La desestimación inicial de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA echó por tierra eventuales complicaciones en Tribunales para la presidenta Cristina Kirchner, pero la Justicia cierra ahora el cerco sobre un supuesto agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) acusado en la maniobra.

Ramón "Allan" Bogado es el nombre de la persona a quien Nisman sindicó como espía de la SI (aunque la central de inteligencia luego lo negó) y como ejecutor de la supuesta maniobra pergeñada por la Presidenta y el canciller, Héctor Timerman, para desvincular a exfuncionarios iraníes del ataque a la mutual judía.

La denuncia por ahora quedó trunca tras el rechazo del juez federal Daniel Rafecas, pero el magistrado dispuso extraer testimonios y que se investigue si Bogado simuló ser un agente de la SI.

Bogado es investigado en paralelo en dos expedientes: uno en manos del juez Luis Rodríguez, en el que fue denunciado por hacerse pasar como agente de la SI ante autoridades de la Aduana.

Pero el magistrado Norberto Oyarbide también lo investiga a él y al líder de Quebracho, Fernando Esteche, puesto que éste último confesó que lo conoció cuando dialogaba con sectores del Gobierno en pos de la eventual pena que iba a recibir por algunas causas penales en su contra.

La causa en manos de Rodríguez se inició a fines del año pasado, antes de que el exdirector de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso fuese echado por Cristina Kirchner y que Nisman la denunciara.

Según la investigación, Bogado se habría presentado en octubre pasado ante las autoridades de Aduana, concretamente a su titular Carlos Sánchez, y advertido sobre una operación de prensa que se le iba a venir en contra y que tenía como objetivo a dos pesos pesados del organismo.

Rodríguez tiene bajo secreto de sumario esa causa y en las últimas semanas volvió a tomarle declaración testimonial a Sánchez, quien ratificó los detalles del encuentro.

No obstante, el juez dispuso la prohibición de salida del país de Bogado y lo instó a que se presentara los primeros días hábiles de cada mes: él se encuentra con custodia policial, tal cual se dispuso ni bien fue mencionado en la denuncia de Nisman por el encubrimiento de la AMIA.

A la par, el juez hizo lugar a un pedido de eximición de prisión presentado por los abogados de Bogado, lo que implica que por lo pronto no irá detenido ante un eventual llamado a indagatoria.

"Ante la inexistencia actual de elementos objetivos que den cuenta de cierto grado de riesgo de elusión, estimo adecuado conceder el beneficio solicitado, bajo caución juratoria", dispuso el magistrado.

El otro expediente que avanza contra Bogado también tiene en la mira a Esteche, y a un exempleado de la Anses de nombre Christian Raff.

La denuncia la hicieron nueve fiscales federales a partir de los dichos de Esteche sobre si conocía a Bogado: "Me lo presentaron en mis relaciones con los sectores del oficialismo, en función de discutir, hace dos o tres años, la condena inminente que se me planteaba. Fui a discutir con ellos a ver de qué se trataba y si era que el Gobierno tenían intereses de meterme en cana y me sientan con distintas personas", había contado el líder de Quebracho en declaraciones periodísticas.

Según señaló Esteche, Bogado le fue presentado como un representante de la Jefatura de Gabinete y hablaba "como si fuera parte del Gobierno".

Los fiscales Germán Moldes, Jorge Di Lello, Patricio Evers, Carlos Stornelli, Eduardo Taiano, Ramiro González, Gerardo Pollicita y Guillermo Marijuan presentaron una denuncia y el último de ellos luego requirió emprender una investigación penal.

Los integrantes del Ministerio Público pidieron investigar si "personas ajenas a la administración pública representaban al oficialismo para negociar los alcances de un acto jurisdiccional de otro Poder, el Judicial", esto es, si había una suerte de intromisión en las decisiones de la Justicia.

Ahora, el juez Oyarbide pidió conocer el listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos asignados a Bogado y Esteche durante 2014 y, a la par, pedir a la Jefatura de Gabinete que informe si Raff (NdR: En la denuncia se lo señaló como Daff, por cómo sonaba fonéticamente) es parte de su personal.

Oyarbide también pidió tener acceso a las cinco mil horas de escuchas telefónicas que Nisman presentó junto a su denuncia por encubrimiento, en especial en las que haya conversaciones entre Esteche y Bogado sobre la situación procesal del primero.

El líder de Quebracho estuvo detenido hasta fines del año pasado por dos hechos: haber provocado destrozos a un local partidario del exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch en el marco de una protesta por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en abril de 2007; y por los daños causados durante una movilización ante la llegada de una misión del FMI en 2004.

Esteche recuperó su libertad a fines de 2014 y, según fuentes judiciales, hubo una suerte de conversación desde algún sector del Gobierno en pos de que se le impusiera una pena inferior a la que recibió (NA).