informa este texto, diciendo que Néstor murió en Santa Cruz y la mayoría de sus bienes estaban en esa provincia, les digo que el Código Civil de la República Argentina, Título I de las sucesiones, Art.3283, dice: “El derecho de sucesión al patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros”.

El domicilio del novel prócer comparado con Belgrano, don Néstor, en el momento de su fallecimiento estaba situado en la provincia de Buenos Aires

Además la fecha elegida para la publicación en el Boletín Oficial, el 24 de diciembre no es casual, es un momento en que nadie se preocupa por leer este tipo de cosas y así puede pasar desapercibida para la mayoría, como creo que sucedió en este caso.

Pasando a otro tema, pero que tiene que ver con el título de la nota, nos enteramos hace pocos días de la desaparición de tres cuerpos del expediente de la (IGJ) Inspección General de justicia, hoy en manos del camporista Norberto Carlos Berner, aunque se sospecha que esto sucedió en la gestión de su antecesor, otro camporista, Marcelo Mamberti.

Ese material podría resultar clave en la causa judicial en la que está imputado el vicepresidente Boudou, quien se vincula con los nuevos directivos de la Nueva Ciccone hasta la estatización de la empresa.

La impunidad para hacer desaparecer no solo las copias, sino también el original para que no pueda reconstruirse el expediente, es un hecho mafioso llevado a cabo por personas que conocen en detalle que es lo medular, lo más importante del expediente, y sin el cual, seguramente no se llegará a ninguna condena.

Pero estos delincuentes que llevan adelante este tipo de robo también saben que tienen la protección de los estamentos superiores.

Lo que es sumamente llamativo en este caso, es la preocupación que existió en el más alto nivel para que no se conocieran los trasfondos de este tema.

Cuando la empresa que había comprado Ciccone, la Compañía de Valores Sudamericana, debía informar a la Sindicatura del concurso de quiebra, la composición del directorio de la misma antes del día 10 de agosto, el día 7 de ese mes el Ministro de Economía, anuncia la intervención por 60 días que luego se prorrogó por 180 días, y puso al frente a Katya Soledad Daura para cuidara la documentación de la empresa que debía tener carácter de Top Secret. Ese mismo día 7 de agosto, Cristina firma el decreto para su expropiación.

Es decir que tres días antes que se venciera ese plazo por el cual se conocerían los nuevos propietarios de la empresa, interviene el gobierno para evitar que aparecieran los nombres de los mismos.

Con la celeridad propia de los asuntos urgentes, aquellos que el Gobierno trata de tapar, porque que si llegara a tomar estado público uno de los nombres que sospecho figura entre los dueños, por más película que se le haga para él, la gente conocerá que el nuevo ídolo tiene los pies de barro y que estaba prendido en este negociado.

Así, por Decreto del Poder Ejecutivo para la expropiación de la ex Ciccone, se lo convierte en ley el 23/08/12 con el voto a favor entre otros de Felipe Solá y legisladores de Fernando Solanas, que critican mucho al gobierno pero cuando hay que votar, siempre lo hacen alineados a ellos.

Luis Razzolini
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