El crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra destapó otro escandaloso hecho de supuesto ofrecimiento de sobornos hacia jueces a cambio de "favores" hacia los implicados, y a cuatro años la causa sigue paralizada y se mantiene un círculo de silencio por parte de los testigos.

Es la causa conocida como "sobornos en el caso Ferreyra" y que a fuego lento la Justicia mostró su desinterés en avanzar, porque tal vez pese que los implicados fuesen sus pares.

A la par del Tribunal bajo sospecha, la Cámara Federal de Casación Penal, pero con otros jueces, está pronto a resolver si confirma o no la condena por el crimen contra el exlíder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

Entre enero y febrero de 2011, cuando la Cámara de Casación evaluaba algunos pedidos de excarcelación presentados por los primeros detenidos por el homicidio de Ferreyra, varias escuchas revelaron una maniobra que comprometía al seno de la "familia judicial".

El intento de coimas se atribuye al exjuez y entonces abogado de uno de los acusados, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien habría ofrecido con la intervención de un agente de la SIDE (Ángel Riquelme) a jueces de Casación, quienes en su poder podían tener que definir algunas excarcelaciones.

En la cabeza de la maniobra se sospecha que estuvo Pedraza, quien para ese entonces estaba en liberad y al borde de ser implicado por el caso; el contador del gremio y vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Ángel Stafforini, quien tenía el rol de juntar el dinero (se sospecha de entre 50 y 75 mil dólares); Aráoz de Lamadrid quien tenía acceso a los jueces por su pasado laboral en Tribunales; al agente de la SIDE como orquestador, y al entonces secretario de Casación, Luis Ameghino Escobar, quien habría intervenido para manipular el sorteo del expediente para que recayera en los jueces que ahora están bajo la lupa.

Todos ellos están procesados aunque paralelamente cuatro años viene demorando el tramo de la investigación que se sigue sobre los jueces, supuestamente tentados con los sobornos: Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell.

Sólo el primero de ellos sigue en funciones en Casación, en tanto que González Palazzo lo está en la Cámara del Crimen y Mitchell renunció luego de aquel escándalo.

La causa se tomó su tiempo y fueron varios los idas y vueltas, pues más de 20 jueces evitan intervenir aduciendo conocimiento con sus pares investigados o algunos de los ya procesados.

Pero el año pasado la causa finalmente quedó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide quien delegó la investigación en la fiscalía federal 10, que fue ocupada hasta hace meses por Diego Iglesias y ahora se nombró a su titular Paloma Ochoa.

En la investigación las escuchas telefónicas develaron la maniobra aunque la estrategia de los acusados es cortar la cadena en Aráoz de Lamadrid, mostrar que todo se estaba gestando a espaldas de los jueces y que éstos nunca supieron que iban a ser tentados con sobornos.

Las escuchas que están en la causa probaron el vínculo entre Riggi y el agente de inteligencia Riquelme: el 1 de febrero de 2011, cuando se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y se encontraron 50 mil dólares que se supone era el botín del soborno, hablaron sobre un eventual encuentro que iban a tener.

El 11 de febrero Riquelme y Riggi volvieron a hablar, lo hicieron sobre la inclusión del hijo del juez en uno de los créditos de viviendas de la UOCRA, aunque luego la operación se comprobó no se efectivizó.

El 26 de enero de ese año hablaron Aráoz de la Madrid y Riquelme, lo hicieron sobre la causa por la venta del hospital Feroviario y recordaron que "el amigo Eduardo sacó algo positivo" para Pedraza.

En esa causa, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, de la cual es integrante Riggi, había declarado la nulidad del procesamiento de Pedraza.

En las últimas semanas, la fiscalía comenzó a tomar varias declaraciones testimoniales de empleados de Casación y el elemento común entre ellos fue la falta de memoria para recordar cosas y el desconocimiento de la relación que Riggi o Mitchell tenía con algunos de los implicados.

Diego Alejandro Amarante quien trabajó en la vocalía de Riggi y hoy es juez en lo penal económico, declaró que sí vio en "aisladas ocasiones" al agente de inteligencia Riquelme en Comodoro Py, y confirmó un vínculo entre éste y el magistrado implicado.

"Ya para el año 2007, Riquelme era conocido no sólo del doctor Riggi, sino también de otros magistrados del tribunal", declaró.

Otros empleados de Casación, como la jefa de despacho de la vocalía de Rigi, Belén Santamarina Roca declaró el 17 de marzo pasado que no conoce a Riquelme y no creía que éste había visitado al juez en Tribunales, a la par de no recordar si atendió algún llamado del agente de inteligencia.

También declaró María Amuchástegui Zarrabeitia, jefa de despacho de la vocalía que ocupaba Mitchell amén de ser la nuera de éste magistrado: "No sé quién es Riquelme".

Ante la pregunta si para la fecha en que tuvieron lugar los hechos Mitchell mantuvo comunicaciones telefónicas con Aráoz de Lamadrid, acotó un simple "no me consta".

Otros empleados declararon y se mantuvieron en la misma línea, nadie sabe nada o no recuerda.