El Ministerio Público de la Confederación Suiza (MPC), que mantiene bloqueados 15 millones de euros del clan Báez, supuestamente administrados por la fiduciaria “Vistra” de Ginebra, admitió haber recibido pruebas documentales solicitadas al juez argentino Sebastián Casanello, confirmó la portavoz del MPC, Jeannette Balmer.

La titular de esos fondos es una fundación familiar de Lázaro Báez y sus cuatro hijos, y están siendo investigados por el MPC desde hace más de un año y medio por blanqueo de dinero. Para saber si el origen de esos activos es producto de un delito, o de procedencia lícita, y resolver su confiscación o restitución a los titulares de los mismos, Suiza necesitaba las pruebas aportadas por el juez Casanello, a cargo de la causa iniciada por los tribunales federales de Buenos Aires, relacionada con las presuntas actividades criminales de los Báez.

El MPC ejerce las funciones conjuntas de instrucción y fiscalía. Su decisión sobre la fortuna suiza de los Báez parece ser inminente. Y en línea con una fuente cercana a la investigación helvética, las pruebas remitidas por Casanello serían insuficientes.

En ese contexto se impondría la devolución de la plata a sus derechohabientes, y el eventual cierre del sumario. De ello parece convencido el abogado de los Báez en Ginebra, Maurice Harari, el cual, inesperadamente, retiró un recurso contra el bloqueo de los haberes ante el Tribunal Federal suizo, equivalente a la Corte Suprema en la Argentina.

Las informaciones oficiales brindadas por el MPC señalan, además, que no se habrían tomado en consideración las pruebas hechas llegar por la diputada argentina Graciela Ocaña, encaminadas vía la diplomacia suiza. A propósito, quizá valga consignar que el reciente cambio del embajador helvético en Buenos Aires, responsable de haber canalizado tales pruebas, sucedió tras una carta de queja sobre su comportamiento de un abogado del clan Báez, al presidente suizo Didier Burkhalter. No es desdeñable abundar, que el MPC no envió exhortos a Uruguay, Panamá y Estados Unidos, para saber del hipotético itinerario que habría recorrido el flujo del dinero atribuido a los Báez, antes de guarecerse finalmente en la banca suiza.

Por cierto, debe recordarse que el Procurador General suizo, Michel Lauber, en su conferencia de prensa anual el 8 de septiembre 2014 en Ginebra, anunció las bondades en la lucha contra la corrupción de la aplicación del artículo 67 a de la Ley Federal sobre la cooperación internacional en materia penal, que lo habilita a trasmitir pruebas a otros países, sin que se las pidan ni contrapartida, en el entendido que pudieran ser útiles “para facilitar en desarrollo de una investigación penal en curso” en dichos países.

Manifestó al respecto que así lo había hecho con Alemania, Brasil y Grecia. Preguntado si también lo iba a hacer con la Argentina por el expediente de los Báez, dado que el juez Casanello requirió asistencia penal en ese sentido en julio de 2013, la respuesta no fue positiva.

A todo esto se suman las reticencias suizas a reconocer la recepción de las pruebas provenientes del juez Casanello, fechadas el 7 de julio pasado y que recién ahora se admiten. La Oficina Federal de Justicia suiza, encargada de acoger las comisiones rogatorias del extranjero, lo negó por escrito en tres ocasiones. Hizo falta la inquietud periodística de un emblemático diario local, que movilizó hasta él ministerio helvético de exteriores, para que finalmente apareciera el correo postal con los documentos. En semejante contexto, el gobierno federal suizo ha sido invitado mediante una interpelación parlamentaria del diputado socialista por Ginebra, Carlo Sommaruga, a esclarecer el caso.

(*) Juan Gasparini es autor de “Las bóvedas suizas del kirchnerismo”.