“Avellaneda ardía”. La frase del fiscal Juan José González es más que demostrativa. No sólo porque el 26 de junio de 2002 un micro incendiado envolvía con una enorme humareda el centro de esa ciudad, sino porque desde el mediodía reinaba el caos en sus calles. Corridas, estruendos, gritos, reclamos, gente herida y dos muertes se habían sumado a ese fuego. Fue el día de la llamada Masacre de Avellaneda.”, este pie de nota elaborado por la periodista de Clarín Liliana Caruso, publicada el martes 21 de junio, evoca el accionar de un grupo de parapoliciales camuflados de piqueteros sobre la Avenida Mitre al 1300. Según pasajeros del colectivo siniestrado, unos sujetos que portaban escopetas de calibre 12 se subieron al mismo, los hicieron bajar y procedieron a incendiarlo. De acuerdo al relato de los mismos, no se asemejaban en nada a los piqueteros que en ese momento eran reprimidos a balazo limpio. A pesar de esto, gran parte de la corporación mediática (sobre todo, el aludido multimedio y el multimedios liderado por Daniel Hadad) insistieron que los no tan misteriosos piromaniacos que se adueñaron de la situación. Por ejemplo, algunos oficiales de la Bonaerense insistían que algunos miembros de esas organizaciones de desocupados portaban tumberas, una suerte de improvisada escopeta, y con las mismas procedieron a balear a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los que sí las esgrimían eran precisamente los asesinos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, como también los citados amantes de la combustión inducida de colectivos.
   En la sesión del juicio del pasado viernes 17, el referido fiscal alude que “si no fuera por el trabajo y el aporte de fotógrafos y camarógrafos de distintos medios, hubiera resultado casi imposible, sólo con los testigos, llegar a entender lo que pasó y quienes fueron los responsables”. Sin embargo, cabe recordar como Daniel Hadad manipuló en persona, según consta en el libro Darío y Maxi: dignidad piquetera, fotos de Darío Santillán a los que lo dotó de un palo con un clavo en la punta. Así parecía que el asesinado por Fanchiotti agredía salvajemente a su posterior matador, como si éste hubiera actuado simplemente en defensa propia. Como también, según manifiesta Pablo Llonto en La Noble Ernestina, las fotos tomadas por Pepe Mateos fueron encontradas casi por casualidad, luego de que Página 12 las publicara primero.
   “Cuando llegamos a la comisaría 1° de Avellaneda, todo era un caos. Había 170 detenidos, entre ellos 15 menores, nadie sabía que le imputaban. Unos 40 legisladores querían saber que sucedía. Cuando preguntábamos por el lugar de las muertes, los policías no respondían. Había un pacto de silencio y un desgobierno. Mientras nosotros resolvíamos la liberación de los detenidos, ordenábamos autopsias, peritos científicos recorrían las calles. La sorpresa fue que la Municipalidad las había limpiado, levantando rastros y huellas. Enviamos gente a la CEAMSE para revolver la basura y ver si había algo” (artículo citado). Estas declaraciones del fiscal, remiten a que la represión no fue producto del amor al arte o del desaguisado de un comisario fuera de órbita. Sino que se debió a un plan milimétricamente diseñado, cuyo fin sería abortar el camino iniciado el 19-20 de diciembre de 2001. Y sería simplemente, a balazo limpio. Sino, no se infiere otra cosa al constatar el pacto de silencio (que sí lo hubo) de los Bonaerenses, como la celeridad de la Municipalidad de Avellaneda de dejar todo el entorno limpito. Como si nada hubiera sucedido, como si esas dos muertes ocurrieron en la luna.


La pata de la SIDE

   A pesar del cacareo pingüinero, aún no hay noticias de la apertura de los mentados archivos de la SIDE sobre el real papel de ese organismo aquel miércoles infausto. En ellos, constará seguramente la participación del entonces número dos del organismo de inteligencia estatal, el entonces duhaldista Oscar Rodríguez, de quien se sabe llamó celular en más de una ocasión al móvil del ahora juzgado Fanchiotti. Se infiere que lo hizo desde la cueva ubicada en la calle Bulnes, antigua sede de intercepción telefónica durante la última dictadura, y en ese día 26 asiento probable del grupo de tareas que monitoreaba el operativo cerrojo que se cernía sobre el Puente Pueyrredón. Más arriba del organigrama, se ubicaba la figura de Juan José Álvarez, un viejo conocido de la casa: “En octubre de 2001, siendo Ruckauf gobernador, se hizo cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Desde allí jugó un rol destacado en diciembre de 2001 impulsando los saqueos como parte de la estrategia duhaldista para hacerse del gobierno. Pero una vez caído De la Rúa apeló a operaciones de acción psicológica tendientes a neutralizar el estado de efervescencia popular: punteros y policías bonaerenses se encargaron de diseminar rumores de robos en barrios y villas que terminarían consumiendo en la confusión, toda la energía y potencia organizativa que se había gestado en cada barrio de Gran Buenos Aires. Asumido Rodríguez Saá, por pedido expreso de Ruckauf, fue designado para el mismo cargo pero en el Gobierno Nacional. Ya con Duhalde en la presidencia, es confirmado como secretario de Seguridad Interior de la Nación. Desde que asumió impulsó como política de seguridad el accionar conjunto de de las cuatro fuerzas de represión interior, que bajo su coordinación se pusieron en marcha el 26 de junio de 2002. Desde esta área Álvarez garantizó la saturación de fuerzas represivas sobre la cual se montaron los fusilamientos” (Argentina Arde). El citado personaje de marras, actualmente diputado nacional por el PJ, fue el autor de la célebre frase “los piqueteros se mataron entre ellos”, como también pontificó que “la policía sólo utilizó balas de goma y fue agredida por palos y armas de fuego”. Tiene cita en los tribunales de Lomas de Zamora el 7 de julio, y de concurrir será interesante poner el oído sobre lo que declarará. Porque seguramente tiene mucho que decir, dado que sabe demasiado, sobre todo aquella reunión (según consta en la edición de Clarín del miércoles 22 de junio) antes de la represión “entre jefes de seguridad en la base del Puente Pueyrredón, que fue referida por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Fanchiotti y (el ex cabo Alejandro) Acosta estaban en la esquina de Rucci y Mitre reunidos con personal de la Prefectura, cerca de los camiones de esa fuerza que estaban allí”, según consta que declaró el testigo Pablo Mendoza, de la Bonaerense. Según el citado matutino, este no era otro que el chofer de la oficial Miriam Elizabeth Padrón, quien ese miércoles se desempeñaba como subcomisario del comando de patrulla de Avellaneda. La misma declaró que en la tarde de ese día, fue comisionada para recibir a un alto jefe que venía en helicóptero desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, ubicado enfrente del bosque platense.
    Lo narrado tiene el característico tufillo a conspiración, a plan maquinado a la perfección de forma que nada quedara librado al azar. Así se echa por tierra la risible teoría del enfrentamiento interpiquetero, como también la locura momentánea de un comisario y un cabo sacado.
    Pero como sucede en estas cuestiones, siempre lo mejor está por venir.

Fernando Paolella