“Estas cosas parecen una película, pero la realidad que vive el país es que hay un sistema de crimen organizado que captura a mujeres y las vende para ponerlas a trabajar en prostitución con un régimen de esclavitud”. Esas palabras las dijo el comisario principal Jorge Tobar, integrante de la División de Inteligencia de la policía de Tucumán al diario Página/12.

Pocos saben que la información reunida por Tobar permitió a Interpol rescatar a 25 jóvenes que habían sido vendidas como ganado en pie a proxenetas de Vigo, Burgos y Bilbao; 19 de ellas eran tucumanas y muchas salieron de la zona de Chilecito, en La Rioja. El mismo lugar de donde desapareció la turista suiza Annagreth Wügler. 

Tucumán es considerado el "Jardín de la República", pero también es el lugar donde chicas jóvenes son secuestradas y prostituídas gracias a la fuerte relación entre la política, la policía y ciertos proxenetas de gran poder.

Los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y El Mono Ale son los más poderosos, gracias a las gestiones del actual gobernador José Alperovich y el anterior, Julio Miranda. El hoy vicegobernador Fernando Jury, por caso, fue secretario de Seguridad de Tucumán, durante la gestión Miranda y los móviles de la remisería 5 Estrellas, empresa que aparece vinculada al secuestro y trata de blancas de mujeres, fueron nombrados por decreto como “veedores de la ciudad”. 

“¿De qué pueden ser veedores si no hay robo en la provincia que no tenga como protagonista a un remís de 5 Estrellas? ¿Acaso no está a la vista que son todos truchos? Todos lo sabemos, menos el gobierno parece”, se enoja el comisario principal. 

"¿Usted no planteó esta situación a las autoridades?", le preguntó un periodista. "No es mi competencia. Pero sí le puedo decir que aporté los datos para incriminarlos", respondió el uniformado.

Lo cierto es que en el sur de la provincia de La Rioja hay una serie de prostíbulos manejados por una familia de apellido Moreno que tendrían contacto con los Ale. Por lo pronto sus “whiskerías” se llaman “five star” (cinco estrellas). 

Todo esto no es desconocido por Alperovich, sus funcionarios ni mucho menos por la policía. Su silencio es complicidad. Y esa complicidad es la que permite que exista la trata de personas en Tucumán y otras provincias.