Como en cada campaña presidencial, el debate económico vuelve a convertirse en la clave a la hora de tratar de definir ejes de diferenciación entre las propuestas de cara al electorado.

El gobierno y la oposición salieron a enfrentarse sobre cómo resolver el antipopular y nocivo cepo cambiario, las distorsionadas tarifas de servicios públicos y la resolución de temas que Cristina Fernández dejará como pesada herencia, como el litigio interminable con los fondos buitre por la deuda.

Existe convencimiento entre los agentes económicos de que el gobierno no aplicará corrección alguna sobre las distorsiones más severas que sufre la estructura productiva.

La lectura es que la presidenta Cristina Fernández no dilapidará lo que le queda de imagen positiva devaluando, quitando subsidios a tarifas o llegando a un acuerdo por la deuda, porque todas esas medidas desnudarían la fragilidad por la que atraviesa el modelo.

Los principales referentes políticos vienen polemizando sobre qué hacer con las restricciones cambiarias.

La primera piedra la arrojó el líder del PRO, Mauricio Macri, al prometer que el día después de asumir eliminaría el cepo cambiario.

Fue una declaración audaz y temeraria, porque existe consenso general en que eliminar el complejo sistema para limitar la fuga de divisas requerirá de un plan amplio y gradual, que garantice un fuerte ingreso de capitales, una variable casi ausente en los últimos años.

El jefe de PRO trataría de instalar la idea de que con la confianza que despertaría en los mercados su asunción sería suficiente para que los argentinos demanden más pesos que dólares, una idea altamente improbable por la experiencia de devaluaciones que arrastran los nacidos en estas pampas.

También parece creer que los capitales que ingresen le darían al Banco Central las divisas suficientes para enfrentar compras fuertes si es que las hubiera.

Economistas cercanos al kirchnerismo dicen que la frase de Macri les recordó al "salariazo y la revolución productiva" prometida por Carlos Menem en su momento.

La ironía es válida pero también encierra un dilema: Menem ganó las elecciones y es el presidente argentino que más tiempo logró aferrarse al sillón de Rivadavia: 10 años y medio.

La ciencia política diría que, a veces, ser audaz con las promesas rinde a la hora de cosechar votos.

Es incierto si el asesor de imagen ecuatoriano Jaime Durán Barba estuvo detrás de la frase de Macri, o si simplemente fue una decisión propia del jefe de Gobierno porteño pronunciarla, pero  entusiasmó a más de uno.

Incluso al sector empresarial, que viene penando por dólares para importar y le colmó recientemente las sillas en una cena para recaudar fondos en la que el líder del PRO cosechó unos 120 millones de pesos.

La problemática generada por el cepo cambiario depende de distintas variables, y la principal está vinculada con las reservas que dejará Cristina en el Banco Central.

El gobierno declara U$S 31.400 millones y cree que llegarán a los 34.000 millones con el ingreso de la exportaciones de soja, aunque de ese número habrá que descontar pagos de importaciones y, en especial, la tarifa por la compra de energía.

El problema es que para fin de año se espera que unos U$S 7.000 millones de esas reservas estarán compuestos por yuanes del acuerdo con China (no dólares) que vence, o deberá ser renovado, en un año.

A esto se suma el retraso en pagos al exterior, también por efecto del cepo: las industrias automotriz y de artículos electrónicos reclama atrasos por entre U$S 4.000 millones y U$S 5.000 millones en pagos de piezas y componentes para sus productos.

El otro punto de debate está vinculado con qué hacer con los subsidios multimillonarios para tarifas de servicios públicos.

Para algunos especialistas representan el 80 por ciento de los subsidios totales que paga el Tesoro.

Es una suma monumental que engrosa un déficit fiscal de proporciones, que se erige como uno de los motivos por los cuales las inversiones llegan en cuentagotas a la Argentina.

Aquí también vuelve la disputa entre política de shock o gradualismo.

Sobre esto los candidatos aún no se manifestaron con todas las letras, pero está claro que la Argentina deberá intentar recuperar esos fondos.

El problema es que eliminar subsidios implicaría que las tarifas de servicios públicos se multipliquen hasta por cuatro para una buena parte de la población.

Sólo un gobierno con enorme popularidad podría implementar una medida así, a costa de que ese apoyo se evapore rápidamente.

A esto se suma el problema de la deuda: el gobierno buscó instalar durante años que la Argentina había salido de la cesación de pagos.

Bastó un juez norteamericano como Thomas Griesa que -muchos sostienen- ya debería haberse jubilado, y que en algunas audiencias hasta parece no entender el fondo del problema, para que los argentinos se desayunaran con que la deuda estaba lejos de resolverse y sigue siendo un dolor de cabeza.

Sobre esta cuestión también existen dudas de qué harían los candidatos, que ya deberían ponerse a estudiarlo porque está claro que Cristina no moverá un dedo para solucionarlo.

Lo curioso es que aunque el problema de la deuda esté lejos de resolverse, los bonos y las acciones de empresas vienen en franco repunte desde hace semanas.

El reflejo más evidente de esa movida es la fuerte suba que registraron en las últimas semanas los precios de los bonos y las acciones de empresas que operan en la Argentina.

En el mundillo empresarial dicen que esa tendencia se profundizará a medida que se acerque el 10 de diciembre, porque gane quien gane se espera un "giro pro-mercado" en las políticas oficiales (NA).