Las malas noticias que hubo durante meses contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien permanentemente se la acusó de actuar en consonancia con el Ejecutivo, terminaron y en los últimos días la Justicia decidió archivar dos investigaciones sensibles en su contra.

Son fotos del pasado aquellos tiempos en que Comodoro Py emitía señales y embestía contra el kirchnerismo y afines, con su punto culmine en la marcha del 18 de febrero pasado en conmemoración al fallecido Alberto Nisman, que implicó que por primera vez jueces y fiscales en forma pública jugaran políticamente.

Gils Carbó es una de las figuras políticas más controvertidas y a poco de asumir su cargo un grupo de fiscales federales se plantó políticamente en la vereda opuesta y hasta fue denunciada por múltiples hechos: supuestos nombramientos irregulares de fiscales, por supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez, y por supuesto espionaje de integrantes del Ministerio Público, entre otras cosas.

Pero los tiempos difíciles pasaron, y no sólo de un clima de armonía goza la relación Justicia Federal-Ejecutivo sino que también parece trasladarse para con la Procuradora, quien ya anunció que seguirá en su cargo cuando la presidenta Cristina Kirchner termine su mandato a fines de este año.

El juez federal Julián Ercolini decidió archivar una de las denuncias contra Gils Carbó por supuesto nombramiento irregular del abogado Alberto Martín Binder, sindicado como un hombre de la estrecha confianza de la Procuradora y la persona que puso a trabajar en la organización del Ministerio Público a raíz de haberse modificado recientemente el Código Procesal Penal.

Binder ha sido uno de los defensores más acérrimos de la gestión Gils Carbó y crítico del funcionamiento del actual sistema judicial.

El archivo de la causa no es un dato aislado: Ercolini esta semana también archivó otra denuncia contra Gils Carbó, quien había sido denunciada por presunta protección y encubrimiento sobre el Jefe del Ejército, César Milani, en algunas investigaciones en su contra por violación a los derechos humanos en la última dictadura militar.

La denuncia por el nombramiento de Binder la había hecho en diciembre de 2013 el abogado de TDP Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien acusó que la Procuradora designó a aquel en junio de ese año, cometiendo estafa e incumpliendo la normativa para hacerlo.

Según el denunciante, Gils Carbó mediante resolución 1153/13 nombró a Binder bajo la modalidad de locación de servicios bajo el argumento de la gran cantidad de tareas en el área de Coordinación Institucional.

En esa resolución, agregó Sánchez Kalbermatten, se dispuso que el abogado penalista cobrase un salario mensual de 20 mil pesos, pero al mes siguiente y por resolución 1370/13 la Procuradora aclaró que Binder había comenzado a trabajar en abril de 2013, "en virtud de lo cual se dispuso el pago en carácter de legítimo abono de la suma de 36 mil pesos" por el período de abril a junio de ese año.

El denunciante dijo que se trató de un procedimiento excepcional e irregular a la par que cuestiono la incompatibilidad porque en forma simultánea Binder colaboró mediante la presentación de escritos judiciales para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Sánchez Kalbermatten acusó que "bajo la apariencia de fines públicos, en realidad de contrata a profesionales sin concurso".

La sospecha de designaciones irregulares en esta causa sólo es respecto al caso de Binder, aunque por la misma modalidad la Procuradora fue denunciada por haber nombrado a varios fiscales que le responderían políticamente.

Ercolini decidió archivar la denuncia a pocos días de hacer lo propio con aquella causa que pesaba en contra de Gils Carbó, y algunos atribuyen la decisión no sólo al clima de "tregua" reinante en Comodoro Py sino que además no se les escapa que un exsecretario letrado del juez, Gustavo Cristofani, fue nombrado recientemente en la Procuración General de la Nación.

Al archivar esta causa, Ercolini tuvo en cuenta que la Procuración justificó el nombramiento de Binder en "necesidades de estricto orden funcional de la Secretaría de Coordinación Institucional".

"El sólo hecho de que no se hubiesen empleado los mecanismos habituales de contratación no implica per se la irregularidad de la misma si ello se vio justificado mediante la aplicación de un instituto como el legítimo abono al que se ha apelado", valoró el magistrado en la resolución a la que accedió Agencia NA.

Si bien Ercolini tuvo en cuenta que es un caso excepcional, "la Procuradora General de la Nación, en el marco de su competencia y de acuerdo a una evaluación de oportunidad y conveniencia, entendió que el caso concreto se daban los presupuestos para su aplicación".

Por último, aclaró que el delito de malversación de caudales públicos "requiere para su configuración que se le de a los caudales administrados una aplicación diferente de aquella a la que estuviesen asignados".

"En el caso concreto, el pago en carácter de legítimo abono fue dispuesto luego de haberse certificado la disponibilidad del crédito del presupuesto del año correspondiente para afrontar el gasto solicitado" y por "razones funcionales", concluyó el juez.

Sobre la supuesta irregularidad de porque Binder realizó presentaciones judiciales para el INECIP, Ercolini remató: "Las funciones propias de los empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal no resultan incompatibles, desde la perspectiva de dicha normativa, con aquellas vinculadas a ese tipo de organizaciones".