Ayer se conoció la resolución de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, decidieron apartar al Juez Federal Norberto Oyarbide de la causa que investigaba el supuesto lavado de dinero, desvío de fondos y asociación ilícita de los hermanos Schoklender y del contador Alejandro Gotkin. La decisión no terminó allí. También dictaron el desprocesamiento de los principales implicados y la nulidad de las declaraciones de los 66 imputados.

Por lo tanto, la causa volvió a foja cero. Deberá retomarla otro Juez, afín al gobierno, Marcelo Martínez Di Giorgi quien estaba investigando, supuestamente, los vínculos políticos de Sueños Compartidos. En ese juzgado, el tema durmió más de dos años. La medida es una victoria para los hermanos Schoklender y sus abogados quienes sospechaban que la resolución terminaría sucediendo luego de la feria judicial.

Sin embargo, la Cámara Federal, según el extenso dictamen de 46 carillas, no probó la denuncia de Sergio Schoklender de enemistad manifiesta de un juez que embarró la cancha, realizó allanamientos a diestra y siniestra y imputó a más de 66 personas, muchas de ellas, perejiles mientras salvaguardó a Alejandra Bonafini, punteros políticos barriales, dirigentes políticos y a la propia titular de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde su juzgado, consultados sobre el nulo avance en los nexos políticos de Sueños Compartidos, respondían que “eso lo tiene que seguir Di Giorgi”. Pero el otro juez hizo la plancha durante dos años.

La Cámara cuestionó, por otra parte, la falta de mérito que había dictado el juez Oyarbide al financista Fernando Caparrós Gómez, lo cual no es una buena noticia para el Gobierno Nacional pues en su “cueva” se blanqueaban fondos de campañas políticos y Sergio Schoklender no era el único que cambiaba cheques allí sino que, tal vez, algún poderoso funcionario del gobierno le recomendó hacerlo allí.

El rol de querellante de la Unidad de Información Financiera también es llamativo. Fue el propio organismo manejado con dureza por José Sbatella quien planchó los pedidos de informe a Sueños Compartidos luego de las denuncias de las ex diputadas Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro. Las medidas tomadas por la Cámara dejan en ridículo a los abogados defensores de Bonafini y de su defendida quien había asegurado que “los Schoklender se robaron todo”.

La Cámara descartó que haya existido una asociación ilícita y que una persona pudiese manejar a 66 personas que, muchas de ellas, no se conocían entre sí. El problema que tenía el Juez era que sabía su límite y con quiénes no podía indagar. Como dije, una y otra vez, desde que empecé a investigar el tema: la causa está politizada a tal punto que, si realmente un juez investigase, ningún funcionario, intendente y gobernador implicado, tendría las manos limpias.

La ruta del dinero no se siguió correctamente ni tampoco quién era realmente el supuesto líder de un sistema que no era precisamente una asociación ilícita. Es el método de corrupción imperante en la Argentina de la década ganada, en el que se roba para la corona y en que el gobierno intentó crear un monstruo que antes consideraban un genio loco.

Luis Gasulla
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