Kofi Annan nos decía: “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión”.

El pensamiento sobre la corrupción está cambiando. Hace sólo diez años, la corrupción era un simple murmullo. Hoy en día, Los signos de intolerancia hacia la corrupción han aumentado y cada vez más políticos y gerentes generales están siendo juzgados y condenados.

La corrupción es un delito que afecta al desarrollo en todo el mundo y que instiga el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero o el contrabando de armas, entre otros crímenes. Para afrontar esta lacra de forma más eficaz, más de un centenar de países participan en Panamá en la Quinta Conferencia de los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Corrupción.

Sin embargo en nuestro país parece que vamos a contramano del mundo.

La Cámara Federal porteña, superior jerárquico del juez federal Norberto Oyarbide, le llamó la atención al magistrado por la "desordenada instrucción" de la investigación de la mafias de los medicamentos "sin un Norte claro"

La dura advertencia contra Oyarbide, que le hicieron los camaristas de la Sala II, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, durante la tramitación de las causas en las que investigaban fraudes al Estado, la comercialización irregular de medicamentos, su adulteración, la actuación irregular de funcionarios y el lavado de dinero de estas prácticas, realizado mediante aportes a la campaña presidencial 2007 del Frente para la Victoria.

La tolerancia de los camaristas con la manera de llevar adelante el caso estuvo siempre cerca de llegar a su fin, según fuentes judiciales, que deslizaron que cansados de dar estas advertencias al juez no tomaron una medida más dura, como un llamado de atención formal, o la decisión, de sacarle la causa al juez siempre quedó descartada por el atraso que significaría que un nuevo magistrado se interiorice de tantos expedientes como los que abarcaba la investigación.

Al referirse, en general, al trámite de estas causas, los camaristas aseguraron que "no se ha encontrado una eficaz dirección de las pesquisas", pues con el paso del tiempo "más que un avance hacia el esclarecimiento, se va dilatando la dilucidación de los sucesos" a partir de elementos que "se aúnan sin Norte en una desordenada instrucción".

Le criticaron, además, a Oyarbide que adjunte a su causa otras de otros juzgados y que trate, incluso, de incorporar a su caso otros resonantes expedientes, como en el que se analiza el contrabando de 900 kilos de cocaína a España, que involucra a los hermanos Juliá, y el asesinato del titular de la obra social de empleados de maestranza, Roberto Rodríguez, investigado en el caso de los remedios. "Se impone que el juez disponga lo inmediato para corregir las falencias señaladas", concluyeron su reto los jueces.

Sin embargo lejos de corregir las falencias señaladas en la investigación sobre el lavado de dinero, dicto el sobreseimiento de los integrantes de las cooperativas Vernet y Crédito Sur donde varios de los procesados en esta causa cambiaban cartulares por dinero en efectivo. No tuvo en cuenta que ambas entidades también son mencionadas en el Triple Crimen de General Rodríguez. Dejó a la deriva las responsabilidades de otras tantas mal llamadas “cooperativas de crédito” que desaparecieron del circuito financiero como Madercoop, Invercoop y Amigal.

Así es que, mientras Kofi Annan se preocupa en el mundo por estos delitos, en Argentina se permite que estas empresas sociales sean utilizadas como meros instrumentos para lavar activos provenientes de ilícitos, así como quedo demostrado en otra causa con instrucción vergonzosa en la que estaban vinculados fondos del estado destinado a la construcción de viviendas sociales por intermedio de la Fundación Madres de Plaza de mayo, presidida por Hebe de Bonafini.

Gabriel Brito
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