Por iniciativa de Carlos Menem, desde el 5 de abril de 1990 la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasó de 5 a 9 miembros. El 19 de abril, el Senado aprobó los pliegos de Ricardo Levene (h), Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. La sesión fue secreta y duró apenas siete minutos.

Los nuevos ministros tenían vínculos históricos con el Partido Justicialista o con Carlos Menem y formaron la primera mayoría automática menemista que convalidó decretos manifiestamente inconstitucionales renunciando al ejercer la función judicial y el control de constitucionalidad.

Moliné hizo lo suyo no sólo a través de la Corte sino también del Consejo de la Magistratura, organismo que empezó a funcionar en 1998 y que mantuvo la hegemonía del sector político sin respetar el equilibrio que establece la Constitución Nacional.

Recordemos primero que la Comisión de Disciplina del Consejo encargada de sancionar la inconducta de los jueces, funciona secretamente e impide a los ciudadanos conocer los actos de indisciplina investigados. Sus resultados son prácticamente nulos: en cinco años solo sancionó a cinco jueces el juzgarmiento de los casos (9 en total) revela signos de arbitrariedad.

En ese marco, el caso del ex juez federal de Mendoza Luis Leiva es paradigmático. Fue apartado de causas en las cuales investigaba a personajes poderosos vinculados al poder político y luego fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento.

La integración del Jurado estuvo manifiestamente viciada en virtud de que la Presidencia era ejercida por Moliné O’Conor, quien fue el promotor y firmante de la resolución de la Corte por la que se sustrajo la causa Banco de Mendoza (Moneta) de la jurisdicción de Mendoza. Al conocer la constitución del Jurado la defensa recusó a Moliné O’Conor en virtud del motivo expresado. Insólitamente el Jurado desestimó la recusación por unanimidad.

Al iniciarse las sesiones, nuevamente fue recusado, agregando la causal de que Moliné había sido acusado por la Comisión de la Cámara de Diputados por la resolución sobre competencia en el caso Banco de Mendoza.

El trámite impreso por el propio recusado, en el ejercicio de la Presidencia, fue manifiestamente irregular, pues omitió evacuar la vista que corresponde conferir al juez recusado, y en su lugar, corrió vista a la acusación, para que sostuviera su presencia en el Jurado. Nuevamente, los restantes miembros rechazaron la recusación. De este modo se vieron conculcados por segunda vez el derecho de defensa y la garantía de imparcialidad –integrante del principio de independencia-.

Producida la totalidad de la prueba, bajo la Presidencia de Moliné –ejerciendo el liderazgo del Jurado-, antes de los alegatos, se produjo una nueva recusación fundada en que el Presidente del Jurado ya había contestado la Acusación en su propio juicio político haciendo manifestaciones condenatorias de la conducta del Leiva y reprochando la actuación de la defensa. El prejuzgamiento era evidente.

Ante la contundencia de la causal y su constancia por escrito, el Jurado no pudo evitar separarlo de la causa que estaba presidiendo, pese a la resistencia del recusado, que intentó permanecer.

De los veintidós cargos que se formularon sólo se acogió uno relativo a una falta de excusación que el Jurado juzgó tardía, absolviéndoselo de los veintiún cargos restantes.

No está de más de recordar que Moliné O’Connor, obtuvo su cargo en el supremo Tribunal gracias a que tres de sus hermanas estaban casadas con personajes clave en la política y la justicia: una de ellas es la esposa del ex capo de la SIDE, Hugo Anzorreguy; la otra está esposada con su hermano Jorge Anzorreguy –uno de los más eficientes digitadores del poder judicial, a quien más de una docena de jueces debe sus cargos-; y la tercera es la mujer del ex ministro de la Corte Manuel Arauz Castex, ex socio de Moliné. No está de más refrescar que mientras Arauz Castez era miembro del máximo Tribunal, Moliné O’Connor –su ex socio- ganó en la Corte el juicio de veinte años y casi diez millones de dólares por la devolución de los terrenos del Albergue Warnes.

Moliné no fue peor que muchos otros jueces o políticos que pasaron con gran vergüenza por los estrados de la historia del país. Por caso, el jefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, estuvo reunido con un conocido conjuez justo antes de que Moliné fuera eyectado. El muerto se ríe del degollado.