El Gobierno no logra domar variables clave de la economía y consecuentemente alimenta tensiones con el movimiento obrero y el empresariado, pero se apuntó en las últimas jornadas algunas victorias simbólicas en la batalla por la deuda.

En el ámbito local, consiguió que un sector de la oposición asumiera veladamente que pagarles a los "fondos buitre" lo determinado por la Justicia estadounidense no es la mejor opción, mientras que en el plano internacional se aseguró el apoyo del mundo emergente para ubicar a la ONU como vidriera de su pelea.

El arco antikirchnerista cerró filas en el Congreso para rechazar el proyecto oficial de "pago soberano" de la deuda, pero a la hora de presentar sus propuestas alternativas solo Mauricio Macri mostró diferencias tajantes con la Casa Rosada.

El jefe de Gobierno porteño y líder del PRO propuso negociar con los holdouts y cumplir lo que establece el fallo del juez Thomas Griesa, ratificado por dos tribunales superiores.

En cambio, Sergio Massa preparó un proyecto alternativo que determina no pagar ni negociar con los holdouts hasta después del 31 de diciembre (cuando vence la cláusula RUFO); después de esa fecha negociar con la posibilidad de ofrecer más dinero a los bonistas que no ingresaron al canje; y usar algún instrumento financiero para seguir pagando a los bonistas reestructurados en tres sedes bajo legislación argentina, francesa o uruguaya.

Elisa Carrió, en nombre de Unen, salió a cuestionar las propuestas del Gobierno y de Massa, pero también pidió mantener un default parcial hasta que venza la cláusula RUFO, a fin de año.

Al presentar el proyecto de cambio de domicilio de pago de la deuda, el Gobierno pareció alejar la posibilidad de negociar con los holdouts a partir de enero, pero en algunos sectores oficiales se sostiene lo contrario: hay que endurecer lo máximo posible para negociar mejor después.

"Los fondos buitre son un parásito que debe desaparecer", recordó Kicillof el viernes durante su discurso de combate.

Como sea, el plan del Gobierno es tomar una postura de rechazo al fallo de Griesa y de defensa de los canjes de deuda de 2005 y 2010 que lograron un 92,4% de adhesión.

Con esa idea, viajarán la semana próxima el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, a Naciones Unidas para presentar el proyecto, respaldado por el G77 más China —el bloque de países emergentes— para establecer una Convención que sirva como marco legal para futuras reestructuraciones. Se espera que con el apoyo de ese grupo mayoritario de países la moción sea aprobada.

Kicillof, al anunciar esa movida en la Casa Rosada, dijo que quería que este marco legal sirva para ponerles un freno a Griesa y a los fondos buitre, aunque para que la Convención rija en cada país debe ser convalidada internamente, aval que dudosamente dé Estados Unidos. Washington acaba de rechazar ser sometido a un arbitraje por este mismo caso en la Corte de la Haya.

A la semana siguiente del viaje de los ministros irá Cristina Kirchner como todos los años a la ONU y su discurso ante la Asamblea General del organismo hará eje en la deuda con más que seguras acusaciones contra la Casa Blanca.

Paralelamente, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, que engloba a 457 bancos, anunció cambios en sus reglas para tratar de evitar que una minoría de acreedores pueda bloquear acuerdos de canje de deuda, como sucede con la Argentina.

Pero la pulseada no está inclinada para el lado argentino ni mucho menos: mientras el Gobierno se mueve diplomáticamente, los holdouts avanzan con pedidos de embargos a lo largo del globo.

NML Capital, el principal fondo que litiga contra Argentina, emplazó al Bank of China para que le suministre los contratos de financiación de las represas de Santa Cruz y el tren Belgrano Cargas y sobre el swap cambiario firmado con el Banco Central.

Además, un juez de California define si acepta una acción contra Chevron por el acuerdo que firmó con YPF para explotar Vaca Muerta y otro magistrado de Nevada permitió a los fondos buitre buscar información sobre empresas atribuidas a Lázaro Báez, por presumir que están vinculadas al Gobierno.

La actividad, frenada

Así las cosas, el pleito seguirá trabado al menos hasta diciembre, lo que frena cualquier emprendimiento privado y aleja cualquier posibilidad de reactivación inmediata.

Solo el viernes los indicadores oficiales señalaron que la producción industrial descendió 1% en julio interanual y cumplió doce meses consecutivos de indicadores negativos; la utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó el mismo mes un promedio del 70,7%, el más bajo desde marzo, con el sector automotriz trabajando a menos de la mitad de su potencial tecnológico y la construcción cayó 2%.

El círculo vicioso de la economía argentina se cierra con un dato que llegó de Brasil: el principal socio comercial de la Argentina está oficialmente en recesión.

Todas estas variables negativas están afectando seriamente al empleo y dieron sustento al paro organizado el jueves por las centrales obreras opositoras, las que sin embargo, volvieron a poner entre sus prioridades cuestiones vinculadas al salario como la actualización de Ganancias y la reapertura de paritarias.

Gabriel Profiti