50 policías armados, como si estuviesen en una guerra. Una ciudad de 100 mil habitantes indignada por la muerte de una joven de 17 años, Karen Campos, cuando los ladrones se disponían a robar un kiosco. Otro padre, en este caso Walter, que le habló del dolor y de justicia a la Presidenta. “Haga algo para que nuestros hijos puedan vivir (…) ¿Dónde están nuestros derechos humanos?”, dijo entre lágrimas. Las rencillas políticas metiendo la cola y la casualidad permanente, otra vez.
Hace pocos días, las cámaras de seguridad de Tigre captaron las escaramuzas entre dos facciones de la barra brava de ese club. Desde el seno del gobierno nacional se acusó directamente al intendente, Sergio Massa, de bancar a un grupo de violentos. Las transmisiones de Fútbol Para Todos, que suelen silenciar los hechos delictivos dentro y fuera de las canchas de fútbol, explotaron el descontrol y editorializaron más de lo que suelen hacerlo.
En Rosario, un policía golpeó a un jugador de Belgrano de Córdoba en una imagen que se difundió hasta el hartazgo. Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en una polémica columna en el oficialista Página/12, escribió que el periodismo debía evitar mostrar el dolor de las víctimas de la masacre de Once, y que no se podía hablar de este gobierno como culpable de la tragedia, sí de otros, los anteriores. ¿Opinará lo mismo de la transmisión en cadena de la pueblada en Junín, ciudad gobernada por un intendente aliado de Julio Cobos, el radical Mario Meoni?
En enero de este año, los medios paraestatales, o estatales, llenaron sus páginas de hechos de inseguridad en el Gran Rosario. Solo lo hicieron luego de la acusación de “narcosocialismo” del diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque.
No es un proceso actual. El subjetivo tratamiento mediático de los saqueos de diciembre del año pasado es otra señal de un periodismo “operador” que cumple órdenes sin chistar. Esa ola de violencia había comenzado, extrañamente, durante los festejos del Día del Hincha de Boca, en un Obelisco que era testigo de piedras, de un lado y del otro, y de violentos que entraban a saquear Canal 13 “como pancho por su casa”. Los saqueos derivaron en una batalla política con el díscolo intendente de Bariloche, Omar Goye, quien era de un ala opositora al frentegrandista Juan Manuel Abal Medina.
Néstor Kirchner tenía una enorme facilidad para imponer la agenda mediática, pero luego de los hechos del Parque Indoamericano —otro episodio de implosión social que estalló y se apagó misteriosamente tras tres asesinatos— Cristina Fernández caía, inexorablemente, en hablar de los hechos que sus medios intentaban ocultar.
En Rosario, la policía local se llevó tres muertes, y una mujer se mató al tratar de escapar de la represión policial con un trozo de vidrio que la desangró. Además de la pelea política, Bariloche fue la excusa ideal para perseguir, política y judicialmente, al disidente, especialmente de los movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), agrupación que sufrió más de 50 detenciones.
Además de la discriminación para repartir recursos públicos, planes y subsidios, el Gobierno está decidido a que, durante este año electoral, tirar “carpetas” a los que se animen a enfrentarse al proyecto nacional y popular.
Es el caso de Sergio Massa y del gobernador Daniel Scioli, quien intenta resolver el paro docente y los constantes ataques a su política de seguridad, a cargo del ministro Ricardo Casal.
En Junín, el escándalo pasó a mayores por la llegada de extraños jóvenes dispuestos a destruir todo lo que tuviesen en su camino. Rápida de reflejos, la ministra de seguridad, Nilda Garré, criticó al intendente radical, quien afirmó que había pedido ayuda de la Gendarmería, 40 días atrás por teléfono y hasta por carta. Sergio Berni, también miró para otro lado. Garré fue más allá: “Resulta irresponsable que Meoni pretenda que las fuerzas federales salgan en auxilio de la policía provincial en los 135 municipios bonaerenses (…) Ni el intendente, ni ningún otro funcionario, pueden pretender que Gendarmería Nacional se convierta en la Policía Bonaerense Dos”.
Hace pocas semanas, el director del SAME, Alberto Crescenti, denunció que la Policía Federal no avisaba en tiempo y forma sobre accidentes en la vía pública. Y lo hacía adrede.
La politiquería barata parece no tener límites. Junín es un nuevo capítulo de una trama que parece no tener fin.
Luis Gasulla
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