Ciertos países no muy amigos de la libertad de expresión han venido haciendo su máximo esfuerzo por dominar y doblegar los medios de comunicación, aunque en lo que concierne a redes sociales la situación se les ha vuelto complicada.

Tal vez por eso es que en el día de ayer, funcionarios venezolanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, decidió detener a una tuitera por sus publicaciones en la red social.

Se trata de Lourdes Alicia Ortega Pérez, de 53 años, oriunda deel estado Lara, por supuestamente haber usurpado la identidad de una funcionaria del Servicio Autónomo de Registros y Notarías y enviar a través de su cuenta de Twitter “mensajes desestabilizadores para el país”.

Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Luis Reverol, quien indicó que la mujer será puesta a las órdenes del Ministerio Público.

El nombre de usuario de la mujer es @Ulilou, quien al momento de ser detenida tenía solo 12 seguidores. Por estas suma algo más de 300. Lourdes está registrada en Twitter desde el 9 junio de 2009 y ha enviado 251 tuits.

@douglirodil no se pero convertido en muñeco de cera está

— Lourdes Ortega P. (@ulilou) March 9, 2013

Según señaló El Nacional, el mensaje por el cual habrían investigado a Ortega lo envió el pasado 8 de marzo, a las 8:20 pm, en respuesta a un comentario hecho por el usuario @douglirodil, quien preguntó de qué había muerto el presidente Hugo Chávez, a lo que Ortega respondió: “No sé pero convertido en muñeco de cera está”.

Según publicó el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia en su sitio web, a la detenida se le incautó una computadora personal “por la cual, mediante una cuenta en la red social Twitter, enviaba rumores para influenciar a la colectividad”.

Las posturas en contra de tal hecho han sido varias. El profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, Marcelino Bisbal, dijo que el gobierno está muy sensible por el fallecimiento de Chávez y que cualquier expresión que tenga que ver con el tema es tomada como un irrespeto. “De ninguna manera puede pensarse que es un mensaje desestabilizador decir que el Presidente quedó como un muñeco de cera. En una sociedad democrática tienes la libertad de manejar un flujo de información muy amplio, y que un gobierno se dé a la tarea de monitorear las redes sociales habla de que es autoritario. Creo que estamos ante una campaña presidencial muy corta, en la que se va a acentuar la presión sobre los medios de comunicación social. Además, hay que ver qué es lo que consideran ellos que es desestabilizar”, dijo Bisbal.

A través de su cuenta en esa red social (@mariafiuni), la jueza Maria Lourdes Afiuni criticó: “¿Cómo una mujer puede desestabilizar una nación con un twitter? ¿con 21 seguidores? Cómo puede detener a una mujer por eso?”

Luego agregó: “Cuantas cuentas Twitter de pornografía infantil han denunciado y jamás ha habido una detención”. 

Sin embargo, no es la primera vez que Venezuela se lanza contra tuiteros por sus opiniones. En julio de 2010 fueron detenidos en Ciudad Bolívar Luis Enrique Acosta Oxford y Carmen Cecilia Nares Castro, luego imputados por la presunta comisión del delito de difusión de información falsa, establecido en el artículo 448 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras; un tribunal les otorgó una medida cautelar de presentación cada 15 días. Sus cuentas en la red social eran @leaoxford y @carmennares.

En septiembre de ese mismo año el ingeniero Jesús Majano fue detenido por “instigar al magnicidio a través de la publicación de una foto del presidente Chávez con una herida en la cara”.

Por estas horas, el secretario de Comercio Interior se encuentra insistiendo a la Cámara Federal que reabra la investigación por presuntas amenazas de muerte e incitación a la violencia por parte de los caceroleros que el 26 de septiembre pasado protestaron al frente de su casa.

Luego de ese hecho, el ministro de Justicia Julio Alak en persona presentó una denuncia penal por amenazas e incitación a la violencia contra los que protagonizaron el cacerolazo en la vivienda del funcionario, asegurando que existían amenazas de muerte que provenían "de un grupo organizado de personas que, a través de Internet, están difundiendo un afiche digital que incluye la figura del funcionario en un féretro, con una herida de bala en la frente".

Un día antes del 8N, Moreno solicitó ser querellante en esa causa, pero la denuncia cayó en el olvido, y el juez Daniel Rafecas archivó la causa por inexistencia de delito. Sin embargo, Moreno no quiere dejar la protesta pasar y pidió recientemente que se reabra esa causa penal por presuntas amenazas en su contra.

María Luisa Torres