Mientras este último viernes la gente se agolpaba nuevamente en las puertas de los bancos para ver la posibilidad de ver si podía comprar los 300 o 400 dólares que el gobierno de Cristina de Kirchner autoriza solo a aquellos empleados en blanco cuyos sueldos superen un nivel que derive en una compra no mayor al 20% neto de dicho sueldo, en el mundo ficcional del “relato K” se pasaba el atril de la cadena nacional cristinista a uno de los jóvenes ignotos de la agrupación “La Cámpora”, el joven secretario de Justicia Julián Álvarez quien expuso sobre un proyecto de Ley sobre “Tribunales del Consumidor”.

El país arde, y el gobierno quiere reflotar la “barita del escarmiento” a esos malos empresarios que “suben los precios”.

Hemos de adelantar que dicho proyecto difícilmente pueda pasar, con lógica y criterio, el examen Legal y Técnico de las comisiones parlamentarias, salvo por el “sí-cristinismo” que nada analiza del clásico trámite de escribanía: Sin debate, de apuro, sobre tablas, o cualquier otra metodología “Express”.

En su caso, va a resultar muy difícil que esto se pueda implementar, y en caso de hacerse, lo que llevaría su tiempo, solo se implementará lo que el ejecutivo parece buscar: más cargos burocráticos, más sueldos gerenciales, más burocracia inútil y despilfarradora, y también, otro organismo de falsación de datos económicos para apuntalar la falacia de datos que ya se implementa desde hace demasiado tiempo.

También decimos que el proyecto es totalmente innecesario, antifederal, violatorio de la Constitución Nacional, dilapidatorio, y que guarda al menos 3 o 4 puntos oscuros que el gobierno decadente actual trata de “hacer pasar” como Caballo de Troya bajo el ropaje de “ayudar al consumidor”.

En primer lugar, la creación de una mediación obligatoria “del consumidor” es absolutamente inútil. Tanto por la Ley del Consumidor, como por la legislación civil y comercial general, como por la mayoría de los Códigos procesales, la falta de presentación a una audiencia de mediación normal, común y corriente, de las que se aplican desde hace 15 años en Capital Federal, y desde hace menos en Provincia, habilitan la instancia de juicio.

Nótese también que los honorarios se pagan después del arreglo o después del resultado del eventual juicio, por cual este método siempre es más barato porque es de pago diferido. Y llegado el caso juicio, puro y simple, completo y de reparación integral (y no tasada o disminuida como las establecidas en las leyes del consumidor) ante el juez competente, por lo cual es mentira que sea necesario ir a instancias administrativas obligatorias, cuando ya el consumidor (o no consumidor en un problema barrial o de menor cuantía) cuenta con este recurso. Nos vuelven a vender el pescado dos veces, ó, “es el relato, idiota”.

Acuérdese el lector que las leyes especiales solo otorgan reparaciones limitadas, y no integrales. Por ejemplo, si reclamo por un celular, me cubrirán llamadas o el valor del aparato, pero nunca el lucro cesante, o la malasangre (daño moral) que el problema me creó, tampoco la pérdida de chance o expectativa, que solo se cubren en un juicio. En concreto, las leyes “especiales” como la del consumidor son para cubrir a las empresas de demandas millonarias, no para perjudicarlas, a la vez que le tratan de resolver el problema “menor” al particular.

Pero, claro, es la doctrina “laclaudista” ahora contra las empresas que parece que son los “monstruos”, un nuevo “golem” a atacar, y del cual beneficiar a las demacradas y famélicas huestes políticas kirchneristas, que vienen de paliza en paliza, últimamente.

En segundo lugar ya existen Organismos Públicos que median las situaciones, Direcciones o Secretarías del Consumidor, Organizaciones ONG, etc.

¿Para qué seguir creando más burocracia reconcentrada en el poder kirchnerista, y encima en el ámbito federal, cuando debería ser materia local? Aunque no lo crea el lector, seguimos siendo un país federal, pero doña Cristina necesita colocar a sus “pollos” en cuanto organismo se pueda crear, a más de los ya creados, para que sus chicos sigan disfrutando de jugosos contratos.

En tercer lugar, lo ya indicado de la jurisdicción: debe establecer una ley “marco” (en su caso) y las provincias adherir (o no) al mismo. Ya basta de querer pensar o querer dictarle a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (que tiene sus centros de mediación en los Centros CGP, valga de paso decirlo desde hace muchos años).

En cuarto lugar, lo que se crea, querido lector, ya existe: es la Dirección del Consumidor, todo es una gran mascarada para seguir sumando y sumando cargos y burocracia, en este final de siglo.

En quinto lugar, es muy dable destacar que la ley pretendida sea inconstitucional desde el momento que se plantea tomar decisiones mediante multas o indemnizaciones para las empresas que potencialmente sean citadas: en nuestra maltrecha República Argentina el único Poder del Estado que puede dictar sentencias en las cuales se involucre la resolución de situaciones entre particulares, todavía, si queda algo de República, es el Poder Judicial, y no así futuros engendros administrativos que se pretendan crear. A tal punto es la ignorancia del joven gobernante que discurseó, nos referimos al Dr. Álvarez, que no tuvo mejor idea que engolar su voz y aclarar: “Que no queden dudas que la Justicia del Consumidor va a ser con la presunción 'pro consumidor'”.  

Joven Dr. Álvarez, eso ya está en la Ley del Consumidor y sus sucedáneas, no venda pescado podrido, su propia explicación demuestra que su “mediación del consumidor” no podrá aplicar principios de presunción, dado que las presunciones legales aplicadas a casos concretos, se dan en el marco judicial, no mienta, tenga un poquito de vergüenza, al menos, es Ministro de Justicia, no de competencia extraña, Ud. Debe saber de derecho, no suponer o hacerse asesorar solamente.

En sexto lugar, ha de producirse, de manera inmediata y paradojal a que se fuera a aplicar dicha demencial norma, un sinnúmero de planteos de competencia, atento que, ante cualquier juicio de un particular a una empresa, o entre dos particulares, la otra parte podría (chicaneadoramente) hacer innumerables planteos y apelaciones alegando la incompetencia del juez Civil o Comercial, con lo cual se debería reiniciar los dos pasos previos mediatorios, y el reinicio de las causas en el nuevo engendro que se pretende crear. ¡Muchachos, no rompan mas cosas que quedan pocas más o menos sanas como poder hacer un juicio!

Por último, muy mal augurio nos da la intentona de creación de un nuevo “Organismo de precios”, que va colado con la pretendida “Ley de Conciliación del Consumidor”. Ya tenemos, hasta en la actualidad, un experiencia funesta de cómo manejan las estadísticas desde el oficialismo cristinista, con lo cual vemos que la creación de un nuevo Buró o Comité solo guarda como fin contrarrestar los índices privados, como el que difunden los legisladores del Congreso de la Nación, los de la Ciudad de Buenos Aires, o la Provincia de Córdoba, o Universidades prestigiosas como la UCA.

O sea, el proyecto en sus entrañas nos trae, con la excusa de los derechos de los consumidores, más relato, que es más truchada.

Corolario

Que el camporismo no descubrió la pólvora ya lo sabemos, solo comprobamos cuán por debajo del promedio de la mediocridad actúan. Solo hacen copia y pega, y lo hacen mal.

Si la intención es avanzar sobre los muchos proyectos de creación de Tribunales de Menor Cuantía a fin de sustraer las causas menores de los Juzgados Civiles y Comerciales, bienvenido sea. Nótese que en esta materia ya se vino discutiendo desde hace muchos años y se resolvió en parte con la implementación de las conciliaciones, tanto públicas como privadas.

Pero háganlo correctamente, no creando instrumentos para el “apriete de empresas” y para hacer política.

Háganlo de manera Federal y descentralizada, que las personas cuenten con esta especie de Juez de Paces (Los viejos “Jueces de Paz”) que se llamaban así porque resolvían rápido, barato y cerca las cuestiones de vecinos.

Háganlo sin generar más Organismos burocráticos que cuestan millones, cosa que el ciudadano de a pié no tiene ni la mínima idea del derroche de estos “Organismos” que solo sirven para el pago político de amigos y entenados.

Háganlo dando la cuestión a debate con los gobernadores, y con los sectores de la producción, sino, parece más un nuevo “organismo del apriete” para los precios cuidados que ya son un chiste.

Háganlo sin generar más instancias de apelación, chicanas, recursos y todo ese tipo de cosas que entorpecen el normal funcionamiento de la justicia, dejen de inventar Tribunales Federales innecesarios. O mejor, deroguen la maldita “Ley Cafiero” y denle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las competencias que retienen sin sentido y por el solo interés de las “cajas” jugosas que dichas competencias tienen.

Llegará el día en que un criollo vuelva a gobernar estas tierras, y se preocupará en resolver los problemas cotidianos de las personas, que entre tantos problemas como lo desocupación, la inflación, la devaluación, la inseguridad, quiere tener un “Jueces de Paces” en su barrio, y no estos organismos para el curro.

Llegará el día que se gobierne para resolver problemas, en silencio, y no para construir un castillo de naipes al que se llama “relato”.

Así estamos.

José Terenzio