En agosto del 2015, el otrora jefe de gobierno porteño y por entonces aspirante a llegar a la casa rosada, Mauricio Macri, refiriéndose a la actual procuradora de la nación, Alejandra Gils Carbó, dijo que recurrirá a la opinión pública y que pediría los instrumentos necesarios para tener a alguien idóneo, responsable y respetable y no un procurador que sea amigo del presidente, sino un procurador que ayude a que se cumpla la ley.

Posteriormente, el actual presidente se quedó con el ballotage y empezaron los errados proyectos de ley orgánica para modificar el MPF  (Ministerio Público Fiscal) y con eso sacarla a Carbó o almenos limitar su mandato.

Incluso hubo una hipótesis pública de un legislador del oficialismo de correrla por decreto, cuando, según lo que la constitución indica, la única manera legal para echarla es la de un juicio político en donde dos tercios de ambas cámaras del congreso deberían estar de acuerdo.

En una entrevista con “Política Argentina” la procuradora general de la Nación, descartó cualquier posibilidad de ceder a las presiones por las que responsabiliza al mandatario y al gobierno nacional.

Luego de reunir el apoyo de varios de sus pares de Iberoamérica, la jefa de los fiscales denuncio hostigamiento, amenazas y ataques por parte de Macri con el propósito de la concentración del poder, sostuvo que se trata de un daño lamentable y que vulnera la obligación de solucionarle los problemas a la gente.

Según la procuradora, la similitud que tiene Venezuela con Argentina, es ver como todo un aparato de estado es utilizado por el gobierno para atacar a una persona a la que se ataca enrealidad para poder controlar a una institución, el propio presidente dijo que quiere designar a un hombre de su confianza y que tiene que ser indudablemente un varón.

También declaró que el objetivo del jefe de estado es la concentración de poder y que si sucediera lo mismo que sucedió cuando Macri era el jefe de gobierno porteño, que designo a un diputado del PRO como fiscal general, daría cuenta de que no hay un ministerio publico independiente y eso, además, perjudicaría a la independencia del sistema judicial.

El ministro de justicia, German Garavano, consideró que carbó debería tomar una licencia para ser juzgada como una ciudadana más por la causa en la que se la investiga por la compra de un edificio de MPF, a lo que ella aclaró que las licencias son voluntarias, que no pensaba tomarla y que no iba a ceder a la las presiones.

Con respecto a la compra del edificio aseguro que creó procuradurías, las divisiones técnicas de apoyo, la federalización de la política criminal en las provincias para que la gente pueda vivir más segura y que el crimen organizado no valla ocupando más territorio, por esa razón dice haber instalado oficinas del MPF en los barrios más pobres de la ciudad, del conurbano y de algunas provincias. Según dijo la procuradora, una vez fracasadas las estrategias, no es raro que aparezca un nuevo recurso como es la utilización de la causa judicial, para que con esas presiones que se están ejerciendo sobre la justicia, obtener el pedido de citación a indagatoria y seguir con este afán de desplazar a la titular del MPF.

Por último, aseguro estar en coordinación con el resto de los poderes del estados, y que por eso es muy lamentable el daño que le están causando con la declaración que hizo el presidente lamentando que la actual procuradora siga en su cargo.

Por su parte el presidente expreso su descontento afirmando que Gils Carbó no tiene autoridad moral para seguir ejerciendo su cargo y le solicito al congreso para que progrese en la separación de sus funciones y dejarle el lugar a quien este a la altura de las circunstancias.

Según el presidente no confía en ella, no solo porque no deja que avancen las investigaciones de corrupción del anterior gobierno e inventa actuales, sino, también, porque no combate seriamente el delito, que es lo que más le preocupa a la gente.