El día lunes 19 de Enero de 2015 los argentinos nos despertamos en medio de un estupor que nos tomó desprevenidos. Nadie lo había imaginado, pero la noticia estaba allí, en todos los canales. El valeroso fiscal federal Alberto Nisman había sido hallado muerto en su departamento. Esto ocurría apenas unas horas antes de su comparecencia ante el Congreso Nacional para explicar y detallar su denuncia penal contra los máximos dirigentes del gobierno nacional.

Como sociedad, en algún momento perdimos el rumbo y nuestros desaciertos se fueron acumulando hasta producirse el desenlace mafioso que tanto nos duele. Una muerte tan injusta e impune no ocurre por casualidad. Tiene que ser muy alto el grado de corrupción, mafia, impunidad y autoritarismo en un Estado para que pueda ser asesinado o “suicidado” de esa manera el fiscal que investigaba a la presidenta. Más allá de su grado de participación directa en el hecho, sin dudas que el gobierno argentino es responsable, como mínimo por no haberlo cuidado adecuadamente y por haber convalidado o alimentado un Estado mafioso.

¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué como sociedad fallamos en proteger a quien pretendía defendernos? ¿Había alguna forma de evitarlo? Es importante que todos sintamos un poco de culpa. Claro que la culpa principal es de quien jaló el gatillo y de quien dio la orden. Nadie lo discute pero, ¿qué podemos esperar de esas personas? ¿Acaso Nisman confiaba en esa clase de gente para llevar adelante su trabajo? ¿O más bien esperaba simplemente que la sociedad y las instituciones públicas le brindaran un respaldo suficiente?

Hace mucho tiempo que en la Argentina gobiernan las mismas estructuras políticas, básicamente el PJ y la UCR. Y desde el fin de la última dictadura militar estas estructuras no han dejado de defraudarnos una y otra vez. Pero, ¿por qué las seguimos votando? ¿Será que en verdad lo hacemos o el sistema no nos deja mucho margen de decisión?

De ninguna manera pretendo afirmar que la culpa sea de los radicales y de los peronistas. Pero sí que las estructuras de esos partidos se transformaron en algún punto de la historia en burocracias predatorias y clientelares que ejercen una fuerte inercia a favor de liderazgos autoritarios, y de un sistema de concentración de poder e impunidad. El radicalismo se depuró parcialmente a partir de la implosión de 2001, pero sigue manteniendo una fuerte puja interna entre caudillismos absolutistas y dirigencia republicana.

El actual gobierno es una expresión más de los aparatos que nos oprimen desde hace tiempo. Y ha logrado envolver sus prácticas corruptas con una ideología autoritaria: el posmarxismo o “socialismo del siglo XXI”. La misma le sirve de elemento cohesionador de la élite dirigente por medio del fanatismo y, en su defecto, del temor provocado por la agresividad de aquél. ¿Es la muerte de Nisman un engranaje más de mecanismos mafiosos autónomos que anidan en nuestro Estado? ¿O se trata de un mensaje contundente del fanatismo gubernamental hacia toda la clase dirigente? De nuevo: en cualquier caso, el gobierno es responsable.

Cuando un sistema autoritario entra en crisis reiteradas veces, como le ocurrió a la Argentina en 1989 y en 2001, sin que la sociedad civil logre reemplazarlo por un nuevo sistema, el resultado lógico es una profundización del autoritarismo y de todos sus males. Y esto es lo que viene ocurriendo en la Argentina durante la “década robada” del kirchnerismo. Al clientelismo sistémico, la corrupción estructural, la mafia y la concentración de poder, se le suman ahora la agresividad e intolerancia, las prácticas totalitarias y la infiltración del narcotráfico, todo lo cual potencia lo anterior.

En este contexto deben analizarse las reacciones del gobierno argentino y del aparato justicialista frente a la muerte de Nisman. El gobierno tomó ilegítima e ilegalmente control de la escena del crimen a través de Sergio Berni, pasando por encima de la Justicia. E intentó instalar mediáticamente la idea de un suicidio por medio de conclusiones apresuradas, omisiones deliberadas y mentiras descaradas.

Una de estas mentiras tuvo lugar cuando el Ministerio de Seguridad afirmó en un inmediato comunicado oficial que “al intentar ingresar, la mujer [madre de Nisman] constató que la puerta se encontraba cerrada con la llave colocada en la cerradura por dentro”. Esto fue desmentido por el cerrajero, quien indicó que una cerradura estaba “abierta” con la llave del lado de adentro. La otra cerradura habría sido abierta sin problemas por la madre. Asimismo, se omitió indicar que había un tercer acceso. Todos nos quedamos, después de ese comunicado, con una sensación de que las pruebas indicaban, por el momento, que se había tratado de un suicidio.

Otra mentira fue la que expresó Berni al decir que llegó al lugar minutos antes que el juez, cuando en verdad el juez llegó primero pero no logró que las fuerzas de seguridad lo dejaran pasar, a pesar de que él era la máxima autoridad del lugar. Sólo después de que Berni llegara y pasara durante unos minutos a la escena del crimen el juez tuvo el honor de poder hacer su trabajo.

Esto fue quizás lo que llevó a la jueza que investiga la muerte del fiscal a hacer uso de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, algo que debió haber sido así desde un principio para custodiar a Nisman si el poco confiable gobierno nacional podía llegar a beneficiarse con su muerte. Pero el sistema corrupto comandado por un gobierno que enarbola el fanatismo no entiende de razones. La presidenta salió inmediatamente al cruce de la jueza que había demostrado sensatez e independencia. La descalificó con la excusa de que en sus perfiles de Facebook y Twitter había tenido expresiones opositoras por criticar hechos de corrupción del gobierno.

Así y todo, el gobierno entero, con Cristina Fernández a la cabeza, tuvo que dar un giro de 180 grados y admitir que aparentemente no se había tratado de un suicidio. Claro que la presidenta lo expresó por Facebook, cual adolescente sin cargo ni responsabilidad alguna. Y lo proclamó como si se tratara de una brillante tesis original, cuando era lo que todos intuíamos desde un principio. Por su parte, el aparato justicialista cerró filas. No le importó volver sobre sus pasos. Hizo un acto para respaldar a la jefa, sin pedirle explicaciones y aplaudiendo desentonadamente en medio del malestar social, cual código mafioso.

Sólo algunos pocos, como Eugenio Zaffaroni, parecieron quedarse atascados en la hipótesis de un supuesto suicidio, motivado por el hecho de que, tras años de intensa investigación, el día previo a exponer en el Congreso, el fiscal se habría dado cuenta de que no tenía pruebas o de que los hechos que imputaba no constituían un delito. Lo raro es que Nisman tenía entre sus conocidos la fama de ser sumamente eficiente como fiscal y de no afirmar nunca nada que no se pudiera sustentar con pruebas claras.

En definitiva, todo se ha venido sucediendo como era esperable. La Argentina está en los últimos lugares en los rankings de Transparencia Internacional, con una pobre calificación que ha ido disminuyendo en los últimos años. La corrupción rebalsa por todos lados y las mafias festejan impunes. Era inevitable, aunque resultó inesperado para el común de los mortales, que el largo proceso de degradación institucional desembocara en algo así.

¿Qué forma y qué nivel de autoritarismo y mafia tomará el sistema a partir de ahora si la muerte de Nisman queda impune o sin esclarecer? ¿Cuál será su próxima evolución? Lo que no es inevitable es que este proceso siga en marcha, que los argentinos sigamos sin involucrarnos lo suficiente en los asuntos públicos como para consolidar una democracia verdadera, que sirva de herramienta de liberación y autosuperación.