La inseguridad ha sido a lo largo de la última década de gobierno un drama sin solución en el país y desde 2006 desplazó al desempleo o al temor a perder el trabajo como la principal preocupación de los argentinos.

La problemática se instaló rápidamente en la agenda política del kirchnerismo a partir del asesinato de Axel Blumberg en 2004, caso que derivó en reclamos multitudinarias y en la promoción de políticas de endurecimiento contra los delincuentes.

Pese a las mejoras en las condiciones socioeconómicas registradas en los últimos años, los índices de delitos se mantuvieron o crecieron y la llamada sensación de inseguridad tuvo el mismo recorrido en la población.

La Argentina no es una isla. Lo que el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y otros encuestadores locales miden desde hace varios años también lo detectó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la región.

"Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población", señalaba la CIDH en un informe presentado en noviembre de 2010.

De hecho, la tasa de delitos y homicidios en la Argentina es sensiblemente menor que en otros países de la región.

Elecciones

Lo novedoso ahora es que la inseguridad parece haber sido uno de los factores decisivos del revés electoral del kirchnerismo en las primarias. Por lo menos así lo constató en la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, en una ronda de consultas con los intendentes de su signo político.

No por casualidad el emergente de esa coyuntura haya sido Sergio Massa, quien construyó su candidatura sobre la base de la inversión en seguridad realizada en Tigre.

Forzado por las circunstancias, el oficialismo se vio en la necesidad de dar respuesta y, en algunos casos, de volver sobre sus pasos, con políticas de endurecimiento.

El caso emblemático es el de la baja de la edad de imputabilidad de delitos a 14 años, una medida que Scioli impulsa desde hace años, pero que los sectores más progresistas del kirchnerismo venían resistiendo sistemáticamente.

Ese grupo más "garantista" parece haber perdido la batalla con el desplazamiento de Nilda Garré de ministra de Seguridad a embajadora ante la Organización de Estados Americanos.

"Son iniciativas que merecen ser analizadas en el contexto adecuado, no sé si el proceso electoral es el ámbito", evaluó el diputado del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro consultado sobre el castigo a menores que delinquen.

En esa línea, Scioli, quien había resistido una ofensiva contra el desplazamiento de Ricardo Casal como ministro de Justicia y Seguridad, redobló la apuesta. Mantuvo a aquel en Justicia y nombró a Alejandro Granados, un intendente más "operativo" para el combate de la delincuencia.

Mientras tanto, el Gobierno puso en marcha una nueva fase del operativo Centinela que había iniciado Garré y consiste en la afectación de gendarmes a tareas de vigilancia en el Conurbano. Granados habló de duplicar la dotación policial bonaerense.

Más allá de las discusiones sobre imputabilidad y excarcelaciones, válidas pero que deben ser abordadas con enfoques amplios sobre el funcionamiento de una sociedad, la saturación de agentes en las calles es un paliativo eficaz.

Otras iniciativas

El Gobierno ya había tomado nota del malestar en una importante fracción de la sociedad por el pago del impuesto a las Ganancias y dio un golpe de timón, aun cuando pocos días antes había advertido sobre el peligro de desfinanciar al Estado.

Ahora la mirada está puesta sobre la inflación, otra de las cuestiones de compleja solución. Por lo pronto, el Gobierno prepara un nuevo Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que reemplace al cuestionado actual.

Esta corrección no solucionará el alza de precios pero buscará revertir las acusaciones externas, principalmente del FMI, sobre el falseamiento de estadísticas nacionales.

Trascendió en el mismo sentido que el Gobierno procuraría definir los resarcimientos a dos empresas estadounidenses, Asurix y Blue Ridge, dispuestos por el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). La Casa Rosada reconoce los fallos, pero intentaba hacer efectivo el proceso en la Argentina.

Ese incumplimiento motivó a Estados Unidos a votar en contra del otorgamiento de créditos al país en el BM y el BID y es uno de los tantos argumentos que se esgrimen para que la administración de Barack Obama haya quitado respaldo a la Argentina en el trascendental pleito contra los "fondos buitre".

Da la impresión de que se buscan soluciones tardíamente. La reapertura del canje que analiza el Congreso también se inscribe en esa sucesión de volantazos tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en contra del Estado argentino.

En San Petersburgo, donde se celebró la cumbre del G-20, las diferencias entre Cristina Kirchner y Barack Obama fueron evidentes. La Presidenta mantuvo una agenda de primer nivel, pero no logró un respaldo del estadounidense, que sería significativo ya que la Corte Suprema de ese país analiza el caso.

De todos modos, Cristina evitó la confrontación directa. Si bien cuestionó la invasión unilateral a Siria, sugestivamente evitó menciones a otra invasión inexplicable, el espionaje, por el que los presidentes de Brasil y México, Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, hicieron reclamos explícitos a Obama. Es posible que no haya perdido la esperanza de que la Casa Blanca vuelva a apoyar a la Argentina. 

Gabriel Profiti