“El plomo es la mejor alimentación para los huelguistas... La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda”

Mayo de 1886 –publicado en el Chicago Tribune (EEUU)

Santa Cruz

         Ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó la inmediata libertad de los imputados por la toma de la terminal marítima petrolera de Caleta Olivia que estaban presos desde setiembre del año pasado. Elsa Orozco, Sandra Constancio, Selva Sánchez, Mauricio Perancho, Víctor Iglesias y Federico Mansilla sufrieron la prisión preventiva ordenada por el juez de Recursos de la 2da. Circunscripción Judicial y confirmada por la Justicia de Instrucción en lo Criminal y Correccional de esa ciudad. Para la justicia ocho meses no significan nada para quienes han tenido que soportar los peores vejámenes en las cáceles santacruceñas y que aún hoy mantiene procesados a más de 40 ciudadanos por el solo hecho de pedir trabajo en la provincia natal del presidente del a Nación. Todo ello fue posible por el accionar de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial, que sabemos muy bien que en esa provincia no se mueve ni siquiera una gorra si no se cuenta con el visto bueno del jefe feudal.

         En otro sentido ese mismo tribunal superior negó hace cinco días atrás la reposición en el cargo del ex Jefe de los Ministerios Públicos –Procurador General– que fuera anteriormente ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuatro oportunidades. El Dr. Eduardo Emilio Sosa ha sido ahora tentado por la justicia santacruceña para cobrar 1.200.000 pesos como resarcimiento económico, pero no acepta restituirlo en el cargo del que fuera echado hace diez años por el hoy presidente Kirchner cuando era Gobernador de la austral provincia.

         Ayer se cumplieron tres años de la emboscada seguida de golpiza y represión llevada adelante por funcionarios y empleados estatales en la ciudad capital, Río Gallegos, por la orden expresa del por entonces Gobernador Kirchner. Su arenga de días antes fue precisa “Cómo puede ser que miremos al costado en determinado momento o que salgan 100 tipos a decir cualquier cosa de nosotros. Basta. Si se van a la casa de un  compañero a agredirlo o a molestarlo, vamos a ir 200, 30, 500, o 1.000 a la casa de ellos, esto que quede absolutamente claro... Se terminó compañeros. Tenemos que salir al frente. Si son 100 nosotros vamos a ser 2.000, 3.000. Pero como puede ser compañeros que nos dejemos atropellar así”. La “Guardia Blanca” se puso en funcionamiento como en los tiempos de las trágicas represiones a los trabajadores, obreros y peones de campo en la patagonia.

         Aquel 26 de abril del 2002 todo el andamiaje estatal provincial actuó para que decenas fueran a parar al hospital –policía, empresa de electricidad y municipalidad–. Se trataba de ciudadanos desarmados, con niños en sus brazos, mujeres y hombres de avanzada edad que reclamaban y escrachaban como era común por aquellos tiempos en toda la República. Para la justicia santacruceña nada pasó, no hay nadie procesado, nadie preso, nadie apartado de su cargo público. La transversalidad estaba en marcha y el hoy Diputado Nacional Miguel Bonasso se encontraba esa noche en la ciudad y negó cualquier tipo de ayuda o solidaridad a los apaleados y reprimidos. El autor de ésta le preguntó personalmente un tiempo después a Bonasso sobre su negativa a recibir a los asambleístas, después de haber recibido todo el peso de las cadenas y los palos del gobierno, y su respuesta fue temeraria “Eran unos pocos loquitos”.

         Por entonces Kirchner proclamaba “Santa Cruz en el camino seguro”.

San Luis

         En el centro de nuestro país, en la provincia de San Luis, el 29 de abril del año pasado las huestes policiales de los hermanos Rodríguez Saá con sus “caballos” montados sobre los equinos arremetieron por la noche contra los docentes, familiares y pueblo que estaban reclamando por el veto al Estatuto Docente impuesto desde el poder feudal. Gases lacrimógenos, balas de goma, palos, escudos y armas largas fue la “respuesta democrática” de los dueños de la provincia y de la vida de todos los puntanos.

         Aquel reclamo se hacía en la casa de los representantes del pueblo, o sea la Legislatura Provincial, donde los docentes habían ocupado parte de las instalaciones como única forma de hacer sentir su opinión y rechazo. La respuesta popular no se hizo esperar y al otro día más de 30.000 ciudadanos salieron a las calles a repudiar a todo el gobierno represivo y fascista.

         En San Luis se imponía el terror a manos de “Los jóvenes guardianes del orden”, los policías, y como sucedió en Santa Cruz no hubo investigación judicial y menos acción alguna de esa justicia impúdica, que en estos momentos está pasando por una crisis inédita que pone a la provincia al borde de la inseguridad jurídica. Claro está que jamás hubo justicia en los veintidós años de feudalismo o de los treinta y dos que tiene a Adolfo Rodríguez Saá como principal referente del autoritarismo sanluiseño.

         La justicia provincial es un desastre pero debería estar muy alerta. Porque a finales de setiembre próximo se realizará durante tres semanas el campeonato mundial de Ajedrez –por el que los feudales pagarán un millón de dólares en premios por ser nombrados sede del evento–, y la Federación Internacional de Ajedrez deberá tener especial cuidado con ”los caballos”. Porque no sea cosa que producto de la inercia represiva ingresen los uniformados montados para abalanzarse contra “los peones” en los tableros.

        Pero el poder feudal mientras sigue mintiendo cuando proclama a los cuatro vientos la transparencia gubernamental con la “Autopista de la Información”.

Salta

         Más al norte, en la provincia de Salta, el primer día de abril del 2005 también la represión tuvo como víctimas a los docentes, no importaron las niñas y los niños al momento de ordenar una de las más brutales, cobardes y salvajes represiones de los últimos tiempos, menos los ancianos, mujeres y jóvenes. Ahí estaban nuevamente bien dispuestas, predispuestas mejor dicho, las balas, los gases y los escudos para perseguir y encarcelar al pueblo trabajador, a periodistas y a legisladores en muchas localidades de la provincia.

         Ese otro poder feudal de Juan Carlos Romero  –hoy asociado con Kirchner y hace dos años compañero de la formula presidencial de Carlos Saúl Menen– tiene también cooptada y contratada a la justicia salteña. Después de un mes nada realizó la procuración general ni la justicia provincial, que al igual que en Santa Cruz y San Luis esperan que el inconsciente colectivo termine dejando éste hecho atroz como una simple noticia periodística.

          Que lejos estamos de seguir pensando en esa maravillosa provincia como “Salta la linda” si los más elementales derechos ciudadanos son avasallados con total impunidad.

          Tres claros ejemplos de algunos feudos y de nuestras vergüenzas argentinas a las que podríamos agregar infinidad de otros muchos más. Ejemplos también, de que las luchas de los obreros de Chicago por los derechos de los trabajadores siguen vigentes.

Hugo Alberto de Pedro