Junto al desafío de una composición del Consejo particularmente conservadora y reaccionaria (1), cobran importancia en esta sesión dos fenómenos que hacen aún más opaca e ineficaz su función. La multiplicación tediosa de paneles sobre temas diversos que no se traducen en acciones concretas para solucionar problemas de derechos humanos en diferentes lugares del mundo, se suma a la tendencia creciente entre los Estados de quitarle impacto y trascendencia al Examen Periódico Universal (EPU). El peligro es que el máximo órgano de la ONU en la materia deje progresivamente de servir al objetivo para el que fue creado: promover y proteger los derechos humanos.

En la presente sesión de tres semanas, del 8 al 26 de septiembre, han sido convocados una decena de paneles en torno a temas disímiles como la protección de la familia, el derecho a la privacidad en la era digital (ciberespionaje), los pueblos indígenas, la igualdad de género, la violencia contra los niños y los estragos de los drones sobre las poblaciones civiles, para citar al azar algunos puntos de debate que se han propuesto. Por lo que ya se sabe de la mayoría de estos temas, no deberían hacer falta paneles dentro del Consejo para que éste intervenga, sin olvidar que las ONG y algunos países lo hacen con mayor fervor y abiertos al público en los denominados "eventos paralelos" al Consejo, dentro del propio Palacio de las Naciones en Ginebra, sede europea de la ONU.

A instancias de países que quieren preparar o consolidar el terreno diplomático para que el Consejo aborde en sus resoluciones problemáticas vinculadas a estas convocatorias, se consumen tres horas de discusión por panel en torno a especialistas llamados a exponer. El fin es quizá loable pero las deliberaciones no parecen destinadas a que el Consejo resuelva sobre estas cuestiones de forma urgente, como debería ser el cometido de los promotores de estas iniciativas. Porque detrás de las ideas proclamadas no se avisora la puesta en marcha de los mecanismos que dispone la ONU, para combatir las violaciones subyacentes a las preocupaciones que animarían estos cónclaves. Ellos sobrecargan una agenda diaria sin interrupción de 9 a 18 horas, haciendo prácticamente imposible que las delegaciones, ONG y periodistas puedan darle un seguimiento adecuado al conjunto de actividades.

El fenómeno no es nuevo. Se agrava. La experiencia indica que tras los discursos de expertos a veces soporíferos, y luego de intervenciones por lo general autojustificatorias de los Estados, no se verifica que estos paneles se concreten en hechos de cara al futuro inmediato, que remedien el sufrimiento de las víctimas de las denunciadas transgresiones. El Consejo parece así encerrado en un microcosmos, suerte de torre de marfil, donde protagonistas supuestamente capacitados gastan demasiado tiempo en hablar. El Consejo da la impresión de quedar atrapado en un dilema entre la descripción de las cosas y el hacer que se impone para mejorarlas, convirtiéndose en un ente cada vez menos atractivo en el plano de los resultados para quienes lo miran del exterior.

Contribuye también a su deslucimiento lo que está ocurriendo con el EPU, la revisión obligatoria del conjunto de Derechos Humanos a la que deben someterse todos los miembros de la ONU una vez cada cinco años. Los Estados que tratan de eludir la cantidad creciente de recomendaciones que les formulan sus pares y buscan esquivar aceptarlas, pues no quieren asumir nuevos compromisos, han inventado una flamante astucia en este segundo ciclo del EPU. Como mancha de aceite en papel secante se expande la maniobra de gobernantes que aprovechan de forma malsana la división del EPU en dos vueltas. En una primera, escuchan impávidos las recomendaciones, y en vez de responder en caliente a las 48 o 72 horas que le siguen, como era costumbre en el primer ciclo del EPU, optan por "llevarse a estudio" durante largo tiempo dichas recomendaciones para una segunda vuelta.

Se acogen de ese modo a la escapatoria que pueden responder de tres a seis meses después, cuando las esperadas respuestas llegan enfriadas, traslucidas en un informe burocrático cuya aprobación pasa casi desapercibida para el gran público. Para entonces, la "joya reina" del Consejo, el cual sucediera en 2006 a la abolida Comisión, ha perdido importancia e interés.

Si a todo esto se le agrega que no pocos países enmascaran sus negativas a ciertas recomendaciones en la vieja fórmula del "tomo nota", que para la ONU equivale a un rechazo disfrazado de la recomendación, se completa una clara intención de sabotear al EPU. Entre paneles inconducentes y el mecanismo del EPU devaluado, el Consejo podría zozobrar en el oleaje de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.

Juan Gasparini

1. En el 2014 volvieron a la membresía del consejo varios países acusados de cometer violaciones de derechos humanos o ser reticentes a impulsar mejoras de esos derechos a nivel internacional: Arabia Saudita, China, Rusia, Argelia, Cuba, Vietnam, Namibia, Gran Bretaña y Sudáfrica.