“El consenso democrático se ha roto, la deslealtad es la regla. El peligro está en que por ahí sigan las autoridades catalanas”. Francesc de Carreras. El País 10/11/14).

El 9N, el gobierno catalán, al realizar el llamado “referéndum alternativo”, rompió, como lo señaló Francesc de Carreras, lo que llama “consenso democrático” y eso desorientó al gobierno de España que ahora promoverá una acción penal para que se investigue la posible comisión de los delitos de desobediencia y prevaricación por parte de los responsables políticos de su ejecución.

Según “El País” de España, Artur Mas, el presidente catalán, ha insistido que su opción favorita es la del diálogo, pero también ha admitido que “confía muy poco” en esta vía cuando el Gobierno intenta judicializar el conflicto. “Cuando se tendría que estar haciendo alta política se activa la Fiscalía, lo que es bastante decepcionante”, ha justificado y ha sentenciado: &"Más política y menos tribunales&".

En verdad se trataba de determinar si la realización de un referéndum para que la ciudadanía catalana se pronuncie sobre la eventual conveniencia de su independencia violaba la Constitución española y el Tribunal Constitucional de España fallo en contra, no obstante ello, el gobierno catalán realizó una “consulta alternativa” el pasado domingo 9.

La cuestión no es sencilla ya que es muy difícil distinguir si se trata de un tema legal o político.

El “consenso democrático” supone el respeto a las instituciones por las cuales se expresa la ciudadanía y en especial a sus decisiones, las que podrán ser materia de crítica, mas no de desobediencia o desafío.

En mi opinión es una cuestión legal ya que el gobierno catalán le plantea al gobierno central que le facilite su camino a la independencia, si la ciudadanía votara en su favor.

En ese sentido parece acertada la posición del gobierno español expuesta en el parlamento por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en respuesta al senador del CiU José Luis Cleries, cuando afirmó que: “Legalmente el derecho de autodeterminación que usted quiere no es posible, ni en esta Constitución ni en ninguna de nuestro entorno&"….Para lograrlo se requeriría una reforma constitucional, pero el Ejecutivo y el PP no van a aceptarla. &"Con este partido y con este Gobierno no juegue para negociar con la soberanía de los españoles&".

La supremacía de la Constitución es la máxima garantía para todos los habitantes de un régimen político en esencia democrático y republicano, aunque España sea un Reino.

Por tanto puesta en juego una decisión de un gobierno local como contraria a la Constitución, el único camino procesal existente para dirimir el conflicto es la vía judicial, lo que no implica “judicializar la política” como tampoco se judicializa la llamada “protesta social” cuando hay indicios de la comisión de infracciones al régimen institucional vigente.

Cabe otra pregunta, la legalidad vigente impediría la reforma de la Constitución, es obvio que la respuesta debe ser negativa, y la petición de reforma de la constitución si sería una “cuestión política”.

Daría la impresión que el objetivo del gobierno catalán debería ser la de promover la reforma del régimen constitucional vigente, respetando su legalidad actual y el resultado debería ser acatado por unos y otros.

Traje a cuento esta cuestión que creo es apasionante tanto desde el derecho como desde la política, porque pienso que entre nosotros se ha quebrado el “consenso democrático”, mejor dicho fue quebrado por “el kirchnerismo”.

Creo que tenemos que ser prudentes al abordar esta cuestión, porque muchos asocian la “ruptura del consenso democrático” con la existencia de una dictadura o tiranía.

Es posible que la ruptura del consenso democrático lleve a la dictadura cuyo ejemplo clásico es Cuba y que Juan Bautista Yofré prueba con sorprendente documentación en su último libro “Cuba fue” dado que en un primer tiempo la llamada Revolución Cubana o castrista, se hizo en nombre del restablecimiento del consenso democrático.

Ahora bien, no toda ruptura del “consenso democrático” es sinónimo de dictadura, mas bien, es sinónimo de anomia.

Creo oportuno recordar las acepciones que le da a esa palabra la RAE: Ausencia de ley. Conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. Trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su nombre.

En verdad la ruptura del “Consenso democrático” es una degradación del sistema institucional, lo que se rompe es la lealtad a la regla y al perderse esa lealtad, las cosas dejan de tener nombre que es lo que nos pasa o pierden su significado y toman otro que se acomoda al servicio de un interés personal que se usa como un verdadero ejemplo.

Resulta muy difícil distinguir “lo justo” de “lo arbitrario”, ya que lo justo es lo que conviene a un sector o mejor dicho a una facción y lo que a esa facción no le conviene es “arbitrario”.

Lo “justo” y lo “arbitrario” se han convertido en conceptos netamente subjetivos, como ocurre con “lo bueno” y “lo malo” según donde estemos parados.

Eric Hobsbawn decía que “Vivimos una sociedad sometida a cambios tan rápidos e impredecibles que ya casi nada de lo que heredamos puede darse por sentado” y el kirchnerismo expresa esa corriente, que para consuelo, se da en todo el mundo.

El “kirchnerismo” es totalmente existencial y coyuntural, de allí su solidez y presencia en una parte significativa de la sociedad, pero también nos representa a todos nosotros que ya somos incapaces de dar algo “por sentado” y debemos reconocer que “todas y todos” nos vamos acomodando tratando de convertir a nuestras dudas en certezas meramente oportunistas o circunstanciales.

Hoy los “consensos” no importan porque no creemos en los valores mínimos que lo hacen sostenible ni en los institutos que hemos creado para que podamos resolver nuestras diferencias.

Los catalanes rompieron una regla de respeto a un fallo del tribunal constitucional y hacen mérito de su deslealtad, los argentinos hemos desobedecido la decisión de un Poder judicial al que nos sometimos voluntariamente y lo exhibimos como virtud.

No es ni el derecho ni la política, esto es mucho más complicado, hemos roto la regla del respeto a la lealtad y esto es una cuestión cultural.

El panorama político actual ratifica lo que afirmo por eso no tenemos oposición y solo algunos opositores que por ahora son incapaces de generar o mejor dicho restablecer un consenso democrático al que no debe confundirse con un “contubernio” para ganar las elecciones (Economía para Todos).